León debe pagar la reparación de un coche que se soltó de la grúa y chocó de morros contra un bus

Un conductor aparca ocupando el vado de un garaje. La policía llama a la grúa para que se lo lleve. De camino al depósito, el coche se desengancha de la grúa y colisiona de morros contra un autobús urbano provocando importantes daños en chapa y pintura. Sucedió en León en diciembre de 2023. El dueño del turismo reclamó entonces al ayuntamiento de la ciudad una indemnización para cubrir los gastos. El Consistorio (que tardó un año en contestar) rechazó su pretensión al considerar que esa responsabilidad debe asumirla la empresa contratista del servicio de retirada de vehículos. El Consejo Consultivo no lo cree así y en un dictamen recién publicado emplaza por unanimidad al Ayuntamiento de León a abonarle 13.600 euros (10.600 euros por la reparación y otros 3.000 por el vehículo de sustitución que alquiló durante los casi tres meses que estuvo sin coche hasta que el taller se lo entregó reparado el 8 de marzo del año pasado).

El atestado de la Policía Local –que recoge los testimonios de propio reclamante, el conductor de la grúa y del autobús– constata que el siniestro «pudo producirse como consecuencia de una mala ejecución de las labores de enganche y posterior remolcaje del operario» del camión portavehículos.

El Ayuntamiento, sin embargo, rechazó su responsabilidad en su propuesta de resolución, trámite previo antes de trasladar el caso al Consejo Consultivo. En su dictamen, el órgano con sede en Zamora acaba de desmontar los argumentos esgrimidos por el consistorio leonés para intentar zafarse de la responsabilidad reclamada.

Por un lado, situó la responsabilidad en el propio reclamante por estacionar incorrectamente, pero el dictamen del órgano consultivo lo rechaza al considerar que «esa circunstancia no justifica los daños irrogados al vehículo al ser remolcado por la grúa, sino que dará lugar a la correspondiente sanción».

Tampoco respalda al Ayuntamiento en su intento de trasladar a la empresa de las grúas esa responsabilidad ante el reclamante, al recordar que «debe ser la Administración quien deba responder ante el perjudicado, sin perjuicio de la posibilidad de que aquella pueda repetir frente al contratista encargado de prestar el servicio». Además de su propia doctrina, la de los tribunales señala que «ante una reclamación de responsabilidad patrimonial, la Administración sólo puede pronunciarse sobre si esta es o no responsable de los daños y en consecuencia, si existe deber o no de indemnizar, estándole vetada la posibilidad de pronunciarse sobre si el contratista es responsable con el fin de eximirse de responsabilidad, todo ello sin perjuicio de la acción de repetición que le corresponda a la Administración frente al adjudicatario».

En consecuencia, el Consultivo cree que procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial y emplaza al Ayuntamiento a satisfacer la indemnización reclamada. Por un lado, los más de 10.600 euros que figuran en la factura por la reparación (cuya prueba el Ayuntamiento no discute). Por otro, los 3.000 euros que pagó por alquilar un coche de sustitución, que el reclamante justifica por la necesidad de desplazarse desde el municipio donde reside a la ciudad de León para cuidar a un familiar durante un ingreso hospitalario.

En este punto el Consultivo recuerda que un vehículo de sustitución «puede ser un daño emergente indemnizable, en la medida en que consta efectivamente realizado y claramente conectado con el evento lesivo». El Consejo considera que el mero hecho de tener un vehículo ya implica la necesidad de desplazamiento, pero considera procedente que el reclamante justifique esa necesidad entre diciembre y marzo (que puede responder a motivos laborales, personales o de ocio).

Consultado por este periódico, el Ayuntamiento de León no ha respondido si, en su resolución definitiva del expediente, finalmente acepta o corrige la cuantía dictaminada por el Consejo Consultivo.