La importancia de la prevención de incendios

La Unión General de Trabajadores en Castilla y León (UGTCyL) sitúa la reforestación y la protección de los bosques como una política pública estructural ligada a empleo estable, planificación y servicios públicos en el medio rural, y advierte de que «la prevención no puede ser estacional» porque «el monte no entiende de calendarios administrativos». Es por eso que en el marco de una acción financiada por la Junta de Castilla y León para el impulso a la bioeconomía forestal señala que activar el operativo solo unos meses deja «miles de hectáreas» sin personal ni mantenimiento hasta que las olas de calor llegan con «combustible acumulado», «cortafuegos abandonados» y «pueblos solos», a la vez que reclama un operativo permanente «profesional y con condiciones laborales dignas» porque «el fuego no espera a que se publique una convocatoria ni a que se renueven contratos temporales».

Ese enfoque enlaza con las declaraciones del secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez, que califica la gestión autonómica reciente de «nefasta, absolutamente nefasta», subrayando que «en el tema de los incendios se ha actuado mucho poniendo parches, no una planificación compacta y general; ahí vienen todos los problemas». Para corregirlo, reclama primero «planificación» y, en lo operativo, «una jerarquía, que se sepa quién manda, quién coordina, quién decide»; a su juicio «no puede haber 20 puestos de mando, no puede haber 20 opiniones», y hace falta «una gran formación y continuidad» porque «los incendios están cambiando continuamente y no ha habido formación».

UGT enmarca además lo ocurrido en un desequilibrio territorial: «El oeste que se quema y el este que resiste», diferencia que no atribuye a la suerte sino al «modelo de gestión forestal, presencia institucional y, sobre todo, empleo y cuidado del territorio». En el oeste, explica el sindicato, el abandono vació pueblos y montes, se cerraron caminos, se dejó de aprovechar el pasto y la limpieza cayó a mínimos; en el este (Soria, Burgos o parte de Segovia) la gestión es «constante, planificada y con participación local», se limpia el monte todo el año, se aprovecha la madera y se sostiene empleo estable, lo que mantiene «una cultura de aprovechamiento que actúa como cortafuegos natural»; por eso «allí donde el monte tiene valor económico y social, el fuego tiene menos oportunidades» y la inversión debe priorizar «personas, territorio y planificación».

Pérez vincula de forma explícita el riesgo creciente con décadas de despoblación y con cambios físicos en los pueblos: desde la «pequeña revolución industrial» a finales del XIX y el gran éxodo de los años 50 y 60, hoy «en la mayoría de los pueblos vive gente mayor y no todo el año»; alrededor del casco urbano «siempre había una porción de eras, tierra sin labrar» que «también sirve como cortafuego», pero «en esas eras se han hecho casas» y «los incendios están llegando a los pueblos» porque la mancha urbana «ya linda con el campo». A ello suma que «la política de la Junta… nunca ha tenido una política clara, muchas veces se han tomado decisiones unilaterales» y sin comprensión social.

Otro de los factores que, según el dirigente sindical, debilitó la protección fue la externalización de trabajos forestales a compañías que «iban a lo más barato», contratando personal de fuera «que no fijaba población», temporeros que «se quedaban tres meses y se volvían a sus lugares de origen»; «esto nunca ha fijado población» y «el poco trabajo no se le daba a la gente de los pueblos», por lo que «no podemos hablar de que haya habido una política, esto se les ha ido de las manos». Aun reconociendo que tras grandes incendios «quisieron poner un parche», UGT defendió «cambiar la parte privada» y firmar convenios para corregir ese modelo, porque «si quieres fijar población, tienes que hacer unos puestos de trabajo que repercutan en los pueblos».

Desde la óptica sindical, reforestar y proteger los bosques exige también un cambio profundo en el dispositivo humano. Pérez pide «ampliar el dispositivo» porque «hay muy poca gente trabajando» tanto en extinción como en prevención, formación continua y actualización de marcos como el «decreto de guardias» (en vigor «desde hace más de 20 años»), además de reconocer la categoría profesional de colectivos como los agentes medioambientales. El control del presupuesto no puede quedarse en el anuncio: «A veces hay que fijarse en lo que se presupuesta y en lo que se ejecuta. ¿De qué vale que presupuesten 40 o 50 millones y luego se ejecuten 10?»

