Las residencias rurales podrán contratar a personal sin título si no hay demandantes de empleo
La medida permite que el personal pueda mantenerse hasta que reúna las condiciones establecidas o existan trabajadores que dispongan de esos títulos
Una persona mayor en una imagen de archivo
Los centros residenciales y de día situados en municipios de hasta 20.000 habitantes podrán contratar a partir del próximo año a personal sin la cualificación profesional exigida por la ley de 2024, siempre que las oficinas de empleo acrediten que no existen demandantes con ese perfil. Estos trabajadores podrán mantener su puesto hasta que obtengan la acreditación exigida por la normativa o haya candidatos disponibles que cuenten con dicha titulación.
La medida se recoge en una de las enmiendas parciales registradas por PP y Vox al proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompaña a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027. Ambos grupos, que suman mayoría absoluta en las Cortes para sacarla adelante, modifican así un artículo de la norma autonómica en vigor desde mayo de 2024, a la que tildan de «precipitada».
Según justifican los socios de gobierno, recogido por Ical, los centros tienen serias dificultades para cubrir puestos de atención directa, un problema generalizado en toda España que resulta especialmente grave en Castilla y León por su dispersión geográfica y demográfica. En su argumentación, invocan «razones graves de interés público» ante la urgencia de facilitar la contratación en el medio rural y se amparan en el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que ya prevé un régimen especial para zonas rurales e insulares.
Flexibilidad en los ratios
Por otra parte, PP y Vox aprovechan la ley de acompañamiento para modificar el artículo 34 de la ley de residencias con el fin de flexibilizar el cálculo de las ratios mínimas de personal en centros públicos y privados. El objetivo es permitir un futuro desarrollo reglamentario —que deberá aprobarse en el plazo de un año— más ajustado a la realidad de cada centro.
De este modo, las ratios podrán fijarse de manera global (diferenciando entre personal técnico y de atención directa) o por profesiones concretas, teniendo en cuenta el número de usuarios, las dimensiones de las instalaciones y los servicios prestados. Aunque la ley de Medidas entrará en vigor el 1 de enero de 2027, la aplicación de estas nuevas ratios quedará supeditada a la aprobación de dicho reglamento.
Finalmente, otra de las enmiendas afecta a la nueva línea de ayudas —dotada con diez millones de euros— para sustituir bañeras por platos de ducha o instalar sistemas domóticos en viviendas de personas mayores. El texto propone que estas subvenciones se concedan por orden de entrada, a medida que los solicitantes completen su expediente.