El Común insta a las diputaciones a reforzar el suministro personalizado de medicinas a mayores

La prestación de servicios en el medio rural de Castilla y León es una condición ineludible para garantizar el bienestar de la población que reside en los pequeños municipios de la Comunidad, aunque en ocasiones no llega a todos por igual. Es lo que ocurre con la financiación por parte de las diputaciones provinciales del Sistema Personalizado de Dosificación de medicamentos, y es por eso que el Procurador del Común lanza un llamamiento para que todas estas instituciones provinciales la implementen o, en caso de contar ya con ella, como es el caso de Valladolid y León, entre otros ejemplos, la impulsen a fin de que el acceso sea más homogéneo y todos los pacientes puedan beneficiarse de igual manera del programa de suministro personalizado de medicamentos.

A través de una resolución derivada de una actuación de oficio, la institución que dirige Tomás Quintana reconoce que el Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) «constituye una herramienta destinada a facilitar el correcto cumplimiento de la pauta farmacológica prescrita mediante la preparación y organización personalizada de la medicación por parte de un profesional farmacéutico». «Su utilización contribuye», continúa el Procurador, «a mejorar el seguimiento del tratamiento y a reducir los riesgos derivados de errores en la administración, tales como duplicidades u omisiones en las tomas». Esto se debe a que mediante el SPD las farmacias preparan a los usuarios qué medicinas deben tomar en cada momento del día, facilitándoles en gran medida su administración.

En Castilla y León, son ya varias las diputaciones provinciales que cuentan con acuerdos con el Colegio de Farmacéuticos para financiar este servicio y que no suponga un coste añadido para los usuarios, tal y como recoge el Común en su resolución, pero hay otras en las que todavía se está estudiando disponer de estas partidas presupuestarias y que, por tanto, no tienen programas en marcha.

A la vista de esta realidad, de la que el Procurador ha tenido constancia tras solicitar información a las diputaciones a través de una actuación de oficio, insta a las instituciones provinciales, el primer lugar, a «promover y, en su caso, consolidar y ampliar los programas de apoyo y financiación del SPD en el medio rural, especialmente dirigidos a las personas mayores, polimedicadas, dependientes o que presenten dificultades para gestionar adecuadamente su medicación, teniendo en consideración tanto su utilidad asistencial como su contribución al mantenimiento de una red de oficinas de farmacia rurales como servicios sanitarios de proximidad».

En este sentido, la resolución del Procurador del Común apunta que, a la vista de la información recopilada, «algunas diputaciones han desarrollado programas consolidados, mientras que otras no cuentan actualmente con un sistema de financiación destinado a este servicio». Precisa, además, que entre las primeras están «Soria, Palencia, Ávila, León, Zamora y Segovia», de manera que las que no cuentan con vías de financiación son Valladolid, Burgos y Salamanca.

Sin embargo, la información con la que cuenta el Procurador en este caso está desactualizada, puesto que la Diputación de Valladolid ya financia el SPD desde junio de este mismo año, tal y como anunció la propia institución el día 1 de ese mismo mes.

Por su parte, el Común apunta que en base a la documentación recibida, la Diputación de Burgos «no financiaba específicamente el SPD, encontrándose en fase de estudio»; mientras que la Diputación de Salamanca «informó de que no disponía de un programa específico de financiación del SPD ni estaba prevista».

En relación con esto, el Común matiza que «la implantación y financiación del SPD presenta diferencias significativas entre las distintas provincias de Castilla y León». «El acceso al servicio y el apoyo económico destinados a su prestación dependen actualmente, en buena medida, de las iniciativas adoptadas por cada diputación provincial, lo que determina una situación territorialmente heterogénea», añade.

Es más, la institución de Quintana apostilla que «esta circunstancia merece especial atención desde la perspectiva de los principios de igualdad y equidad territorial», a lo que añade que «las necesidades de las personas mayores, dependientes o polimedicadas no varían sustancialmente por el hecho de residir en una u otra provincia. Sin embargo, las posibilidades de acceder al SPD y las condiciones de financiación pueden diferir considerablemente en función del territorio de residencia».

Más allá de la promoción y el impulso de los programas de financiación del SPD a los que insta Tomás Quintana, también apuesta por «garantizar la continuidad de los programas mediante una financiación pública suficiente y estable, adecuando su alcance a la demanda existente y a las necesidades acreditadas, así como valorando su posible ampliación cuando la disponibilidad de plazas resulte insuficiente».

En tercer lugar, el Común también aboga por «reforzar la coordinación entre las diputaciones provinciales, los colegios oficiales de farmacéuticos y los servicios sociales, estableciendo mecanismos que faciliten la detección, valoración, incorporación y seguimiento de las personas que puedan beneficiarse del SPD, tomando en consideración las experiencias que hayan demostrado mejores resultados».

Como cuarta recomendación sitúa el «favorecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre las Diputaciones Provinciales, con el fin de avanzar hacia unos criterios básicos comunes de acceso, seguimiento y evaluación del servicio, sin perjuicio de que cada provincia pueda adaptar su programa a sus características y necesidades específicas».

Finalmente, en quinto lugar, la institución que dirige Tomás Quintana defiende la necesidad de «impulsar la evaluación periódica de los programas de SPD mediante indicadores que permitan conocer su implantación, resultados e impacto, incluyendo, entre otros aspectos, la evolución de la adherencia terapéutica, la seguridad en el uso de los medicamentos, la satisfacción de las personas beneficiarias y, cuando resulte posible, su repercusión sobre la autonomía y la utilización de recursos sanitarios y sociales».

En su resolución, el Procurador del Común señala la importancia de contar con herramientas como el Sistema Personalizado de Dosificación. «La evidencia de que vivimos en una sociedad progresivamente envejecida, unida a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, ha determinado que la polimedicación constituya una realidad habitual entre los pacientes y ha puesto de manifiesto la importancia de los servicios de farmacia orientados a mejorar la seguridad y la adherencia a los tratamientos», recoge la institución, y añade: «El Sistema Personalizado de Dosificación se configura como un servicio farmacéutico asistencial del especial relevancia».

En el mismo sentido, la institución encabezada por Tomás Quintana pone de manifiesto que «este sistema puede contribuir a prevenir problemas relacionados con una incorrecta manipulación o conservación de los medicamentos, reducir la acumulación y el stock innecesario de fármacos en los domicilios y facilitar la identificación de problemas relacionados con la medicación mediante el seguimiento que acompaña a la prestación del servicio».

«El valor asistencial de esta herramienta», continúa la resolución que pide a las diputaciones provinciales implementar o consolidar la financiación del SPD, «resulta especialmente relevante en el medio rural de Castilla y León, caracterizado, entre otros factores, por una población progresivamente envejecida, una elevada dispersión territorial y la existencia de localidades de reducido tamaño». «Estas circunstancias hacen necesario promover prestaciones sanitarias y sociales adaptadas a las necesidades específicas de quienes residen en estos territorios, con el objetivo de garantizar tanto su salud como su autonomía y calidad de vida».