Las Cortes se escapan a todos los controles que sus moradores exigen al resto de instituciones

Erigido majestuoso a orillas de la vallisoletana avenida de Salamanca y en el corazón de Villa de Prado, uno de los barrios más caros para vivir de la capital del Pisuerga, el edificio que alberga la sede de las Cortes de Castilla y León se alza imponente como un cascarón bajo el que se refugia una de las instituciones más anquilosadas y encalladas en lo arcaico de toda España. Una especie de mausoleo cuyos moradores, encargados de diseñar y aprobar las leyes que rigen la Comunidad, se escapan con voluntad férrea a todos los controles que, irónicamente, sí imponen a otras administraciones e instituciones, además de a los ciudadanos.

Encargadas de la gestión de unos 30 millones de euros anuales, las Cortes de Castilla y León deberían mostrarse como un ejemplo de transparencia y buena gestión e, incluso, de cumplimiento con la normativa vigente, lo que en lenguaje popular se conoce como ‘predicar con el ejemplo’. Sin embargo, estas y otras cuestiones continúan siendo una asignatura pendiente para la institución que desde hace unos meses preside el ‘popular’ Francisco Vázquez y que, tras sustituir a Carlos Pollán (VOX), ha dado alguno pasos para arrojar luz sobre el oscurantismo parlamentario en el que se encuentra sumida la Comunidad, aunque todavía es largo el camino a recorrer en este sentido.

Al fin y al cabo, por positivo que sea para el ciudadano que Vázquez haya decidido, por ejemplo, publicar los órdenes del día de las reuniones de la Mesa de las Cortes y de las Juntas de Portavoces en un evidente ejercicio de transparencia, hay otras cuestiones en las que todavía hay mucho que hacer para que el Parlamento pueda siquiera mirar desde lejos a otras instituciones de España.

Precisamente fue también Vázquez quien se comprometió, tal y como publicaba este periódico, a estudiar la implementación de un sistema de control horario y laboral para los trabajadores de las Cortes, incluidos los procuradores y aquellos que gracias a disponer de una dedicación exclusiva, cobran más de 100.000 euros anuales limpios de polvo y paja del Parlamento, y por lo tanto de dinero público, sin que se pueda justificar la asistencia a su puesto de trabajo.

Y no es está una cuestión baladí, puesto que tal y como publicaba este periódico, al carecer de ese control de la jornada laboral el Parlamento de Castilla y León lo que por normativa debe ser obligatorio. Por lo tanto, lo que aplica en todas las empresas e instituciones no solo de la Comunidad, sino de toda España, no sirve para el Parlamento autonómico a pesar de que de él, irónicamente, es de donde nacen las leyes que los castellanos y leoneses sí deben cumplir.

43 años de historia acumulan las Cortes de Castilla y León, y a lo largo de ese casi medio siglo nunca se ha establecido el más mínimo control que permita registrar la jornada de sus trabajadores. Ni la hora de entrada ni la de salida, con lo que es imposible contabilizar el tiempo que trabajan los empleados y los funcionarios; pero tampoco los propios políticos y ni siquiera aquellas que se echan cada año al bolsillo más de 100.000 euros por desarrollar una labor que, sin embargo, hasta ahora no se puede demostrar ya que no hay disponible un registro donde quede patente si acuden o no a sede parlamentaria.

Y una vez más, el plano en el que se encuentran las Cortes de Castilla y León es único e inédito, puesto que el control horario es estricto en otras instituciones o administraciones de la Comunidad. El mejor ejemplo quizás sea la Junta, que pese a contar con una plantilla mucho más amplia al tener cada consejería su propia sede y sus propios trabajadores, dispone de sistemas para controlar la entrada y salida de cada uno de ellos.

Pero no solo es la Junta, sino que el registro se lleva a cabo también en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales, donde ya existen mecanismos es vienen a funcionar de manera casi idéntica a los que establece el Estatuto de los Trabajadores para la empresa privada.

En todo caso, la falta de un control de la jornada laboral es solo una de las cuestionables carencias del Parlamento castellano y leonés. Al fin y al cabo, registrar cuántas horas trabajan los funcionarios y los políticos que cobran de las arcas públicas es importante, pero quizá lo sea más contar con un auténtico mecanismo de lucha contra la corrupción.

