El profesor burgalés que analiza las desigualdades en las sociedades urbanísticas locales

500 sociedades urbanísticas locales en los últimos 40 años. Esa es la cifra de organismos que ha analizado José Manuel Cantera Cuartango en su libro 'Régimen jurídico de la contratación de las sociedades públicas urbanísticas locales: De su pasada y vigente regulación a su deseable ordenación en beneficio de la sociedad. Una propuesta constructiva'. 

La publicación muestra un análisis del régimen jurídico de contratación pública de las sociedades urbanísticas locales con un triple planteamiento: el origen y desarrollo hasta el presente de estos organismos desde la perspectiva de la legislación contractual y urbanística tanto estatal como autonómica, una serie de gráficos con datos empíricos que muestran la elusión de los procedimientos de contratación pública mediante las sociedades públicas urbanísticas locales, y, finalmente, la evidente diferencia de régimen jurídico que existe entre los contratos de estos organismos y los contratos de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales.

"El libro es una evolución de mi tesis doctoral -La consciente voluntad del legislador estatal y autonómico de eludir la aplicación de los procedimientos de contratación pública en las actuaciones de las sociedades urbanísticas locales- a la que, al cabo de un año y medio de defenderla, elaboré y mejoré", señala Cantera Cuartango en una conversación con este periódico. El profesor, que es ayudante de doctor en la Universidad de Burgos, defendió la tesis en julio de 2021 y publicó esta extensión de su trabajo en el año 2023. 

"Es una publicación mejorada tanto formalmente como materialmente y el tema principal es el estudio del régimen jurídico de contratación administrativa de las sociedades urbanísticas locales, es decir, cuáles son los procedimientos que se utilizan para contratar obras, servicios, suministros, concesiones de obras y concesiones de servicio en las sociedades urbanísticas locales", comenta el autor.

"De la misma manera que en las administraciones públicas se utiliza la ley de contratos del sector público, las sociedades urbanísticas locales estudian cuál es el impacto de esta ley en estos organismos". Y es que según refiere el burgalés y refleja en su publicación, esta ley de contratos "no trata igual o no establece los mismos procedimientos para las administraciones públicas territoriales que para las sociedades públicas vinculadas a esas administraciones", añade. "Lo que yo hago en el libro es poner de manifiesto que en el ámbito de las sociedades urbanísticas locales hay una diferencia en algunos tipos contractuales, hay una diferencia de procedimiento entre lo que utiliza un ayuntamiento y entre lo que utiliza una de estas sociedades. Y las diferencias son sustanciales, es decir, que los procedimientos que utilizan las sociedades urbanísticas locales son mucho más flexibles, mucho menos rigurosos y, por lo tanto, hay un mayor margen de arbitrariedad, por lo que la posible existencia de irregularidades bajo supuestos de corrupción es mayor que en los procedimientos que se utilizan en los ayuntamientos". 

En el estudio, José Manuel se remonta a las sociedades urbanísticas locales que surgieron en 1940-1945. En el mismo estudia, desde el punto de vista histórico, cómo ha evolucionado el tratamiento de los procedimientos de contratación de las sociedades en general y de aquellas que son urbanísticas en particular a lo largo de los últimos 30 años. Lo que el autor ha deducido es que "los parlamentos estatales y autonómicos de los últimos 80 años han utilizado o han disminuido los procedimientos de contratación de las sociedades urbanísticas para no aplicar el mismo procedimiento que sí lo haría un ministerio, una consejería o un ayuntamiento".

Cantera Cuartango demuestra tanto teórica como empíricamente como algunas empresas públicas buscaban eludir los procedimientos administrativos de contratación a través de las citadas sociedades. "He cruzado la legislación estatal en materia de urbanismo, la legislación autonómica en materia de urbanismo y la legislación estatal en materia de contratación", afirma.

Para el burgalés, la principal conclusión del estudio es que no hay uniformidad de tratamiento en la aplicación de las sociedades urbanísticas locales con los procedimientos de contratación de las administraciones territoriales. "Dependiendo de qué se trate la entidad, el contrato o la cuantía del mismo, se aplican procedimientos distintos con requisitos de solvencia o de experiencia distintos, con criterios o procedimientos de adjudicación distintos... O bien, no distintos, pero sí menos rígidos o inflexibles como los procedimientos de contratación que se producen en el seno de los ayuntamientos, diputaciones provinciales o a la administración de las comunidades autónomas".

A decir del autor, las sociedades pueden tener su razón de ser, pero debe aplicarse el mismo tratamiento que las administraciones públicas de las que dependen. "Que el hecho de ser una sociedad urbanística local no sirva para aplicar diferentes procedimientos. ¿Por qué, para la adjudicación de un contrato de obra, una de estas sociedades va a tener un procedimiento distinto que un procedimiento de contratación que saque el mismo ayuntamiento, con el mismo objeto y por el mismo importe? Es que no tiene sentido", señala Cantera Cuartango. "Muchas veces las administraciones locales utilizan las sociedades para huir del procedimiento de contratación", concluye.