La prioridad nacional se mantendrá en Castilla y León, pese a que la UE la ve ilegal, y se empezará a aplicar en las ayudas de 2027

La "prioridad nacional", el criterio impulsado por VOX para la concesión de ayudas y subvenciones, no tiene una partida específica en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 pero sí se aplicará en las convocatorias que se publiquen a lo largo del próximo ejercicio. Así lo explicó el líder del partido de Abascal en Castilla y León, vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregularización, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en la presentación del proyecto de cuentas junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

A preguntas de los periodistas, Pollán quiso dejar claro que si bien no existe una partida presupuestaria para esa "prioridad nacional", este criterio sí se tendrá en cuenta en próximas convocatorias de ayudas o subvenciones. Según el vicepresidente, esta cuestión no figura en las cuentas "porque no tiene que estar" pero sí se contemplará cuando se movilicen las partidas previstas. 

A este mismo respecto, fue Mañueco el que confirmó que el requisito de 10 años de residencia en Castilla y León para poder comprar una vivienda protegida se mantendrá, a pesar de la reciente respuesta del comisario de Asuntos de Interior y Migración de la Unión Europea, el miembro del Partido Popular Europeo Magnus Brunner, quien expuso en una respuesta parlamentaria que según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE "los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años" que se establece en la directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.

Dicha jurisprudencia, por tanto, podría entrar en conflicto con el requisito de diez años que establece el pacto de gobierno de PP y VOX, toda vez que el propio Brunner consideró en este contexto que los mismos diez años, incluidos en la ley de medidas fiscales impulsada en la Comunidad Valenciana por los mismos socios de gobierno, podría ser ilegal.