UPL exige impugnar el cierre de Azucarera en La Bañeza por "fraude de ley"

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha solicitado formalmente a la Junta de Castilla y León que impugne tanto el cierre de la fábrica de Azucarera en La Bañeza como el despido colectivo de sus 194 trabajadores, al considerar que ambos procesos podrían haberse llevado a cabo "en fraude de ley", tal y como explica la formación en una nota de prensa remitida a los medios.

Los leonesistas han registrado una batería de preguntas en las Cortes en la que cuestionan la legalidad del procedimiento seguido por la empresa. Según denuncia UPL, Azucarera "incumplió la legislación" al no comunicar con al menos seis meses de antelación el cierre de un centro de trabajo cuando afecta a más de cincuenta empleados, como estipula el Real Decreto 608/2023 que regula los despidos colectivos.

Además del incumplimiento de plazos, el partido señala "irregularidades en la convocatoria y votación de la asamblea de trabajadores" celebrada el pasado 26 de junio. Según exponen, la votación se organizó apenas 12 horas después de anunciarse el preacuerdo que implicaba el cierre de la planta, sin tiempo suficiente para que toda la plantilla pudiera informarse y participar. Solo 75 de los 141 trabajadores acudieron a la asamblea, y 47 votaron a favor del acuerdo, lo que supone apenas un tercio del total. "El 67% de los trabajadores no dio su consentimiento a un preacuerdo que conlleva el cierre de su centro de trabajo", denuncia UPL.

Entre las irregularidades detectadas, destacan también la falta de un censo oficial de votantes y el uso de una caja de cartón opaca y sin precinto como urna, circunstancias que, según UPL, vulneran las garantías básicas del proceso democrático interno. Estas deficiencias, a juicio del partido, "siembran serias dudas sobre la legitimidad del resultado y podrían suponer un fraude de consecuencias muy graves".

La crítica se apoya también en lo estipulado en el artículo 51.6 del Estatuto de los Trabajadores, que habilita a la autoridad laboral —en este caso, la Junta de Castilla y León— para impugnar acuerdos relacionados con despidos colectivos cuando estos se hayan alcanzado mediante fraude, coacción o abuso de derecho. En este sentido, UPL insta al Ejecutivo autonómico a intervenir con urgencia y suspender los efectos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado en Madrid el pasado 3 de julio, que prevé la ejecución de los despidos antes del 31 de agosto.

Por todo ello, desde la formación reclaman a la Junta que actúe con firmeza, ejerciendo su papel como garante de la legalidad y como defensora de los intereses laborales y productivos de la Comunidad.