La Fiscalía alerta de que la mitad de los incendios en Castilla y León son provocados

Cerca de 161.000 hectáreas ardieron el pasado ejercicio en Castilla y León. Una cifra a todas luces preocupante que prácticamente duplica la superficie arrasada por el fuego en 2022 y que el fiscal superior de la Comunidad, Santiago Mena, no quiso pasar ayer por alto durante la apertura del Año Judicial en Burgos. Entre otras cosas, porque los 1.192 incendios registrados a lo largo de 2025 conllevaron un incremento interanual del 41%.

Lo grave del asunto es que el 47% de los siniestros forestales fueron intencionados. No en vano, la mano del hombre también se sitúa detrás de aquellos fuegos que se propagaron por negligencias (12,92%) o de manera accidental (19,71%). Tan solo un 12%, según consta en la última memoria del Ministerio Fiscal, se debió a causas naturales.

Aunque 849 incendios se consideraron como conatos al afectar a menos de una hectárea, la superficie forestal calcinada superó de lejos las 147.000 hectáreas. «Debemos hacer una reflexión general. La sociedad actual debe aprender a convivir con el fuego», subrayó Mena haciendo hincapié, mal que pese, en una serie de circunstancias sobrevenidas que afectan de lleno al medio rural de Castilla y León como el «envejecimiento de la población», el «abandono del campo» o el «cambio drástico de las condiciones meteorológicas» por mucho que siga habiendo «grupos de personas que niegan la existencia del cambio climático».

Existe un problema añadido, a juicio de la Fiscalía, por el «deficiente cuidado de los bosques» y la «merma de la ganadería extensiva». Se trata, en definitiva, de un «conglomerado de circunstancias que dan lugar a un riesgo exponencial para la provocación de los incendios forestales». Y aunque la investigación de este tipo de delitos resulte «muy difícil» de cara a «obtener pruebas determinantes de la autoría», no dudó en ensalzar el «gran trabajo» que desempeñan las fuerzas y cuerpos de Seguridad, bomberos, funcionarios e incluso los propios vecinos de los municipios afectados.

Otra de las áreas que genera especial inquietud en el seno de la Fiscalía guarda relación con las nuevas tecnologías al servicio del crimen organizado. Su crecimiento «exponencial» se circunscribe principalmente a las estafas informáticas. Llama la atención, tal y como expuso Mena, que se contabilizasen 602 escritos de calificación el pasado año. Más que nada, porque la diferencia respecto a 2020 ronda el 419%. Por otro lado, la memoria del Ministerio Público también alerta del auge de los delitos de pornografía infantil a través de internet, con 74 imputaciones en 2025 frente a las 41 de principios de la década.

En relación a la «lacra» de la violencia de género, el fiscal superior de Castilla y León recordó el asesinato de Andrea Bejarano, de 34 años, a manos de su exmarido en Burgos a mediados de marzo del año pasado. Un crimen que conmocionó a la sociedad y que, lamentablemente, dejó huérfano a un niño de 8 años «especialmente vulnerable con un síndrome de espectro autista». En éste, como en tantos otros casos, «no había denuncias previas».

Dentro de este apartado, la Fiscalía constata un ligero descenso de los delitos por violencia machista al pasar de 9.664 en 2024 u 8.243 en 2023 a 7.610 el pasado ejercicio, si bien es cierto que las sentencias se dispararon un 4%. Sea como fuere, se ha podido acreditar que, hoy por hoy, más de la mitad de los delitos acreditados en la Comunidad se cometen a través de las redes sociales.

Al margen de la tipología de estos ilícitos penales, Mena no obvió el hecho de que tan solo Burgos, Valladolid y León disponen actualmente de juzgados especializados en violencia contra la mujer. Y eso se traduce, como es lógico, en que «la tramitación de los asuntos es mucho más rápida y eficiente» que en el resto de partidos judiciales.

Como en años anteriores, el Ministerio Fiscal también volvió a poner el foco sobre el aumento «desmedido» de las agresiones a sanitarios, maestros y educadores. «Es inexorable que las administraciones tomen medidas de todo tipo para luchar contra esta lacra», enfatizó Mena mientras apelaba a la necesidad de «proteger y reconocer a estos colectivos como esenciales para el mantenimiento de nuestro Estado de Bienestar».

En esa misma línea, precisamente, consideró «imprescindible» que se refuercen los «mecanismos de prevención, detención, protección y asistencia a las víctimas» potencialmente vulnerables. Porque solo «creando condiciones necesarias para que puedan denunciar con seguridad, confianza y la certeza», será posible articular una «respuesta institucional eficaz que les permita romper el ciclo de la violencia y recuperar su libertad».

Singularidad autonómica

Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, aprovechó la apertura del Año Judicial para reclamar nuevamente una mayor disposición de recursos con el fin de solventar la «sobrecarga permanente» de trabajo a la que se enfrentan.

«Sería un error conformarnos con los buenos resultados obtenidos», reconoció Del Ser sin obviar las «necesidades estructurales que todavía persisten». La principal, según expuso, es el «fortalecimiento de la planta judicial». Es decir, la creación de nuevas plazas más allá de las 19 que ya se contemplan por parte del Ministerio de Justicia. De hecho, la Sala de Gobierno del TSJ ya ha dejado clara la necesidad de ampliar dicha propuesta con «nuevos jueces de adscripción territorial para reforzar órganos civiles, penales, sociales, mercantiles y especializados».

Esa sobrecarga, puntualizó Del Ser, «no puede convertirse en un mecanismo ordinario de funcionamiento del sistema». Sobre todo en una Comunidad comoCastilla y León, cuya singularidad territorial exige una «atención específica» en base a su «extensión geográfica», la «dispersión de la población» o la existencia de infinidad de partidos judiciales que «obligan a compatibilizar la proximidad de la Justicia con la necesaria especialización de determinados órganos».

Dentro de este ámbito, la presidenta del TSJCyL remarcó que la respuesta judicial frente a la violencia de género continúa ocupando un «lugar prioritario» en la judicatura. No en vano, indicó que «la ampliación competencial derivada de las últimas reformas legales y la incorporación de los delitos de violencia sexual al ámbito de actuación de los órganos especializados han hecho necesario revisar su organización y dimensionamiento».

En cuanto a la Ley de Eficiencia que tantos quebraderos de cabeza ha generado entre funcionarios, abogados y procuradores, Del Ser destacó la «responsabilidad» con la que se han afrontado todas las «dificultades» detectadas desde su implantación. En su opinión, este modelo «ha transformado profundamente la organización de nuestros órganos judiciales», lo cual no quita para que le parezca «imprescindible» una mayor dotación de recursos para «desarrollar plenamente su potencial».

Como era de esperar, la presidenta del Alto Tribunal centró la última parte de su discurso en la independencia del Poder Judicial. «Vivimos tiempos de intenso debate público a menudo excesivamente polarizado y de creciente exposición de las resoluciones judiciales al escrutinio social». Algo que, a su juicio, debe «asumirse con normalidad» en democracia; siempre y cuando se trate de una «crítica razonada» que contribuya a «fortalecer el sistema».

Nada que ver, puntualizó Del Ser, con la «atribución infundada de motivaciones políticas o ideológicas a jueces o magistrados». En su opinión, expresar ideas o comentarios en esa línea «no solo afecta a quienes ejercen la jurisdicción», sino que además «erosiona la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho». Por todo ello, no dudó en enfatizar que «ninguna presión ni interés ajeno al Derecho puede condicionar una resolución judicial».