La «ruina» del campo de Castilla y León se hace oír con una tractorada en precampaña en Madrid

Ahora que los partidos tienen la maquinaria de promesas bien engrasada, el sector primario busca hacerse oír. No es que haya permanecido en silencio hasta ahora (acumulan cuatro movilizaciones este año) pero la coyuntura electoral abre una ventana para arañar compromisos. Ahora que los clamores sociales multiplican su presencia en el espacio público para exigir vivienda digna, sanidad o condiciones del profesorado, el campo eleva su tono con una gran tractorada en Madrid el próximo 28 de octubre.

Convocada de forma conjunta por Asaja, Coag y Unión de Uniones a través de la UCCL en la Comunidad, sólo faltará la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) tras la decisión de su ejecutiva nacional de desvincularse de la convocatoria. Al menos formalmente, porque la ejecutiva regional acordó esta semana dar libertad a las organizaciones provinciales para que se sumen o no de forma individual.

En todo caso, las columnas de tractores entrarán en la capital hasta converger en la Puerta de Alcalá, para dirigirse después hacia la sede del Ministerio de Agricultura. Con una pancarta común que servirá de paraguas a la reivindicación de Castilla y León, el sector marchará bajo los lemas ‘Dar de comer tiene que dar para vivir’ y ‘Por un campo con futuro: ¡soluciones ya!’.

La movilización busca visibilizar la asfixia económica que atraviesa el sector primario por la drástica caída de márgenes que amenaza la viabilidad del campo. «Es una manifestación del sector agrícola porque se arruina trabajando debido a los costes de producción», resumió Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, al cuantificar en más de 300 millones de euros las pérdidas acumuladas solo en esta Comunidad.

El sector llama a participar también «a la sociedad» porque la quiebra de rentabilidad de las explotaciones pone en jaque «el propio modelo de alimentación de los consumidores europeos». «Hemos prohibido la entrada de carne brasileña porque está contaminada con estradiol, una hormona que lleva aquí 25 años prohibida porque es cancerígena. Esto es lo que nos espera si no hacemos nada para salvar al sector primario: se va a reducir la producción, aumentará irresponsablemente la dependencia de productos de fuera y vamos a bajar la calidad de los alimentos», expuso Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la UCCL.

Lorenzo Rivera, de COAG, enfatizó la idoneidad política del momento: «El campo no quiere solo promesas electoralistas en los programas; exigimos compromisos firmes con plazos y resultados de cualquier partido que aspire a formar Gobierno». Rivera contrapuso los «parches» ofrecidos al sector primario con las abultadas partidas que en el pasado se han destinado a reconversiones como las de la minería (casi 30.000 millones de euros) o la siderurgia (12.000 millones).

González Palacín, de la UCCL, recordó que la coyuntura electoral no paraliza al Ejecutivo, que mantiene capacidad plena para aprobar decretos ley y paquetes presupuestarios de rescate. También instó a las fuerzas de la oposición a definirse: «Es un buen momento para que los partidos de la oposición digan a los electores qué van a hacer con la agricultura si llegan a gobernar».

Ante la inminente campaña de siembra de cereal, las organizaciones agrarias dibujan un panorama crítico. La campaña será, anticipan, «la más cara de la historia del sector». Con el precio de los fertilizantes alcanzando cotizaciones de entre 600 y 740 euros la tonelada y el gasóleo agrícola situado entre 1,60 y 1,70 euros por litro, el coste medio de sembrar una sola hectárea de secano se dispara a entre 900 y 1.000 euros. Frente a un encarecimiento de los insumos superior al 60%, la cotización del cereal apenas se ha elevado un 10% en cuatro años, vendiéndose en torno a los 220 euros la tonelada, una cifra equivalente a las tarifas de hace cuatro décadas. Esa brecha obligaría a obtener rendimientos de al menos 4.500 kilogramos por hectárea solo para «empatar», un rendimiento que resulta inalcanzable de media en esta región. Con este panorama, el sector vaticina un desplome histórico en la superficie sembrada en Castilla y León, que podría pasar de 1,55 millones de hectáreas del año pasado a no alcanzar siquiera el millón de hectáreas este año.

Los convocantes recalcan que la manifestación es, de momento, el «colofón» de un calendario de movilizaciones que no se detendrá mientras no se adopten decisiones estructurales.

El incremento irresponsable de las importaciones procedentes de terceros países que no aplican los estrictos controles ni la normativa social y ambiental de la Unión Europea ya está derivando en serias alertas de salud pública. Ante esta brecha sanitaria y de mercado, las OPAs reclaman la aplicación rigurosa de cláusulas de salvaguardia en frontera, controles de certificación en origen y el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, forzando a la industria a dar prioridad a las producciones comunitarias y garantizando contratos que cubran los costes reales de producción bajo sanción de regularización obligatoria.

Los líderes agrarios criticaron con dureza la falta de implicación de la Administración autonómica. Dujo recriminó a la Junta de Castilla y León que no haya dispuesto de un solo euro de fondos propios directos para amortiguar la crisis del cereal, a diferencia de los 160 millones de euros movilizados por el Gobierno central.

Tildaron de «insignificante y ridícula» la propuesta abordada en la Conferencia Sectorial de Agricultura para repartir unos 50 millones de euros procedentes de la reserva de crisis de la UE (de los que a Castilla y León le corresponderían unos 10,9 millones), al considerar que se trata de fondos redistribuidos que no solucionan el problema de fondo.