Greenpeace pide gestionar "ya mismo" las zonas incendiadas para "evitar el chapapote de montes" en Castilla y León

La organización ambiental Greenpeace solicitó este martes a los municipios afectados por incendios forestales que comiencen “ya mismo” a planificar actuaciones de emergencia para el control de la erosión y el arrastre de cenizas derivadas de los fuegos para evitar el ‘chapapote de montes’ antes de que lleguen las lluvias.

Las lluvias posteriores a los incendios arrastran cenizas, sedimentos, metales y otros contaminantes hacia ríos, embalses y acuíferos, lo que compromete la calidad de las aguas subterráneas y superficiales, y genera impactos sobre el abastecimiento en distintos municipios, además de afectar a los ecosistemas acuáticos, la biodiversidad e incluso la seguridad de las personas, informa Ical.

Un total de 262.030 hectáreas quedaron calcinadas este año hasta el pasado 20 de agosto, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los 44 grandes incendios forestales -es decir, cuando queman más de 500 hectáreas- de 2026 han dejado “récords que constatan la evolución de los incendios a episodios de alta intensidad debido al cambio climático”, según Greenpeace.

De hecho, el de Burgohondo (Ávila) fue el de mayor superficie afectada en la historia de España, el de Niebla (Huelva) en Andalucía, el de La Mierla (Guadajara) en Castilla-La Mancha y el de la Sierra Oeste en la Comunidad de Madrid, mientras que el de Peñas de Riglos (Huesca) resultó ser el segundo más destructivo en Aragón.

“Es necesario salvar el agua y el suelo de los procesos erosivos, y hay que evitar que las cicatrices del fuego generen más impactos a la población y a la biodiversidad. Sobre todo, ante incendios cada vez más grandes y severos”, según Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace.

Medidas

Tras un gran incendio, el debate público suele centrarse en la recuperación, restauración, costes, etc. Para Greenpeace, hay una fase decisiva: las actuaciones de emergencia para estabilizar el terreno y prevenir la contaminación de cursos de agua, conservar el suelo y evitar procesos erosivos e irreversibles de degradación.

“Hay que recordar que el suelo es un recurso prácticamente no renovable, del que depende la vida y cuya conservación es esencial: la FAO estima que formar apenas dos a tres centímetros de suelo fértil puede requerir hasta 1.000 años, mientras que su pérdida por erosión puede producirse en muy poco tiempo”, advirtió Parrilla.

Entre las medidas de estabilización de emergencia destacan las centradas en laderas y zonas de fuerte pendiente. Estas actuaciones deben priorizar la instalación de acolchados (‘mulching’) y otras estructuras de retención, como fajinas, diques y barreras con troncos y ramas, correctamente diseñadas para frenar los arrastres de sedimentos.

Estas se complementan con la protección puntual de cauces, drenajes y obras de paso para evitar colmataciones, así como con el control de procesos erosivos concentrados, como regueros, cárcavas o pequeños deslizamientos.

Existe un amplio consenso científico en que el ‘mulching’ constituye una de las medidas de emergencia posincendio más eficaces para conservar el suelo, ya que reduce significativamente la erosión y la escorrentía, mejora la infiltración y acelera la recuperación funcional del ecosistema, especialmente durante el primer año tras el incendio, cuando el riesgo de pérdida irreversible de suelo es máximo.

Actuar a tiempo

Según un estudio publicado en 2022, tras el gran incendio de Ponte Caldelas (Galicia), las actuaciones de restauración realizadas por voluntariado y coordinadas por personal técnico demostraron ser eficaces para frenar la degradación del suelo. La aplicación temprana de ‘mulch’ redujo la erosión entre un 76% y un 95% durante el primer año tras el fuego y mantuvo reducciones de entre el 74% y el 87% en el segundo año.

Una de las experiencias más recientes es la del incendio de Las Médulas (León), en 2025, donde un informe coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y elaborado por más de 70 especialistas en incendios, biodiversidad, geología, hidrogeología, drones y riesgos sociales confirmó la eficacia de las actuaciones tempranas de estabilización. Entre ellas destacó la aplicación de ‘mulch’ con paja agrícola en las zonas más afectadas, una técnica que consiguió reducir la erosión del suelo en una media del 85%.

“Ante la magnitud de la superficie quemada, hay que actuar donde más se necesita y hacerlo a tiempo. La priorización debe basarse en criterios técnicos, destinando recursos a las zonas con mayor riesgo de pérdida de suelo, contaminación de cauces y embalses y afección a abastecimientos de agua, espacios protegidos y áreas de elevada pendiente”, apuntó Greenpeace.

Coordinación

En este sentido, Parrilla subrayó: "Si queremos evitar el 'chapapote del monte', es imprescindible una respuesta inmediata y especializada que actúe en las primeras semanas tras el incendio, cuando se concentra el mayor riesgo de erosión, escorrentía y arrastre de cenizas y sedimentos”.

“Las medidas de estabilización deben ejecutarse antes de las primeras lluvias intensas, ya que es en esos primeros episodios de precipitación cuando se produce la mayor pérdida de suelo y se generan los impactos más graves sobre ríos, embalses y abastecimientos de agua", agregó.

La restauración de las zonas afectadas por incendios forestales es competencia de las comunidades autónomas, que deben planificar y ejecutar las actuaciones de emergencia para proteger el suelo, reducir la erosión y favorecer la recuperación de los ecosistemas.

Dado que, por su magnitud, algunos incendios afectan a varias comunidades autónomas, Greenpeace consideró “imprescindible” reforzar la coordinación entre administraciones con la participación del Gobierno central en los ámbitos de su competencia, como la coordinación general, el apoyo técnico y financiero, la gestión de cuencas hidrográficas intercomunitarias o la conservación de espacios de interés nacional.