Una investigación destapó en 2022 que la mina de Cerredo donde murieron los cinco leoneses extraía carbón de manera ilegal

La mina de Cerredo en la que este lunes cinco mineros leoneses perdieron la vida por una explosión de grisú extrajo en 2022 carbón de manera ilegal. Así lo recogía un informe de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, redactado tras otro accidente en la explotación en el que murió un trabajador y otro perdió una pierna, y en el que se reconocían "indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada".

Dicho informe, al que ha tenido acceso La Nueva España, fue elaborado por la dirección general de Energía, Minería y Reactivación con la actual consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, a la cabeza. El documento ponía de manifiesto en 2022 las sospechas del Principado acerca de que los propietarios de la mina, Combustibles Asturiana y Leonesa y cuya explotación reclamaron en 2024 bajo el nombre de otra sociedad del mismo entramado empresarial, estaría protagonizando una actividad ilegal.

Un año después de la redacción de este informe, en diciembre de 2023, Belarmina Díaz se reunió con la empresa titular de la mina, entonces bajo el nombre de Blue Solving; y fue ya en 2024 cuando la Consejería de Transición Ecológica autorizó, según La Nueva España, una supuesta investigación sobre la presencia de grafito de alta calidad en las minas, la cual realizarían las mismas sociedades empresariales investigadas dos años atrás por la supuesta extracción ilegal de carbón.

Blue Solving es una sociedad unipersonal creada con 3.000 euros de capital y cuyo administrador único es Adrián Rodríguez Rodríguez, hijo del empresario minero José Manuel Rodríguez Morán que está pendiente de juicio tras hallarse 400 kilos de cocaína oculta en un cargamento de carbón vegetal de una de las empresas de su entorno. Además, Rodríguez Morán es el nombre que figuraba detrás de Combustibles Asturiana y Leonesa, tal y como publica La Nueva España.

No fue hasta febrero de este mismo año cuando se comunicó el traspaso de la explotación de Combustibles Asturiana y Leonesa a Blue Solving, si bien ambas empresas se pueden relacionar fácilmente a través de sus responsables. La documentación consultada por La Nueva España señala que el mismo facultativo de Combustibles Asturiana y Leonesa registró el traspaso de la titularidad a Blue Solving. Se trata de José Antonio Fernández Casillas, por entonces secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias.

Fue la consejera Díaz la que este martes aseguraba que en septiembre del pasado año la mina en la que se produjo la explosión que acabó con la vida de los cinco mineros leoneses recibió una "inspección rutinaria" cuyo resultado fue que "todo estaba en regla" y que la actividad que allí se llevaba a cabo encajaba con la permitida en las licencias expedidas, las cuales concluyen el 11 de abril.

El accidente que tuvo lugar en 2022 tuvo lugar cuando un camión volquete cargado de carbón se salió de la calzada cuando descendía por una pista interior del complejo minero. En el siniestro perdió la vida R. D. S. R. mientras que su compañero E. R. M. sufrió heridas graves que llevaron a la amputación de su pierna izquierda.

En aquel momento, recoge La Nueva España, el informe de los inspectores mineros reveló que el camión acumulaba 26 fallos con los que no había podido pasar la ITV, irregularidades en el mantenimiento del equipo, carencias en la formación de los trabajadores, entre otras deficiencias. No obstante, lo más llamativo es que en la parte final del documento se indica que "el carbón que transporta el camión accidentado procede de la plaza del sexto piso de la mina de interior, para la que no existe autorización de explotación, encontrándose en proceso de cierre". A la visto de ello, los inspectores instaron a la apertura de un expediente informativo por los "indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada".

"Temerario e imprudente"

Mientras tanto el mismo informe, al que tuvo acceso también La Nueva España, califica de "temerario e imprudente" el argumentario de la empresa para justificar el accidente. Por su parte, la mutua responsable aseguró que este se produjo por "una actitud imprudente y temeraria, innecesaria dentro de su actividad", poniendo "voluntariamente en peligro su vida", por lo que solicitaba no considerar el siniestro accidente laboral. "El juicio de la mutua se emite sin aportación de argumento o prueba alguna", respondía entonces la inspección minera, que decidió "no tenerlo en cuenta".

La empresa titular de la mina de Cerredo contaba con autorización para buscar grafito, pero también tenía permiso para el desmontaje de estructuras en la zona en la que se produjo el accidente. Se da la circunstancia de que este es el mismo permiso que obtuvo la sociedad empresarial en 2022 pero que habría sido utilizado para la extracción ilegal de carbón.

Por otro lado, tanto Blue Solving como Combustibles Asturiana y Leonesa recibieron subvenciones del Instituto de Transición Justa por valor de más de 1,5 millones de euros, de nuevo según La Nueva España, y a quien el Ministerio de Transición Ecológica aclaro que esta entidad "no financia la extracción minera" y que el dinero iba destinado a "recuperar antiguas instalaciones y valorar materiales estratégicos".

Combustibles Asturiana y Leonesa, por su parte, recibió otra ayuda para una planta de briquetas de productos principalmente de origen mineral para uso industrial, primero siderúrgico y más tarde enfocado a otros sectores. "Todos los proyectos mineros deben cumplir la normativa y contar con los permisos preceptivos que otorgan las autoridades competentes, entre las que no se encuentra el propio Ministerio", señalan las fuentes consultadas por La Nueva España.