Aquí, una vez más, la ironía vuelve a adueñarse del relato de la realidad, puesto que a pesar de que en 2024, bajo la presidencia de Carlos Pollán, el Parlamento autonómico creara la Autoridad Independiente en materia de Corrupción (AICCYL), sorpresivamente las Cortes se blindaron ante ella para no tener que someterse a esa vigilancia.

Por lo tanto, una vez más, las Cortes de Castilla y León vuelven a no estar en igualdad de condiciones que el resto de administraciones e instituciones públicas, en este caso en una cuestión tan sensible como es la corrupción. En todo caso, lo verdaderamente sorprendente es que incluso cuando el Parlamento autonómico creó un organismo específico para combatir esta corrupción, se guardó un as en la manga para contar con una posición privilegiada y que no cualquiera pudiera denunciar al Legislativo ante alguna sospecha de actividad irregular.

El propio titular de la AICCYL, Luis Gracia, era quien explicaba en declaraciones a este periódico que el funcionamiento del organismo cuenta con excepciones cuando se trata de las Cortes de Castilla y León, que aunque lo crearon no se someten a él en las mismas condiciones que el resto de instituciones. Porque mientras que cualquier ciudadano puede denunciar a cualquier administración o institución de Castilla y León, también del ámbito privado, cuando sospecha que existen indicios de corrupción, las Cortes solo pueden denunciarse a sí mismas.

Es más, ni siquiera eso, puesto que solo la Mesa del Parlamento, un órgano político compuesto por miembros de los grupos parlamentarios, tiene capacidad para dirigirse a la AICCYL si considera que existen indicios de que se está llevando a cabo alguna cuestión ilegal. De esta forma, ni los funcionarios ni cualquier otro trabajador de la Cámara, y por supuesto ningún ciudadano anónimo, tienen potestad para poner el foco sobre actividades cuestionables en el caso de que se produzcan.

Dicho de otro modo, las Cortes de Castilla y León solo pueden ser denunciadas ante la autoridad anticorrupción que ellas mismas crearon por sí mismas, lo que vendría a ser similar a que si un ciudadano que comete un delito solo puede ser investigado si él mismo lo reconoce ante las autoridades. Y en el caso del Parlamento, como consecuencia de esta fórmula, la Mesa debe tener conocimiento de lo que sucede para poder denunciarlo, algo que no pasa siempre tal y como pusieron de manifiesto las sentencias judiciales que el letrado mayor ocultó y que desconocía incluso miembros del órgano director del Parlamento autonómico.

Pero eso no es todo, puesto que los privilegios de las Cortes en materia de corrupción van aún más allá. En el supuesto caso de que la Mesa acudiera a la AICCYL para denunciar un caso susceptible de considerarse corrupción y el organismo, tras la correspondiente investigación, confirma tal supuesto, el Parlamento autonómico tampoco podría ser sancionado frente al resto de administraciones e instituciones que sí están sometidas a los procedimientos disciplinarios del organismo.

El propio Gracia señalaba a este periódico que pese a esta sorprendente relación con la AICCYL, debería existir alguna herramienta para prevenir y combatir la corrupción en las Cortes. «Deberían tener su canal interno de denuncias» ya que así lo establece la directiva de la Unión Europea para todas las administraciones y para las empresas de más de 50 trabajadores, explicaba.

Así las cosas, las Cortes de Castilla y León permanecen ajenas al organismo anticorrupción que ellas mismas crearon, sintiéndose a salvo gracias a haberse incluido como excepción. Por lo tanto, si ni siquiera se abren a esta posibilidad, tampoco debería sorprender que en los 24 años que lleva existiendo el Consejo de Cuentas, el Parlamento autonómico no se haya dejado fiscalizar gracias, una vez más, a una especie de vacío legal del que vuelven a beneficiarse.

