Ofensiva andaluza para ‘arrebatar’ a León el Centro de Ciberseguridad

Andalucía está echando el resto para llevarse a Málaga el futuro Centro Nacional de Ciberseguridad. En las últimas semanas ha lanzado una ofensiva desde distintas instituciones y estamentos que, de momento, contrasta con una defensa más tibia desde Castilla y León para reclamar al Gobierno central la elección de León para esa futura autoridad llamada a dirigir, coordinar y gestionar la ciberseguridad del país.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga (ambos gobernados por el PP) han tomado la iniciativa para defender la idoneidad de la capital malagueña con un buen cargamento de argumentos (recopilados en un informe de la Agencia Digital de Andalucía). Y el grupo popular del parlamento andaluz ha salido también a reclamar al Gobierno central la asignación de la ciudad andaluza como sede del futuro Centro Nacional de Ciberseguridad. De hecho, el secretario general del PP de Málaga y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona, ya ha anunciado que su formación llevará a la cámara andaluza una iniciativa para que Málaga sea sede del Centro nacional de Ciberseguridad y ha animado a todos los grupos políticos a «manifestarse a favor para que el Gobierno de España se decante por la capital malagueña».

Entretanto, el Ayuntamiento de León (en manos del socialista José Antonio Diez) aprobó hace unos días por unanimidad una moción que llegó promovida desde la UPL para alojar ese centro en esta ciudad. El acuerdo argumenta que «parece razonable que, estando ubicado en León el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) se apueste por instalar también aquí el Centro Nacional de Ciberseguridad de España, pues es más que evidente que las sinergias que podrían establecerse entre ambos centros crearían un gran 'hub' de la ciberseguridad».

El acalde leonés, José Antonio Diez, en su apoyo a esta reivindicación, ha instado incluso a que se promueva una Proposición No de Ley para que las Cortes autonómicas trasladen también ese respaldo a la ciudad leonesa, informó Diario de León. Está por ver si recoge ese guante la nueva dirección del socialismo en Castilla y León, liderado ahora por el soriano Carlos Martínez, a quien el regidor leonés ya ha dirigido algunos de sus versos sueltos.

Desde el Ejecutivo autonómico, mientras, la voz de mayor rango que se ha pronunciado sobre el asunto es la del consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino. 

Aseguró la semana pasada que León tiene «bastantes argumentos» para acoger el Centro Nacional de Ciberseguridad, al precisar que en la capital ya existe el Incibe y cuenta con experiencia, capacitación y personal cualificado, además de un nombre y un prestigio. El consejero subrayó que «el deseo de la Junta es que ese centro que creará el Gobierno de España esté ubicado en León, sin desmerecer otras candidaturas», informa Ical.

A preguntas de este periódico, la Consejería de Movilidad explicó ayer que la Junta también está elaborando un informe «para arropar» y «poner en valor» la candidatura de León. Entre sus argumentos, que, además del Incibe, ya aloja el Centro de Supercomputación de la Fundación Scayle, impulsado por la administración autonómica, y un polo tecnológico de empresas tecnológicas. Fuentes de ese departamento aseguran que ese informe ya se venía pergeñando la semana pasada pero desconocen cuándo podrá estar terminado. Tampoco precisan de qué modo canalizará la Junta su defensa de la candidatura leonesa, si llegará en forma de acuerdo al Consejo de Gobierno o cristalizará en otra fórmula de apoyo institucional.

La creación del futuro Centro Nacional de Ciberseguridad dimana del anteproyecto de León de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, aprobado el pasado mes de enero por el Consejo de Ministros y que se tramita por la vía urgente para trasponer la directiva europea 2022/2555, conocida como NIS-2, que debería estar incorporada al derecho interno español desde octubre.

La norma nacional llegará para su debate parlamentario tras la aprobación del texto definitivo por parte del Ejecutivo central. Cuando entre en vigor la ley, el Gobierno dispondrá de un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley para aprobar el Real decreto que determine el rango, carácter y estructura administrativa del Centro Nacional de Ciberseguridad, que estará adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Las razones de Málaga

La Junta andaluza reclama el futuro centro para Málaga, ciudad conocida como una pequeña Silicon Valley al sur de la Península. La candidatura para la capital de la Costa del Sol fue anunciada tras una reunión celebrada el 25 de febrero. En la foto de ese día posan el alcalde malagueño Paco de la Torre y el consejero de la Presidencia andaluza, Antonio Sanz Cabello, además de un viejo conocido de esta tierra, el político vallisoletano Tomás Burgos, actual Viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

El Consejo de Gobierno de San Telmo acordó la semana pasada reivindicar al Gobierno de España ese futuro Centro Nacional de Ciberseguridad. Sostiene su petición en una larga lista de argumentos recopilados en un informe de la Agencia Digital de Andalucía sobre la idoneidad de la ciudad. Arguye así que «Málaga se ha consolidado como una ubicación estratégica para empresas y entidades públicas y privadas relacionadas con la tecnología y la ciberseguridad gracias a que cuenta con importantes nodos tecnológicos, así como una excelente red de comunicaciones aérea, terrestre y marítima». «Este ecosistema cuenta con la Universidad de Málaga, la primera de España en crear un Grado Universitario oficial en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial y que el próximo año hará lo propio con un Máster Oficial Dual en Ciberseguridad, y con el Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga Tech Park, en cuyos 2.000 metros cuadrados se ubican 687 empresas de 21 nacionalidades distintas, entre ellas 150 startups que muestran el dinamismo del sector», informó el Gobierno andaluz en una nota.

De igual modo, la Junta que preside Juan Manuel Moreno Bonilla «ha desarrollado iniciativas como la creación del Clúster de Ciberseguridad de Andalucía, en el que participan más de 50 entidades públicas y privadas, o la organización del Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, una referencia obligada del sector que reunió a más de 2.500 asistentes en su última edición.