UGT exige un plan integral antiincendios a largo plazo y denuncia una carencia de 2.000 efectivos en Castilla y León

La Federación de Servicios Públicos (SP) de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León exigió este viernes a la Junta "menos publicidad" y "más actividad" con la elaboración de un plan integral antiincendios a largo plazo. A juicio del sindicato, el operativo tiene una carencia de 2.000 efectivos, tal y como queda demostrado, señalan, cada campaña en que la Junta reclama al Estado esa cifra de militares de la UME para ayudar a apagar los fuegos de la Comunidad.

El secretario autonómico de UGT SP, Tomás Pérez, aseguró que el operativo de prevención y extinción de incendios forestales no ha mejorado "nada" en los últimos diez años ni se cuenta con el personal de bomberos forestales que prometió el presidente Alfonso Fernández Mañueco, lo que se traduce que todas las campañas se hace un llamamiento al Gobierno de España para contar con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. "Si Castilla y León tuviera una UME propia no tendría que pedírsela al Estado. La Junta debe gastarse el dinero en contratar a más personal y formar a los bomberos", aseveró.

Con motivo de una rueda de prensa para analizar la campaña antiincendios de 2026 en Castilla y León, UGT cargó contra la "magnífica" campaña de publicidad de la Junta, tal y como quedó demostrado a su juicio el día anterior durante la comparecencia en las Cortes de la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027. El líder sindical denunció que "presupuestar es lo más fácil del mundo y ejecutar, lo más difícil". Puso el ejemplo del anuncio de la inversión de 30 millones de euros para el servicios de 30 helicópteros de descarga de agua y transporte de cuadrillas o los dos millones para la formación de nuevos efectivos y al perfeccionamiento continuo, a través del Centro para la Defensa contra el Fuego, ubicado en León.

En cuanto a los medios materiales, Pérez apuntó que las máquinas "sin trabajadores no apagan los fuegos o sin personal formado". De cara a la formación, lo tomó con "cautela" por que existe personal de la Junta, Tragsa y empresas privadas por que, hasta ahora, los contratados, al inicio de la campaña, reciben un curso de 14 horas, y apostó por que sea continua y permanente, informa Ical.

Por su parte, el secretario del sector autonómico de UGT SP CyL, Carlos Arenas, lamentó que, un año más, la Comunidad cierre la campaña con el incendio de Burgohondo (Ávila), que arrasó más de 40.000 hectáreas. También, calificó de insuficiente la plantilla de 4.000 efectivos del operativo antiincendios, pese a que la Junta habla de 5.000, que consideró que es una cifra "teórica". De ellos, 2.000 son personal público, dependiente de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, de los más de 800 son agentes medioambientales. Además, hay unos 1.100 contratados por la empresa pública estatal Tragas y otros tantos están subcontratados.

"Las carencias en el operativo son las mismas que en 2023, 2024 y 2025. La situación no ha mejorado, pese a las palmaditas en el hombro de la Junta", dijo Arenas.

Carlos Arenas lamentó que la Consejería anuncia muchas inversiones para el operativo pero es un dinero que "suelta a las empresas privadas" pero no para mejorar un servicio público. También criticó que Somacyl haya entrado en el servicio de la prevención y extinción de incendios. "Es una empresa pública de la Junta sin control, que está en materia de vivienda, suelo industrial, biomasa, redes de calor y minas. Y, desde 2027, también en incendios", precisó. Algo que contrasta con la postura de UGT para que el servicio sea público, permanente y profesionalizado

En el mismo sentido, se pronunció el responsable federal de Bomberos Forestales UGT, Javier García, quien dejó claro que la extinción de incendios forestales no es un "negocio" sino un servicio público que queda en evidencia cada campaña, por que Castilla y León acumula el mayor número de hectáreas calcinada. Algo que justificó por el abandono rural y la falta de inversión que se repite en el tiempo. "Tenemos un gobierno cortoplacistas que diseña un modelo a cuatro años vista pero la lacra de los incendios ha venido para quedarse, por el cambio climático", sentenció. Además, pidió que las leyes existentes se apliquen como la que obliga, desde 2013, a que los municipios y urbanizaciones "más sensibles" ante el fuego cuenten con planes de autoprotección para realizar anillos perimetrales, identificar vías de escape, zonas seguras y puntos hidrantes. También, la ley básica que reconoce la categoría profesional de bombero forestal y la segunda actividad, que no se aplica en Castilla y León. "Queda mucho por mejorar", añadió.

La secretaria federal de administración autonómica y local UGT, Victoria Corbacho, subrayó que Castilla y León "no puede seguir pagando con cenizas la falta de prevención", después de acumular dos campañas como el peor territorio del país y con más 200.000 hectáreas quemadas del patrimonio natural y masa forestal.