Castilla y León prevé 250 millones para fomentar la contratación, la formación y la inserción laboral

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio destinará cerca de 250 millones a fomentar la contratación, la formación y la inserción laboral el próximo año en Castilla y León. Durante su comparecencia en las Cortes para presentar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, el titular de la cartera, Juan Carlos Suárez-Quiñones, expuso que el empleo es la "mejor herramienta de integración social, autonomía personal y progreso económico" y constituye una de las grandes prioridades de la acción de gobierno.

Con este objetivo, el Servicio Público de Empleo (Ecyl) contará con 279,3 millones de euros, de los que más de 225 se destinarán a políticas activas de empleo, incluidos casi 21 millones para la modernización, innovación y mejora de sus infraestructuras, para ofrecer un servicio "más ágil, cercano y adaptado a las necesidades de trabajadores y empresas", es decir, "más de cuatro de cada cinco euros se destinan a políticas activas de empleo", informa Ical.

Suárez-Quiñones recalcó el "esfuerzo presupuestario", que concretó en cuatro grandes ámbitos de actuación, "orientados a mejorar la calidad del empleo, ampliar las oportunidades laborales y responder a las necesidades del tejido productivo". Así, se destinarán 11,35 millones a incentivar la contratación indefinida, "favoreciendo la estabilidad laboral, la inclusión de las personas desempleadas y la competitividad de nuestras empresas", explicó el consejero, quien añadió, también, que se impulsa el empleo local, con 52,1 millones, una partida que "reconoce el papel de los ayuntamientos y las entidades locales como agentes esenciales para generar oportunidades y mantener la actividad económica en todo el territorio", pero que supone también una inversión que "vincula empleo, municipalismo y cohesión territorial".

Igualmente, sostuvo Suárez-Quiñones, esta partida al mundo local "pone especial atención al medio rural" y a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, como son los jóvenes, mayores de 45 años, desempleados de larga duración, mujeres del medio rural y personas desempleadas de los municipios mineros.

Esta idea, dijo, se concreta en diferentes programas, adaptados a las necesidades de los municipios y de los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. Entre ellos, destacó especialmente el Plan Integrado de Empleo Local (PLANIEL), con 29 millones, al que se suman 7,16 para ELEX, destinado a la contratación de personas con discapacidad, y seis millones más para JOVEL, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, para favorecer el empleo juvenil.

Además, el consejero aseveró que se reforzarán las actuaciones dirigidas a territorios con necesidades específicas, con cuatro millones para los municipios mineros (MINEL), medio millón para los de especial atención agraria (PEA) y 5,16 para MONTEL, que combina la creación de empleo con la prevención de incendios. Otros cuatro millones son para el programa PRORGAN, para mejorar las oportunidades de empleo de las personas con mayores dificultades de inserción laboral.

Formación

El consejero situó la formación como una de las "grandes prioridades" de la política de empleo de la Junta, con una inversión de casi 116 millones. "No basta con formar talento, tenemos que ofrecerle oportunidades para desarrollar aquí su futuro. Y ese es precisamente el objetivo de nuestra política de formación para el empleo: que la cualificación se traduzca en experiencia, la experiencia en empleo y el talento en crecimiento económico y oportunidades para Castilla y León", apuntó Suárez-Quiñones.

Para ello, anunció el refuerzo de dos grandes líneas de actuación. Por un lado, con una dotación de 68,87 millones, para impulsar la formación y recualificación profesional, "mejorando las oportunidades de acceso al empleo y facilitando la adaptación de los trabajadores a las nuevas necesidades del mercado laboral". De esta cantidad, la mayor parte se dirige a la formación de personas desempleadas, con 41 millones.

Y por otro lado, con 56,5 millones para impulsar la formación dual y reforzar la conexión entre formación y empleo y "facilitar que las empresas encuentren los profesionales cualificados que necesitan". Esta inversión se concreta en dos grandes actuaciones que refuerzan la conexión entre formación y empleo: 38,4 millones para los programas mixtos de formación y empleo; y 18 para "estrechar" la colaboración entre el sistema formativo y las empresas, impulsando una formación práctica, adaptada a las necesidades reales del tejido productivo y orientada a facilitar la incorporación de profesionales cualificados.

