Diario de Castilla y León

Castilla y León, segunda comunidad donde más crece la violencia de hijos a padres

Las denuncias aumentan un 43% en la autonomía frente al descenso nacional, con León, Salamanca, Burgos y Zamora a la cabeza del país, y Palencia y Ávila en las antípodas

Un juzgado de menores en una imagen de archivo.

Un juzgado de menores en una imagen de archivo.JUAN GARCÍA

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Valladolid

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La violencia que ejercen los hijos sobre sus padres ha experimentado una ligera bajada a nivel nacional, pero hay comunidades donde ha ocurrido lo contrario, como ocurre en Castilla y León. La Comunidad, de hecho, se encumbra como la segunda donde más ha crecido esta estadística, con un alza del 43%, al pasar de los 100 expedientes registrados en 2024 a los 143 anotados en 2025. El incremento porcentual sólo es más elevado en Murcia, que ostenta el podio del ranking del país, con una subida del 48,67%.

También con un mayor número de casos en la última anualidad con cifras cerradas, en comparación con la anterior, se posicionan Madrid (+15,9%), Navarra (10,3%) y La Rioja (+4,2%), mientras que en el resto de autonomías se constata un descenso –a excepción que Aragón, que mantiene invariable su contabilidad–, tal y como refleja el ‘Informe de Violencia filio-parental en España’, difundido este jueves por la Fundación Amigó.

El documento, elaborado a partir de los datos publicados por la Memoria de la Fiscalía General del Estado y a través de un estudio propio en que definen el perfil de los agentes implicados en el fenómeno, aclara la entidad, trata de «sensibilizar y concienciar sobre un problema existente» que «requiere de respuestas especializadas para poder abordarlo y conseguir que todos los miembros de la unidad familiar puedan reconducir la situación y retomar el vínculo afectivo», subrayan.

Y es que cada año «se abren en España más de 4.000 expedientes a jóvenes por este tipo de delito», a pesar de que «en muchas ocasiones el fenómeno es una realidad invisible que no ve la luz y se queda oculto en el ámbito privado», añade la Fundación Amigó en su informe.

En concreto, en 2025 se abrieron en el país 4.038 expedientes judiciales por violencia filio-parental, que suponen un 10,7% menos que en 2024, cuando la cifra llegó a los 4.521. El comportamiento, sin embargo, es muy «heterogéneo», según reconoce la propia entidad y evidencian las estadísticas.

Baste comprobar el dispar comportamiento entre provincias dentro de una misma comunidad autónoma, como se observa en Castilla y León. Aquí, mientras León, Salamanca, Burgos y Zamora ocupan los primeros puestos del país por crecimiento de casos de violencia de hijos a padres, Palencia y Ávila están en las antípodas y son los últimos del ranking nacional.

Poniendo el foco en la parte alta del listado, León ha pasado de los 5 casos de 2024 a los 30 de 2025, lo que se traduce en un incremento relativo del 500%. Es decir, en un año los expedientes incoados se han multiplicado por seis. Le sigue Salamanca, con 4 casos en 2024 y 18 en 2025, que suponen una subida del 350%; Burgos, de 11 a 47 (un 327% más); y Zamora, de 6 a 14 (133%).

El listado nacional por provincias en orden de crecimiento relativo lo continúan Guadalajara, Lugo y Lleida y después, en la octava posición, se sitúa Valladolid con un incremento del 57% en las dos anualidades de la comparativa, pues se registraron 14 casos en 2024 y se contabilizaron 22 en 2025.

Por el contrario, Palencia y Ávila destacan por ser las provincias de España donde más se ha reducido la violencia filio-parental. El la provincia palentina se ha pasado de 14 a casos registrados en 2024 a 2 en 2025, lo que se traduce en una bajada del -85,7%; y en la provincia abulense se ha pasado de 27 a 4, por lo que el descenso es del -85,2%.

También con reducciones significativas destacan Tenerife y A Coruña y, después, se cuela Soria, con una caída del número de casos del -71,4% (son diez menos, de 14 a 4). Escalando por el listado se sitúa Badajoz y, por detrás, Segovia y Cuenca comparten el mismo peldaño, con cinco expedientes de este tipo de violencia en 2024 y 2 en 2025 (-60%).

Con estadísticas mejores que la media nacional también se sitúan Málaga, Tarragona, Cáceres, Girona, Jaén, Ciudad Real, Castellón, Albacete, Toledo, Granada, Cantabria, Ourense, Huelva, Bizkaia, Alicante y Asturias. Por el contrario, además de las provincias antes mencionados, superan la media del país Las Palmas, Zaragoza, Sevilla, Pontevedra, Teruel, La Rioja, Valencia, Córdoba, Navarra, Álava, Madrid, Cádiz, Barcelona, Huesca, Almería y Murcia.

A juicio de la Fundación Amigó, aunque los 4.038 procedimientos incoados a menores de edad por delitos de agresiones a sus padres en 2025 reflejan «el dato más bajo de los últimos años», consideran que la violencia filio-parental «continúa siendo una realidad social grave». «Los más de 4.000 expedientes judiciales registrados anualmente representan únicamente una parte de los casos existentes, ya que se estima que sólo se denuncian entre un 10% y un 15% de las situaciones», mientras que «la mayoría permanece oculta en el ámbito familiar y no llega a los registros oficiales», indicaron en la información difundida.

En palabras que atribuyen a la psicóloga del Proyecto Conviviendo, Cristina Vaquero, consideran que «la reducción registrada este año [en referencia a 2025] es una señal positiva, pero debe interpretarse con cautela». «Seguimos hablando de más de 4.0000 expedientes anuales y de una problemática que mantiene una base constante. Además, el descenso de la cifra judicial no se traduce necesariamente en una disminución real de los casos, pues representa sólo la fracción que llega a denunciarse, porque muchas familias tardan en pedir ayuda a o no llegan a denunciar».

Fundación Amigó considera «fundamental» que se refuercen los «recursos especializados» para que las familias puedan acceder «cuanto antes» a la ayuda necesaria e insta a «trabajar la prevención, la comunicación y la resolución pacífica de los conflictos». Según su experiencia, las familias suelen solicitar ayuda cuando la convivencia «ya se encuentra muy deteriorada» y ha escalado a «insultos, amenazas o agresiones físicas», con un aumento en los últimos años de conflictos relacionados con «el uso abusivo de las nuevas tecnologías».

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