EDUCACIÓN
UGT exige recuperar la cocina «in situ» en los comedores escolares de Castilla y León
El sindicato demanda a la Junta la «reversión valiente de un modelo obsoleto» si quiere garantizar la «paz social», aprovechando el fin de la prórroga de las adjudicaciones del servicio
Mónica de la Cámara y Héctor Yagüez en la rueda de prensa.
La Unión General de Trabajadores (UGT) en Castilla y León condicionó este martes la “paz social” en el sector de los comedores escolares de la Comunidad a que la Junta ejecute una “reversión valiente de un modelo obsoleto” cuando finalice la prórroga de las actuales adjudicaciones del servicio, que se producirá en menos de un año.
Y es que el sindicato advirtió de la “precarización” de un servicio “externalizado” que se adjudica a “tres grandes empresas que compiten a la baja, sacrificando las condiciones laborales”, lo que afecta a la salud laboral de las trabajadoras de este sector, con un 95 por ciento de mujeres, y a sus condiciones económicas, debido a la desindexación de los salarios.
A ello se une, según la denuncia enarbolada este martes por el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGTCyL, Héctor Yágüez, la infraclasificación profesional y salarial de los responsables de los comedores, y el fracaso de la línea fría, motivo que llevó al sindicato a exigir a la Junta un cambio en los futuros pliegos que recojan “mejoras reales” como ratios más justas, el fin de la precariedad o que la calidad del servicio “se ponga por encima del precio económico” para conseguir “comedores escolares seguros, dignos y sostenibles”.
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En su intervención, recogida por Ical, Yagüez planteó que estas reivindicaciones surgen del informe elaborado por la actividad de Restauración Social de Castilla y León. Un sector que también incluye a los trabajadores de restaurantes y comedores de empresa y en cuya comparativa se muestra cómo las trabajadoras de comedores escolares son “la que más temporalidad sufren, las que mayores cargas físicas tienen y un menor reconocimiento”, según expuso la responsable de la actividad de Restauración Social de UGT, Mónica de la Cámara.
Por ello, el análisis de los cuatro ejes estudiados por el informe de UGT evidencian, según De la Cámara, que “las licitaciones de los comedores escolares se mantienen a costa de la explotación de las trabajadoras”, con “deficiencias de modelos obsoletos” que el sindicato plantea cambiar con “medidas de mejora urgente” para acabar con la “precariedad estructural” de un sector que cuenta con cerca de 3.000 trabajadoras y unos 40.000 usuarios diarios en Castilla y León.
Las deficiencias, según expuso Yágüez, se clasifican en cuatro apartados. Por un lado, existe una desindexación de los salarios debido a que los pliegos “no aplican los índices correspondientes para mejor los contratos”, se publican con un precio fijo, y eso hace que, en los cinco años de duración de las actuales adjudicaciones, no haya habido subida salarial pese a que “los alimentos han subido cerca de un 30 por ciento y el IPC general, un 17,6 por ciento”. Un aspecto que “condiciona la negociación colectiva” porque las empresas adjudicatarias “no tienen margen económico” para mejorar los contratos.
Por otro lado, existe, según Yágüez, una “infraclasificación profesional y salarial” de los responsables de comedor, una figura reconocida en los pliegos pero “sin reconocimiento profesional en sus categorías”, y con condiciones idénticas, económicas y temporales, “tanto para comedores con 35 alumnos como con 300 comensales”.
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Además, UGT denunció el “fracaso de la línea fría”, que tuvo una “implantación masiva” desde su aprobación en 2009 y que ha “pulverizado puestos de trabajo y precarizado un sector formado principalmente por mujeres de mediana edad”. Asimismo, ha acabado con la competitividad entre las empresas, permitiendo que tres multinacionales, con su cocina central en Zaragoza, Valladolid y Burgos, realicen todos los menús del servicio, y que los nuevos colegios “no cuenten con cocina in situ” cuando se construyen.
Finalmente, Yágüez advirtió de que las “insuficientes ratios”, que “ignoran la diversidad del alumnado” y cuentan con solo un monitor por cada 25 niños en Infantil y por cada 40 en Primaria, han destapado “una realidad física insostenible” que genera “riesgos psicosociales, exposición al ruido y trastornos músculo-esqueléticos” en los trabajadores.
Decálogo de medidas
Por ello, y ante el último año de prórroga de la adjudicación realizada en 2022, UGT considera que “es momento de informar a la ciudadanía” y exigir a la Junta “revertir el modelo”, de tal manera que reduzca el tamaño de los lotes de adjudicación “para que las pymes puedan participar”, atienda al factor diferencial del medio rural para “dinamizar su economía”, y atienda, principalmente, a las condiciones laborales de las casi 3.000 trabajadoras de este servicio.
En ese sentido, el sindicato propone un decálogo de medidas de mejora, presentado por Mónica de la Cámara, que exige a la Junta “ratios justas para una atención decente” que mejoren, además, “la calidad, la dignidad laboral y la sostenibilidad del sistema”; el reconocimiento de la figura del responsable de comedor; formación obligatoria, acreditada y en horario laboral; prevención de riesgos psicosociales, ruido y cargas físicas, y el “fin de la precariedad estructural del sector”.
El decálogo se completa con una reforma del modelo de adjudicación donde “la calidad esté por encima del precio”, una revisión urgente de la desindexación en los comedores escolares, un impulso a la cocina ‘in situ’, “transparencia y control efectivo del servicio” y entender el comedor escolar como “un espacio educativo”.