Críticas sindicales al 'caótico traslado' de presos de Madrid a León para jugar al fútbol
Acaip-UGT habla de “desconcierto e inseguridad jurídica” por la falta de coordinación
Centro Penitenciario de León.
Acaip-UGT ha denunciado este lunes un “evidente descontrol organizativo y un uso cuestionable de recursos públicos” en el desplazamiento de 15 internos procedentes de la prisión de Madrid III (Valdemoro) hasta León para disputar un partido de fútbol.
Según el sindicato, los internos recorrieron más de 750 kilómetros en un solo día en un traslado que implicó la movilización de ocho efectivos de la Guardia Civil encargados de custodiar el autobús durante todo el viaje.
Desde Acaip-UGT explican que, a su llegada, los trabajadores del departamento de ingresos del Centro Penitenciario de León se encontraron con una conducción de internos sobre la que no habían recibido ningún tipo de información previa, una circunstancia que generó “una situación de desconcierto e inseguridad jurídica”, al desconocerse tanto las condiciones del traslado como la situación administrativa de los reclusos, que continuaban perteneciendo formalmente a su centro de origen, informa Ical.
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El sindicato subraya la “indefensión” a la que, a su juicio, se vieron sometidos los empleados penitenciarios, obligados a gestionar una situación no prevista y sin aplicar los protocolos adecuados. Acaip-UGT recuerda que las actividades deportivas forman parte del tratamiento penitenciario y contribuyen a la reinserción social, pero insiste en que su organización debe regirse por criterios de eficacia, eficiencia y, especialmente, seguridad.
En este caso, consideran que dichos principios “no solo se vieron comprometidos, sino claramente vulnerados”, tal y como indica el sindicato en un comunicado.
Aunque no ponen en cuestión la utilidad de los programas deportivos intercentros, desde Acaip-UGT reclaman que este tipo de iniciativas se planifiquen “con mayor rigor, transparencia y responsabilidad” y advierten de la necesidad de optimizar los recursos disponibles y garantizar la seguridad jurídica de todas las actuaciones, para evitar que se repitan episodios como el ocurrido el pasado 20 de abril.