Castilla y León inicia acciones legales para que el Gobierno elimine el peaje de la AP-66

La Junta de Castilla y León está dispuesta a acabar con el peaje de la autopista AP-66 entre la provincia leonesa y Asturias. Para ello, el Consejo de Gobierno celebrado este jueves autorizó a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de Cristina Sanchidrián a iniciar las acciones legales para reclamar esta supresión por la vía que resulte preceptiva, incluida la judicial.

Así lo señaló el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y en la que dio traslado del acuerdo del Ejecutivo autonómico mediante el que se autoriza a Movilidad a "ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes contra el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, que modificó las condiciones de la concesión de la autopista León-Campomanes (AP-66").

La Junta de Castilla y León considera que esta modificación introdujo cambios sustanciales en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato, dando lugar, en la práctica, a una nueva concesión sin licitación pública, contraria a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario.

El acuerdo permitirá instar la revisión de oficio del citado Real decreto, como paso previo a la vía judicial, con el objetivo de conseguir la supresión definitiva del peaje, cuya vigencia hasta 2050 supone una barrera para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la Comunidad.

A preguntas de los medios de comunicación, Carriedo también explicó que el haberse decidido ahora a emprender acciones legales contra este peaje viene, en gran medida, por "la posición de la Unión Europea, de los tribunales europeos y el que pudiera ser contrario a derecho la normativa nacional". "Por tanto es por lo que lo presentamos, estamos en plazo y es lo que hemos querido hacer en defensa de los intereses de nuestra comunidad autónoma", argumentó el portavoz del Ejecutivo autonómico.

Por otro lado, Carriedo también señaló al respecto de esta cuestión que la demora a la hora de emprender acciones legales se ha debido a que "en alguna ocasión se ha planteado aquí la oportunidad de ir varias comunidades autónomas de la mano, en este caso las comunidades más afectadas por esta autopista somos el Principado de Asturias y Castilla y León". "Y de forma coherente con el trabajo que está haciendo el Principado de Asturias, actúa también la Junta de Castilla y León en la misma dirección", apostilló.

Lo que no pudo concretar Fernández Carriedo, dado lo reciente del acuerdo de la Junta, fue cuál será el camino a seguir para reclamar la eliminación del peaje de la AP-66. "Lo que procede ahora es identificar cuál es el procedimiento más razonable", avanzó el consejero-portavoz, que sí deslizó que "es posible que primero quepa un requerimiento ante el Gobierno para que modifique esta decisión y en segundo lugar pues un recurso ante el Tribunal Supremo, que es el que corresponde en este ámbito". "Es lo que se ha actuado también por parte del Principado de Asturias y es lo que hacemos desde la comunidad de Castilla y León en coherencia y en colaboración con la actuación realizada desde el propio Principado de Asturias", finalizó.