Modernización del Ecyl

Sobre el presupuesto del Ecyl, dijo, se consolidará "su papel como eje central de las políticas activas de empleo y de coordinación con las entidades públicas y privadas que trabajan en este ámbito". Con este propósito, en 2027 se destinan cerca de 21 millones a su modernización, innovación y mejora de las infraestructuras, con el objetivo de ofrecer un servicio más ágil, cercano y adaptado a las necesidades de trabajadores y empresas.

Entre las principales actuaciones destacan 4,6 millones para modernización, dos millones para mejoras y 750.000 euros para innovación. Además de inversiones destinadas a la renovación y adecuación de oficinas de empleo, con actuaciones en La Serna, Astorga y Cistierna, en la provincia de León.

Kit de autónomos

También desveló este martes Suárez-Quiñones que su departamento movilizará 42,23 millones para el kit de autónomos, que contemplará ayudas directas de 300 euros y medidas para garantizar su continuidad. De esta partida, 35,9 millones corresponden a la Dirección General de Economía Social y Autónomos (que en global contará con 89 millones) y 6,33 millones, al Ecyl.

"Nos disponemos a fomentar el emprendimiento, la continuidad de los negocios y la actividad de las entidades de economía social", dijo Suárez-Quiñones, quien resaltó, por ejemplo, 30 millones de euros para el Bono Autónomos, con ayudas directas de 300 euros por beneficiario, con la que se prevé llegar a más de 100.000 trabajadores autónomos, "contribuyendo a aliviar los costes derivados de su actividad"; 1,67 millones para el programa Consolidacyl, destinado a apoyar el pago de cuotas de la Seguridad Social; 3,05 millones para Relevacyl, dirigido al relevo generacional de negocios, y que duplica la ayuda mínima al relevo, de 10.000 a 20.000 euros, que puede alcanzar los 30.000 cuando se trate de mujeres o de actividades en el medio rural).

También citó 1,18 millones para el Bono Recupera-T, destinado a contribuir al pago de las cuotas durante situaciones de incapacidad temporal. La dotación para impulsar el autoempleo se canalizará a través del Ecyl, según explicó durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, y que recogió Ical.

En economía social, se destinan cerca de 45 millones de euros a actuaciones relacionadas con el empleo inclusivo, las cooperativas, las sociedades laborales y la promoción de este modelo empresarial. De esa cantidad, dijo, 38,39 millones se dedicarán a favorecer el empleo de las personas con discapacidad a través de los centros especiales de empleo. La partida incluye 34,08 millones para financiar costes salariales y 4,31 millones para unidades de apoyo a la actividad profesional e inversiones en estos centros.

Otros 3,25 millones se dedicarán a la inserción laboral de personas con mayores dificultades de acceso al empleo, mediante ayudas a empresas de inserción y medidas para favorecer la incorporación de personas con discapacidad al mercado ordinario de trabajo. El presupuesto reserva, asimismo, 2,42 millones para cooperativas y sociedades laborales, y 850.000 euros para actividades de promoción, difusión y colaboración vinculadas a la economía social.

Relaciones laborales y prevención de riesgos

La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales contará con 32,52 millones de euros en 2027, destinados a las relaciones laborales, la negociación colectiva, la prevención de riesgos y la seguridad y salud en el trabajo. En el ámbito de las relaciones laborales se consignan 8,31 millones. Dentro de esta partida, dos millones se destinarán a ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y a empresas que necesiten apoyo para mantener el empleo ante situaciones extraordinarias.

Suárez-Quiñones señaló que el presupuesto incluye 3,96 millones para la participación institucional y 900.000 euros para la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), que desarrolla funciones de conciliación, mediación y arbitraje. También se contemplan 1,44 millones para actuaciones relacionadas con la negociación colectiva, la formación de los trabajadores y las actividades sociolaborales. Y precisó que se mantiene el compromiso con el Diálogo Social, como instrumento de "participación, entendimiento y colaboración" entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Castilla y León, con una partida de 3,96 millones para garantizar su participación institucional.

