Denuncian al Procurador del Común la discriminación a un alumno con TEA en el colegio de Almázcara (León)
UGAL-UPA y ABA exigen “una rectificación urgente” y el cese de la directora del centro y del coordinador de Servicios de la Dirección General de Desarrollo Rural

Fachada del CIFP Almázcara
El padre de un joven alumno que padece Trastorno de Espectro Autista llevó recientemente ante el Procurador del Común la “discriminación” efectuada por el Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara, en la provincia de León, al considerarle “no apto” en el curso de Incorporación a la Empresa Agraria.
Así lo informaron este martes la alianza Unión de Ganaderos y Agricultores de León-Unión de Pequeños Agricultores (Ugal-UPA) y la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) en un comunicado recogido por la Agencia Ical, en el que recordaron que, el 27 de marzo, ambas organizaciones ya denunciaron públicamente el “grave caso” de que se haya discriminado a un joven alumno que sufre TEA “por el mero hecho de serlo”, ya que “su participación en la parte teórica del curso resultó impecable”.
Además, trasladaron el caso a la Consejería de Agricultura, ante la que denunciaron que la responsabilidad recaía en el Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara, ya que el alumno completó las 15 horas de prácticas que se exigen en la normativa que regula esta formación.
“En esas 15 horas prácticas, el alumno realizó tareas de soldadura superando sus barreras sensoriales, todo ello sin adaptación por parte del centro y con un sobresfuerzo por parte del alumno. También participó en la práctica de manejo de tractor, no llegando a conducirlo por manifestar que sentía miedo, pero permaneciendo en la cabina del vehículo junto a la docente y superando sus bloqueos para realizar la práctica”, aseguraron desde UGAL-UPA y ABA.
Sin embargo, lamentaron que el centro no certificó la realización de las prácticas al alumno alegando "falta de aprovechamiento”, algo que, según ambas organizaciones sospecharon que se base en “su falta de comunicación verbal como consecuencia de su condición de TEA, ya que, “a pesar de haberlo solicitado en su día y a fecha actual, no se ha recibido ningún tipo de informe de dicho centro ni de la Dirección General de Desarrollo Rural que justifique esta decisión”, de forma que el padre del alumno “se ha visto obligado en las últimas horas a pedir amparo al Procurador del Común”.
En el escrito remitido al Procurador del Común se expone que “de manera incomprensible, el centro de Almázcara ha calificado al alumno como ‘No Apto’ por falta de aprovechamiento, siendo el único alumno de todo su grupo de doce personas que no ha superado las prácticas, a pesar de que sus compañeros corroboran que las jornadas transcurrieron con total normalidad, sin incidentes y con la participación del interesado”.
Además, el padre recuerda en el escrito que, “ante la sorpresa por dicha calificación”, la familia contactó telefónicamente con la directora del centro de Almázcara, quien “reconoció la asistencia del alumno”, pero “manifestó textualmente que no está cualificado para ser agricultor profesional ni para acceder a las subvenciones”, mientras que, al ser preguntada por los motivos de su ‘No Apto’, “eran tantos que no sabía ni por dónde empezar”.
También solicita que el Procurador del Común investigue “la arbitrariedad y el trato discriminatorio” en el centro de Almázcara, donde “una decisión subjetiva de la Dirección está vulnerando el derecho al trabajo de una persona con discapacidad”.
Por su parte, ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Agricultura o del centro de Almázcara “que justifique los motivos de la no certificación de las prácticas”, desde UGAL-UPA y el ABA exigieron hoy a la Junta de Castilla y León “una rectificación urgente” por parte del CIFP y el cese inmediato de la directora del centro y del coordinador de Servicios de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, ya que “no se puede permitir que los responsables de formación en una institución pública actúen de forma claramente discriminatoria y atentando al derecho a la igualdad que tienen las personas con TEA”.