La tasa de pobreza sube en Castilla y León y se sitúa por primera vez por encima de la media del país

La tasa de pobreza sube 1,3 puntos en Castilla y León hasta el 19,8%, lo que se traduce en unas 475.000 personas expuestas, 32.000 más que el año anterior. En este indicador la cifra supera por primera vez la media estatal (19,5%). Por otro lado, la pobreza severa alcanza el 9,8%, es decir, 1,4 puntos más, frente al 8,0% de la media de España. Son algunas de las principales conclusiones del XVI informe El estado de la pobreza en Castilla y León, elaborado por EAPN España con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2025.

Si al riesgo de pobreza se le suma el de la exclusión social, Castilla y León suma una décima respecto al año pasado y alcanza el 24,1%, lo que quiere decir que casi una de cada cuatro personas está en peligro de padecerlos. Es la denominada 'tasa Arope' (por sus siglas en inglés At Risk of Poverty and/or Exclusion, es decir, 'en riesgo de pobreza y/o exclusión social'). Este indicador, creado por la Unión Europea para medir de forma integral la pobreza y la exclusión social en un territorio, arroja que en Castilla y León unas 578.000 personas están expuestas, 

Se trata de una realidad, la de la pobreza, «que no debería existir en un sistema como el nuestro», explicó en la mañana de este jueves, durante la presentación del informe, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero. Una realidad que «habla de un fracaso del Estado», que «aumenta en las crisis, pero no desaparece con el desarrollo» y que hay que atajar «con una estrategia clara, concreta, diseñada por los poderes públicos a través del diálogo social». Y es que «en un Estado social y democrático de derecho, cuando crece la pobreza disminuye su legitimación», añadió.  

Pese a que casi una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza y exclusión social, la tasa Arope se sitúa en Castilla y León 1,6 puntos por debajo de la media estatal, que alcanza el 25,7%. Sin embargo, registra la séptima tasa más alta entre las comunidades autónomas.

Con una cifra del 24,1%, la Comunidad se aleja del escenario registrado en las autonomías del sur y sureste del país. Andalucía encabeza la tabla con la tasa más elevada, al alcanzar un 34,7%, seguida muy de cerca por Castilla-La Mancha con un 34% y la Región de Murcia con un 32,5%. En esa misma franja superior se sitúan Canarias (31,2%), la Comunidad Valenciana (30,7%) y Extremadura (30,4%), todas ellas superando holgadamente la barrera del 30%.

A pesar de situarse en la mitad más favorable de la tabla y por debajo de la media global, Castilla y León aún no alcanza los mejores registros del conjunto de España. Comunidades como La Rioja (22,8%), Asturias (22,4%), Galicia (22,1%) y Catalunya (21,3%) muestran índices más reducidos dentro de su entorno. La diferencia se amplía al comparar sus cifras con el bloque con mejores indicadores, formado por la Comunidad de Madrid (19,4%), Cantabria (19,2%), Aragón (19,1%), la Comunidad Foral de Navarra (16,5%), Illes Balears (15,2%) y Euskadi, que presenta el nivel de riesgo más bajo con un 14,7%.

El presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León (EAPN CyL), Óscar Castro, advirtió contra la «complacencia» por estar por debajo de la media estatal en algunos indicadores: «No podemos conformarnos con estar mejor que otros territorios cuando cientos de miles de personas siguen encontrando dificultades para acceder a unas condiciones de vida dignas», afirmó. «El objetivo no puede ser simplemente gestionar la pobreza. Nuestro objetivo debe ser reducirla y avanzar hacia su erradicación».

Y es que pese a que el índice Arope de Castilla y León casi se mantiene respecto al año anterior, con solo una décima más, sus tres componentes empeoran, con esa tasa de pobreza que sube 1,3 puntos, hasta el 19,8% y esas 475.000 personas afectadas, 32.000 más que el año anterior (para 2025 el umbral de pobreza en Castilla y León se ha establecido en unos ingresos inferiores a 12.112€ al año). El indicador, que, como se ha dicho, supera la media estatal (19,5%), empeora los datos, a los que se une la pobreza severa del 9,8%, es decir, 1,4 puntos más, frente al 8,0% de la media de España.

La carencia material y social severa afecta al 6,7 % de la población de Castilla y León, unas 161.000 personas. Es casi el doble que en 2015 (3,7%). La baja intensidad de empleo en el hogar crece 2,5 puntos, hasta el 9,5 %, la sexta más alta entre las comunidades.