A la prevención de riesgos laborales se destinan 13,5 millones de euros. De esta cantidad, 12,1 millones se dirigirán a ayudas para inversiones empresariales relacionadas con la adquisición y renovación de equipos, la mejora de instalaciones y las condiciones de seguridad y salud laboral.

Entre las actuaciones previstas se incluyen tres millones de euros para la retirada de cubiertas con amianto y 880.000 euros para iniciativas de bienestar laboral, como la implantación de espacios cardioprotegidos, servicios de fisioterapia y psicología del trabajo y programas de actividad física.

Además, se asignan 1,4 millones de euros a actuaciones de formación, sensibilización, estudios y divulgación en el marco del VII Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León 2025-2028.

Polígonos empresariales

Y aunque la competencia de Somacyl corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Energía, el consejero explicó que a través de esta empresa pública y de Icecyl, se contemplan 100 millones de euros para el desarrollo y acondicionamiento de polígonos empresariales y suelo industrial, una inversión destinada "a facilitar la llegada de nuevas empresas y la ampliación de las existentes".

"Porque disponer de suelo industrial adecuado, bien equipado y preparado para acoger actividad productiva es una condición fundamental para atraer inversiones, impulsar nuevos proyectos empresariales y generar oportunidades de empleo en todo el territorio", reiteró Suárez-Quiñones.

Modernización y dinamización de la actividad comercial

El consejero indicó que la Dirección General de Comercio y Consumo contará con 20,83 millones de euros para actuaciones de modernización de establecimientos, dinamización comercial, apoyo al comercio rural, promoción de la artesanía y protección de los consumidores.

El presupuesto incluye dos millones de euros para la modernización y digitalización del pequeño comercio, destinados a la reforma y el equipamiento de establecimientos y a la incorporación de nuevas tecnologías.

Para la dinamización comercial en colaboración con las entidades locales se consignan 4,12 millones. Esta partida incluye 1,9 millones para iniciativas de estímulo del consumo local y mejora de la imagen comercial, 900.000 euros para ferias y 1,3 millones para los mercados municipales de abastos, con actuaciones de remodelación y mejora de sus instalaciones y gestión.

El comercio rural contará con 1,2 millones de euros para ayudas destinadas al mantenimiento de establecimientos, la realización de reformas, la apertura de nuevos negocios y otras fórmulas de abastecimiento. A esta medida se suma la Red de Agentes de Comercio Interior, financiada con 450.000 euros a través del ECYL, para prestar asesoramiento técnico al comercio rural.

También se contemplan 1,2 millones de euros para la colaboración con las organizaciones representativas del sector, incluida la promoción comercial, la Red de Oficinas Técnicas de Comercio y acciones formativas para empresarios y trabajadores.

La artesanía, el textil y la moda dispondrán de más de 1,63 millones de euros para modernizar talleres, apoyar la participación en ferias y financiar actuaciones de formación y promoción. Se incluye, asimismo, una aportación de 200.000 euros a la Fundación Centro Nacional del Vidrio, en Segovia.

En materia de consumo, el presupuesto recoge 320.000 euros para actuaciones de información, formación y apoyo a las organizaciones de consumidores, además de las labores de inspección y vigilancia de mercado, atención al consumidor y funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León.

El consejero comentó también el refuerzo del servicio de atención integral de consumo, que ya ha superado las 2.400 consultas resueltas en lo que va de año. Y continuará con el apoyo a la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León como instrumento gratuito de resolución extrajudicial de conflictos. Hasta el 15 de octubre se habían recibido 2.003 solicitudes de arbitraje, de las que 1.755 fueron admitidas a trámite y 603 resueltas, mediante 438 laudos y 165 acuerdos conciliatorios. A ello se suma la gestión de más de 8.000 expedientes anuales de reclamaciones de consumo.

Primera matrícula universitaria

Suárez-Quiñones anunció una inversión de 12,6 millones de euros para la primera matrícula universitaria de los estudiantes empadronados en la Comunidad el próximo ejercicio, según el compromiso acordado por la Junta con los estudiantes, así como el apoyo para los nuevos grados, con casi 23 millones de euros.