Se da la circunstancia de que las Cortes son la institución autonómica que se encarga de fiscalizar a todas las demás, y lo hace a través del Consejo de Cuentas. La Cámara tiene la capacidad de aprobar o no el Plan Anual de Fiscalización de la institución que dirige Mario Amilivia, y para ello puede realizar los cambios que estime oportunos e, incluso, hacerlo a lo largo del ejercicio mediante un acuerdo del Parlamento. No obstante, en esos planes nunca figuran las propias Cortes, que prefieren mantenerse lejos de ese foco a pesar de ser responsables de la gestión de 30 millones de euros anuales.

Y en este caso no existen dudas. La propia Ley reguladora del Consejo de Cuentas deja claro que están sometidas a fiscalización «la administración de las Cortes de Castilla y León, y de los órganos e instituciones dependientes de ellas». Por lo tanto, estando clara la capacidad que el Parlamento tiene para someterse a ese análisis, si este no se ha producido en los 24 años que lleva existiendo la institución que actualmente preside Mario Amilivia es por falta de voluntad, ya que parece que la Cámara no está demasiado por la labor de que otra institución se inmiscuya en su gestión económica.

Pero es que las anomalías relacionadas con el Consejo de Cuentas y las Cortes de Castilla y León van más allá. El primero es el único organismo de control externo del Estado, de los trece que existen, que no aprueba su propio Plan anual de fiscalizaciones o, en todo caso, para hacerlo necesita haber recibido primero el visto bueno del Parlamento.

Y yendo todavía más lejos, el Consejo de Cuentas ya se ha dirigido en varias ocasiones a las Cortes, algunas de ellas incluso en palabras del propio Amilivia, para tratar de que se le permita de algún modo acometer esta fiscalización. El presidente ha sido especialmente beligerante a este respecto, e incluso ha planteado una serie de reformas normativas para avanzar en algo tan importante como la independencia de las instituciones propias, a pesar de estar adscritas a la Cámara.

Otra solución a esta anomalía sería también que tras 24 años, las Cortes de Castilla y León se sometieran a una fiscalización llevada a cabo por el Consejo de Cuentas. Al fin y al cabo, es un proceso por el cual cada año pasan tantos y tantos organismos que van desde la Junta hasta las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Porque más allá de lo que este análisis pudiera concluir, es importante que los ciudadanos conozcan en qué se gastan los 30 millones de euros anuales que gestiona el Parlamento autonómico, una de las instituciones ante la que los castellanos y leoneses sienten más desapego.

Se trata, en esencia, de una cuestión de transparencia, a pesar de que este concepto todavía provoca algún escalofrío si resuena entre los muros de la sede la Villa de Prado. Porque las Cortes de Castilla y León, por mucho que hayan repetido este compromiso como un mantra, están todavía lejos de ser transparentes. Basta un análisis superficial a la información disponible en la página web para darse cuenta como en cuestiones tan importantes como los contratos menores falta información importante.

Una vez más, este periódico publicaba hace unos meses que en el portal del Parlamento autonómico no estaban publicados los gastos de los viajes realizados por altos cargos durante dos años. No solo eso, sino que entre 2022 y 2025 la Cámara dejaba en blanco el apartado de desplazamientos de su información económica para, en ese último ejercicio, ‘camuflar’ los viajes como contratos menores. En todo caso, esta circunstancia ya ha quedado rectificada.

Contratos menores en los que, eso sí, se puede comprobar como la Cámara dilapidó más de 53.000 euros en la proyección de cuatro películas para unos 400 asistentes, y con un coste aproximado de 45 euros por espectador.

Con todos estos ejemplos, resulta evidente que las Cortes de Castilla y León tienen todavía mucho camino que recorrer si pretenden, como así lo muestran algunas decisiones recientes, convertirse en una institución moderna y a la altura de otras muchas que hay en España.

Son muchas las asignaturas pendientes, aunque sin duda hay una que bien podría englobarlas a todas como es la transparencia. Porque una institución pública debe ser transparente, y debe informar de en qué gasta el dinero que gestiona, si su personal realiza el trabajo por el que se le paga y ofrecer herramientas para combatir la corrupción. Si no hay voluntad de transparencia, todos estos elementos se quedan en el tintero y caen en el olvido, cronificando el oscurantismo que desde hace décadas pesa sobre el Parlamento de Castilla y León sin que aquellos que lo habitan, algunos de ellos a razón de más de 100.000 euros al año, den la más mínima muestra de pretender revertir la situación.