El informe señala además una mejora muy limitada del poder adquisitivo. Descontada la inflación, la renta media por persona apenas ha crecido 815 euros desde 2008. Castilla y León es la tercera comunidad más desigual según el indicador S80/S20 (que calcula la relación proporcional entre los ingresos que recibe el 20% de la población con la renta más alta y los que recibe el 20% de la población con la renta más baja).

Para empeorar los datos, según analizaron durante la exposición del informe en coordinador de la red, Jonathan Sánchez Fernández y la técnica de incidencia, Cristina Sánchez Benito, la infancia sigue siendo el grupo más castigado. El 30,9% de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión, y el 19,7 % vive en pobreza severa, el doble que la media. El riesgo también es mayor entre las personas con discapacidad (33,8%), en las zonas rurales (26,6%) y entre las mujeres (24,7%). Entre las personas en desempleo llega al 57,4%.

La vivienda, factor de empobrecimiento

El informe pone sobre el tapete un asunto de tanta actualidad como la vivienda: el 53,3% de quienes viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión en Castilla y León, y el 48,7% en pobreza. Además, el 7,6 % de la población destina más del 40% de su renta a la vivienda, porcentaje que sube al 32,7% entre las personas en pobreza. El 8,8% ha sufrido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, y el 11,2% no puede mantener su casa a una temperatura adecuada en invierno.

En este marco, el presidente de EAPN CyL puso de manifiesto la importancia de los instrumentos de protección social, aunque «no llegan a todos», advirtió. Así, «sin transferencias públicas, la tasa de pobreza en Castilla y León sería del 45,6%, en lugar del 19,8%», explicó. Las pensiones de jubilación y supervivencia evitan la pobreza al 20,4% de la población, y el resto de las prestaciones, al 5,4%.

Aunque Castilla y León, explica el informe, invierte el 64,6% de su presupuesto en políticas sociales, por encima del 59,5 % del conjunto de las comunidades, las prestaciones de garantía de renta llegan al 6,0% de la población, frente al 7,6% estatal. «En cambio, el alcance de las prestaciones de ayuda a la vivienda en superior en Castilla y León al de la media, pues en Castilla y León llega al 4,5% frente al 2,8% de la media nacional», concluye.

Castro incidió sobre este problema: «Estamos hablando de personas que, en muchos casos, trabajan, tienen ingresos y, sin embargo, encuentran enormes dificultades para hacer frente al coste de una vivienda. La vivienda debe dejar de ser un factor que genera pobreza y convertirse en una herramienta para combatirla», manifestó.

A la vista de los datos del informe, el presidente de EAPN CyL defendió el papel de las políticas públicas: «Las políticas sociales deben entenderse no únicamente como un gasto, sino como una inversión imprescindible para construir una sociedad más justa, cohesionada y con mayores oportunidades», proclamó, para reivindicar después del diálogo con las administraciones, con resultados medibles. «La cooperación entre lo público y el Tercer Sector es fundamental para construir respuestas más eficaces frente a la pobreza y la exclusión social», señaló. «Una sociedad que reduce la pobreza no solo es una sociedad más justa, sino también una sociedad más fuerte y cohesionada».

Ocho propuestas para la inclusión social

Tras la presentación del informe, EAPN CyL trasladó al auditorio, en la sede del CES, ocho propuestas «basadas en la experiencia» de sus entidades miembro, con el objetivo de fortalecer la inclusión social:

La Junta recibe con «preocupación» los datos sobre pobreza

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, poco después de la presentación del informe, que los datos conocidos sobre las personas en riesgo de pobreza, unas 475.000 en Castilla y León, suponen un motivo de “preocupación”, pero destacó que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, presentado este martes, hace un «énfasis especial» en todo lo que tiene que ver con aspectos de carácter social.

Carriedo enmarcó las conclusiones del XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León, en el contexto actual en el que reseño «muchas» familias y personas tienen «dificultades» para llegar a fin de mes o para acceder a una vivienda y los productos básicos por la pérdida de poder adquisitivo.

El consejero portavoz reiteró, en declaraciones que recogió Ical, el «compromiso» de la Junta para abordar la «nueva realidad», y evitó hacer «valoraciones políticas» que pudieran tener influencia en la posición de los ciudadanos, ante la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, pero aseguró que «siempre» están «abiertos a mejorar» sus políticas, entre ellas, las ayudas al alquiler ya que el pacto de gobierno de PP y Vox contempla el principio de prioridad nacional y el arraigo a la Comunidad.