Destacó el "refuerzo del papel" de las universidades. De hecho, trasladó la apuesta con la conexión entre la universidad y empresa y la transferencia del conocimiento, con 52,8 millones. Cifras que representan, dijo, "una apuesta decidida" por el crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento del sistema universitario y el apoyo a quienes, "con su trabajo, su iniciativa y su esfuerzo, contribuyen cada día al desarrollo y al progreso de nuestra Comunidad".

Suárez-Quiñones destacó que el presupuesto en su área supera los 1.044 millones de euros, un 8,65% respecto al anterior (2024), y se articula en torno a tres grandes prioridades: el fortalecimiento del sistema universitario, el impulso de las políticas de empleo y el apoyo al tejido productivo.

Sobre el primero de ello, dijo, se destinan 583,6 millones a universidades e investigación, con un incremento del 15,4%, de los que 510 son para transferencias corrientes, para la financiación ordinaria de las universidades, y 70,6 a transferencias de capital, que permitirá impulsar las inversiones y mejorar las infraestructuras y equipamientos universitarios.

Entre las medidas más relevantes se encuentra el pago de la primera matrícula, que “representa un importante avance en el apoyo a los jóvenes y sus familias y en la igualdad de oportunidades para acceder a la universidad”, tal y como explicó el consejero, quien consideró que esta medida da continuidad a una política sostenida de reducción de los precios públicos universitarios que, desde el curso 2017-2018, "ha permitido disminuir más de un 39% las matrículas de grado, más de un 50 las de másteres habilitantes y un 36,9% las de másteres no habilitantes, a lo que se añade la reducción del coste de las pruebas de acceso a la universidad".

Suárez-Quiñones también recordó la política de becas universitarias, que cuenta con 6,5 millones en el presupuesto y que, mediante la ampliación de sus modalidades y cuantías, ha permitido llegar a cerca de 8.000 beneficiarios.

Además, explicó que en el curso 2026-2027 se han implantado cuatro nuevos grados estratégicos: Medicina en Burgos y León, Veterinaria en Salamanca y Farmacia en Valladolid. Suárez-Quiñones apuntó, según recogió Ical, que para hacer efectiva esta ampliación de la oferta académica el presupuesto de 2027 contempla una dotación específica de 1,9 millones.

El consejero puso el foco también en las infraestructuras universitarias necesarias para garantizar la calidad de las nuevas titulaciones, cuestión para la que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un Plan Extraordinario de Nuevas Inversiones Universitarias 2026-2031, dotado con 125 millones, que constituye uno de los compromisos recogidos en el acuerdo de gobierno y que cuenta con una asignación de 21 millones en estas cuentas: 3,3 millones para las universidades de León y Burgos y 7,2 para las de Salamanca, destinados a sus tres campus; y Valladolid, que cuenta con cuatro campus. Las cuantías serán similares hasta 2031, conforme al pacto firmado con los rectores.

Investigación

En cuanto a la dotación de investigadores en el sistema universitario, Suárez-Quiñones anotó que desde 2019, las convocatorias de la Junta han permitido la contratación de más de 2.000 investigadores en la Comunidad, "consolidando una política de apoyo al talento científico que reforzamos en el presupuesto de 2027".

En concreto, anunció cuatro millones a la contratación de personal técnico y casi siete millones a investigadores predoctorales, además de continuar apoyando la incorporación de personal postdoctoral y de investigadores distinguidos.

Este compromiso, prosiguió el consejero, "se refuerza" con una inversión de más de 16,5 millones en programas específicos de atracción, incorporación y consolidación del talento.

Conexión universidad-empresa

Suárez-Quiñones puso el foco también, durante su comparecencia, en el "compromiso" con la conexión de la universidad y empresa y transferencia del conocimiento, con inversiones globales de 52,8 millones. Así, el presupuesto destina más de 9,1 millones a reforzar la conexión entre universidad y empresa, impulsar la transferencia de conocimiento y su conversión en innovación y poner la investigación al servicio de nuestro tejido productivo, favoreciendo la creación de empleo cualificado y nuevas oportunidades de desarrollo en Castilla y León.