A la vez, UGT y su responsable de Servicios Públicos subrayan que la seguridad y salud del personal no es negociable. «Cada vez hay más pruebas irrefutables» de que el humo y la ceniza contienen partículas «muchas cancerígenas», por lo que «los trabajadores tienen que tener un EPI adecuado» para evitar que «dentro de diez años tengan problemas médicos por no haber tenido sus EPIs». Pérez denuncia prácticas como mandar a los trabajadores «llevar sus EPIs a casa a lavar», mezclando ropa potencialmente contaminada con la de uso diario, algo que «no se puede hacer».

El secretario general de Servicios Públicos liga estas demandas a un marco de gobernanza que huya de la improvisación: «La Junta lo quiere hacer todo en 15 días, hacer un decreto y con eso ya vale», pero «no es cuestión de decir voy a invertir» si luego no se sabe «lo que se va a ejecutar»; por eso insiste en «ejecutar más y presupuestar menos» y en abandonar soluciones de corto plazo a favor de planificación a largo recorrido.

A este diagnóstico se suma la experiencia de los operativos: «Había desde bomberos profesionales hasta gente que acababa de salir del paro y no había visto una manguera en su vida», lo que refuerza la reivindicación de «formación y continuidad»; UGT recuerda que, tras desastres previos, mejora parte de las condiciones pero no en la medida necesaria, y que la organización seguirá denunciando excesos de jornada y déficits de medios porque «una persona no rinde lo mismo después de trabajar 16 horas que después de trabajar 20».

En el plano político, UGT sostiene que «ha fallado la política», que los incendios de 2025 son «resultado de años de recortes, de desmantelamiento del medio rural y de políticas que solo reaccionan cuando el fuego está en los titulares», por lo que «no se trata solo de apagar incendios, sino de reconstruir un modelo territorial» que fije población, genere empleo forestal estable y valore los montes como «bien común, no como carga presupuestaria». La herramienta para ello es el «diálogo social», probado en empleo, industria o formación, y que debe vertebrar también la política forestal sustituyendo decretos unilaterales y recortes por «participación, consenso y compromiso estable».

Ese cambio, según UGT, se concreta en una «estrategia forestal unificada» que conecte gestión del territorio, refuerzo de servicios públicos y participación directa del medio rural; y en aprovechar de forma sostenible madera, biomasa, ganadería extensiva o turismo rural como pilares de una economía verde bajo planificación pública y compartida, porque «no se trata de explotar el bosque, sino de cuidarlo trabajando en él». El sindicato resume la reconstrucción tras los incendios en tres pilares: «Empleo público y estable en prevención, gestión y extinción forestal; planificación territorial participada e inversión estructural y sostenida en servicios públicos rurales y medios técnicos». Castilla y León «no puede resignarse a que cada verano sea una amenaza» y necesita «voluntad política y diálogo real».

​Entrevista ÓSCAR LOBO Secretario general de UGTCYL 
«ES IMPRESCINDIBLE ABORDAR UN CAMBIO EN LA PREVENCIÓN»

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo fija un diagnóstico contundente sobre la gestión de los incendios en la Comunidad: denuncia «graves deficiencias estructurales» y la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta en el marco del Diálogo Social para garantizar un dispositivo de prevención y extinción con cobertura anual.

En su propuesta, reclama un «cambio profundo» del modelo, una estructura 100% pública, permanente y bien dimensionada, profesionalizada y con condiciones laborales dignas, capaz de responder a los incendios de «última generación». Pide además que la Administración autonómica asuma su responsabilidad para adaptar estructuras y recursos, que garantice la eficacia operativa, la equidad territorial y la sostenibilidad ambiental, y que planifique políticas integrales de largo alcance.

El mapa que traza es también territorial: el oeste —León, Zamora, Salamanca y Ávila— concentra la mayoría de los grandes incendios de la última década por la despoblación, la falta de servicios públicos, las malas comunicaciones y el abandono industrial, mientras que modelos de gestión mancomunada como los de Soria y Burgos muestran vías de integración entre paisaje, servicios y crecimiento. Su horizonte: combinar desarrollo económico, bienestar social y protección ambiental con una planificación estratégica a futuro.