De esta inversión, 2,5 millones se destinan al Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, que tiene un recorrido 2024-2027 con 10 millones de euros en total; con un millar de planes de negocio, 463 empresas y 500 patentes.

También mencionó que se dedicarán 563.000 euros a cátedras universitarias y proyectos de colaboración, entre ellos las de Lenguas Autóctonas (Lleunés), ULETECH (Campus Ponferrada) y Francisco de Vitoria (USAL), así como Casa Ciencia del CSIC (USAL), el Centro de Investigación del Cáncer y la Fundación ProRAE (español). Además, se incorporan 135.000 euros para impulsar la transferencia social y la innovación y 150.000 para promover nuevas iniciativas de formación adaptadas a las necesidades empresariales, incluidas las titulaciones duales y los doctorados industriales.

“Queremos que nuestras universidades se conviertan en auténticos aliados tecnológicos de las empresas, especialmente de las pymes y micropymes, facilitándoles el acceso al conocimiento, la investigación y los recursos de I+D+i”, resaltó el consejero, quien señaló que con este objetivo “se refuerzan instrumentos” como el Portal de la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León, soporte de BUCLE (sistema pionero para las bibliotecas de las cuatro universidades públicas) e INFRARED, con dotaciones de 970.000 y 150.000 euros, a las que se añaden cinco millones para equipamiento científico compartido.

Oposición

Por su parte, el Grupo Socialista afeó al consejero que los presupuestos generales de la Comunidad para su departamento "lastrarán" la economía de Castilla y León en 2027, por el "escaso esfuerzo" de un área que "debería ser tractora". Así lo expuso el portavoz de la formación, Iván Zazo, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, durante la presentación de las cuentas de esta Consejería que, incidió, se han incrementado en algo más de un ocho por ciento, "cinco puntos menos que la media global". Le respondieron la procuradora del PP María José Álvarez Casáis y el de Vox, Javier Martínez, quienes ensalzaron las cuentas frente a la "asfixia" del Gobierno central.

Precisamente, Zazo apuntó que este departamento "paga la falta de ambición" de los presupuestos y recordó que este hecho ocurre, al contrario de la opinión de los dos partidos que sujetan el Ejecutivo autonómico, cuando "el Gobierno central transfiere más fondos que nunca y lejos de verse aprovechado, es tirado por la borda con una mala planificación y con una política fiscal absolutamente kamikaze".

También anotó que la Consejería "ha sufrido recortes en políticas activas de empleo, con un 15% menos para política ocupacional y un cuatro para el fomento del empleo", una evolución que criticó Zazo, quien consideró que las becas para estudiantes "se salvan gracias a la gratuidad de la primera matrícula universitaria que", explicó, "fue una idea del PSOE".

Igualmente, lamentó la falta de reconocimiento "explícito" las organizaciones sindicales y empresariales, que está "reconocido en el Estatuto", por lo que entendió que las relaciones laborales "encaran una fase que va a ser muy complicada", al contrario de la opinión de VOX, que precisamente preguntó al consejero cómo se reducirán las subvenciones a los agentes sociales. "Si a un autónomo se le exige justificar hasta su último euro, a estas organizaciones también. Vigilaremos que se cumpla este anuncio" comentó Javier Martínez.

Para concluir su intervención, el portavoz socialista criticó el "discurso triunfalista sobre los autónomos" y condicionó la situación actual en el medio rural "a que PP y Vox no igualan los 150 millones que ha puesto el Gobierno". "Si el Gobierno de Mañueco hiciese un esfuerzo tan notable como lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, mejor nos iría a los ciudadanos de esta Comunidad. Porque por mucho que se critique, ha transferido más dinero que nunca. Pero el dinero parece que se evapora y que no llega para frenar la sangría demográfica juvenil, el abandono del campo o para solucionar los problemas de nuestra industria. Por eso creemos que se va a lastrar la economía de nuestra Comunidad con estos presupuestos", trasladó, para recordar que desde el año 2019 hay más de mil millones de euros en inversión directa que "están sin ejecutar". De ellos, solo en 2025 la cifra ascendió a 226 millones. "Nos preocupamos, y mucho, de quién está gestionando el futuro de los castellanos y de los leoneses y el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. No sabemos muy bien qué está haciendo la Junta con esos fondos adicionales que recibe, pero desde luego, gestionarlos bien, entendemos que no", concluyó.