Pregunta.- Este verano ha sido especialmente duro. ¿Qué ha puesto de manifiesto en materia de prevención y extinción?

Respuesta.- Hemos sido testigos de las graves deficiencias estructurales que afectan a la gestión de los incendios forestales en Castilla y León, así como a la protección del medio ambiente y a los derechos laborales del operativo antiincendios.

Pregunta.- UGT habla de compromisos incumplidos en el Diálogo Social. ¿Qué ocurrió con ese acuerdo?

Respuesta.- Los compromisos adquiridos por la Junta de Castilla y León, en el marco del Diálogo Social, no se han materializado de forma efectiva en cuanto a la existencia de un dispositivo de prevención y extinción con cobertura anual. Lo que debía ser una política pública sostenida y técnicamente planificada ha sido sustituida por una serie de medidas estacionales y soluciones fragmentadas, modelos que no responden a la realidad territorial de la comunidad ni, por supuesto, a la magnitud de la emergencia climática.

Pregunta.- Usted pide un cambio de calado. ¿Por qué considera que es urgente?

Respuesta.- Es absolutamente imprescindible abordar un cambio profundo en el modelo de prevención y extinción de incendios forestales, porque no se puede actuar en el contexto climático, demográfico y tecnológico actual con unos esquemas diseñados para el siglo XX.

Pregunta.- ¿Qué papel debe asumir la administración autonómica?

Respuesta.- La administración autonómica debe asumir su responsabilidad para adaptar estructuras, recursos humanos y capacidades a un modelo con el que se garantice la eficacia operativa, equidad territorial y sostenibilidad ambiental. El objetivo final es un modelo que resulte beneficioso para el interés general.

Pregunta.- ¿Cuál es el modelo de operativo forestal que propone UGT?

Respuesta.- No entendemos que haya empresas privadas que obtengan beneficios económicos con la prevención y extinción de incendios, incidimos en la necesidad de un cambio estructural que contemple un operativo forestal 100% público, permanente y bien dimensionado en todo el territorio, profesionalizado, con unas condiciones laborales dignas y adaptado a los incendios de última generación que año tras año van devastando nuestra comunidad.

Pregunta.- Habla de equidad territorial. ¿Dónde coloca el foco?

Respuesta.- Las provincias del oeste de Castilla y León, León, Zamora, Salamanca y Ávila, históricamente afectadas por la despoblación y el abandono institucional, son las que concentran la mayoría de los grandes incendios registrados en la última década.

Pregunta.- ¿Qué factores explican esa mayor incidencia de grandes incendios en el oeste autonómico?

Respuesta.- La falta de servicios públicos, las malas comunicaciones y el abandono de industrias históricas en estas zonas han favorecido el abandono del medio rural, y de la actividad agraria y ganadera, provocando una falta de atención preventiva en los montes y alrededores de los núcleos de población y, en definitiva, la expansión de los incendios.

Pregunta.- ¿Cómo revertir ese desequilibrio territorial?

Respuesta.- Esta realidad puede cambiarse a través de una gestión mancomunada, como ocurre en las provincias de Soria y Burgos, con paisajes socialmente integrados con unos equipamientos y servicios públicos que permiten su crecimiento sin interferir en el medio.

Pregunta.- UGT también vincula la política forestal con el futuro del medio rural. ¿En qué términos?

Respuesta.- Con la revitalización del medio rural se estaría apostando por una industria forestal muy potente como medio de desarrollo económico para la comunidad y generadora de empleo.

Pregunta.- ¿Qué hoja de ruta reclama a la Junta de Castilla y León?

Respuesta.- Es fundamental que la Junta de Castilla y León realice una planificación estratégica a futuro, con políticas integrales, coordinadas y sostenibles que combinen desarrollo económico, bienestar social y protección ambiental, que tengan en cuenta la diversidad territorial de la comunidad.

Pregunta.- Para cerrar, ¿cuál es la idea que quiere subrayar?

Respuesta.- Eficacia operativa, equidad territorial y sostenibilidad ambiental como ejes de un dispositivo beneficioso para el interés general, construido desde lo público, con cobertura anual y profesionales con condiciones dignas para enfrentar los incendios de última generación.