“Cero euros” para Soria

Por parte del Grupo Mixto intervino Ángel Ceña, de Soria Ya, quien puso el foco en las inversiones de la Consejería en su provincia: "Cero euros, esa es la inversión del capítulo seis, territorializado, para Soria, con cuatro competencias superimportantes. Estamos cansados de oír promesas. Hace falta compromiso y voluntad política, y en estos presupuestos no los hay para Soria".

Ceña aludió a las "inversiones de la esperanza": "Ya veremos si llegan o no", dijo, para apuntar que "no es lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho". Entre ellas, echó en falta inversiones "prometidas años y años", como un centro público de FP en Soria, que "es la única que no lo tiene", y que el Gobierno autonómico lo anunció por primera vez en 2021. "Lo llevan perfilando cinco años. Y en estos presupuestos, los he mirado por todos lados, ni en el Ecyl ni en Somacyl, que es el primo de Zumosol de la Junta, aparecen. Tardan más en ponerlo en marcha que un alumno en estudiar un grado", reprochó, según recoge Ical.

También se detuvo en la ausencia de nuevas titulaciones en el Campus Duques de Soria, de la Universidad de Valladolid (UVa), sin "perspectivas de tener un nuevo grado a medio o largo plazo". "Volvemos a quedarnos fuera", espetó Ceña, quien también le recordó a Suárez-Quiñones la "promesa" de un pabellón desde 2024 para el grado de Actividad Física y del Deporte, "el más demandado en Soria", y "no hay ni un euro proyectado para 2027". "El balance es muy negativo, con inversiones que no aparecen y presupuestos que, tras anunciarse, normalmente no se ejecutan", resumió.

Presupuesto "estable" frente a la "asfixia"

Por su parte, los procuradores de PP y VOX ensalzaron las cuentas, en muchos casos, tal y como recordó el procurador de la formación verde Javier Martínez, derivadas del pacto de Gobierno entre ambas. Así, destacó el apoyo a los autónomos, la industria y el empleo, así como la ayuda a universitarios. "No vale con anunciar estas medidas, sino que se deben tramitar a tiempo, porque un autónomo tiene facturas cada mes y no puede esperar", sostuvo.

También celebró las ayudas al pequeño comercio rural para que "no cierren una tienda que puede ser la única"; y las políticas de atracción de inversiones y suelo industrial preparado. Al respecto, urgió la reducción burocrática, porque "una empresa que quiere ampliar instalaciones no puede quedarse meses esperando o poner en riesgo miles de empleo".

Por último, confió en que "estudiar no suponga una carga económica inasumible" en Castilla y León, motivo por el que subrayó la ayuda a la primera matrícula de universitarios, pero advirtió a Suárez-Quiñones que "debe conseguir que estos alumnos tengan una salida laboral en Castilla y León". Para concluir, y a pesar de que el consejero no lo comentó en su primera intervención, Martínez señaló que todas las ayudas y subvenciones anunciadas, en base al acuerdo de Gobierno, contarán con la prioridad nacional para beneficiar primero a los empadronados.

En la misma línea se posicionó la portavoz ‘popular’, María José Álvarez Casáis, quien ensalzó unas cuentas que “aportan estabilidad, rigor, bajando impuestos y poniendo el foco en el territorio”, frente a la "asfixia fiscal, inestabilidad y acoso constante de Sánchez".

"Castilla y León demuestra que hay otra forma de gobernar. Frente al castigo a los trabajadores por cuenta propia, la Junta dispone de la mayor cifra de la historia para este área. Son cuentas no de mero trámite, sino plenamente inversoras", asintió. Igualmente, celebró el apoyo "histórico a los autónomos, frente a subida de cuotas de Sánchez".