El Común urge a Castilla y León a que costee el pago de medicamentos contra la obesidad mórbida

Hay casos que claman al cielo y el de una mujer discapacitada intelectual con obesidad mórbida, residente en un municipio de Castilla y León, es uno de ellos. Ella cobra con su pensión no contributiva por discapacidad 564,7 euros al mes, y el tratamiento contra su enfermedad, que no está subvencionado por el Sistema Nacional de Salud, le cuesta casi la mitad, 271. Al conocer esta situación el Procurador del Común, Tomás Quintana, ha resuelto urgir a la Administración autonómica para que tome cartas en asuntos como este y adopte una actitud proactiva ante el Ministerio de Sanidad.

El caso es objeto del expediente 1394/2025 del Procurador del Común, en el que esta ciudadana demandaba financiación pública para los medicamentos para personas con obesidad mórbida. Su médico especialista en Endocrinología le prescribió un tratamiento con Mounjaro (su principio activo es la tirzepatida) con el que perdió 7,5 kilogramos ya en las primeras tres semanas de prescripción, «lo que no había conseguido anteriormente mediante dietas, cambios en el estilo de vida u otros tratamientos», reza la reclamación. «Esta evolución evidencia la eficacia del tratamiento y la importancia de garantizar su continuidad».

No obstante «este medicamento, al igual que otros fármacos indicados para el tratamiento de la obesidad, no está financiado por el Sistema Nacional de Salud cuando su indicación es la obesidad», lamenta la representación de la demandante, que tiene reconocido un grado de discapacidad intelectual del 65%. Una circunstancia que «incrementa notablemente su situación de vulnerabilidad económica y social y limita de forma objetiva vulnerabilidad económica y social y limita de forma objetiva su capacidad para asumir el coste de un tratamiento indispensable para su salud».

«Resulta difícil justificar que otras enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, sí dispongan de medicamentos financiados, mientras que la obesidad, igualmente reconocida como enfermedad crónica y asociada a graves complicaciones e incluso a un mayor riesgo de muerte prematura, quede excluida de dicha cobertura», razona la demanda. «Esta diferencia de trato genera una situación de desigualdad que afecta especialmente a las personas con menos recursos económicos, condicionando el acceso al tratamiento en función de su capacidad de pago y no de sus necesidades clínicas, lo que compromete el principio de equidad que debe regir el Sistema Nacional de Salud».

El documento estima que más de 300.000 personas sufren obesidad mórbida en España, una cifra que, extrapolada, supone que en Castilla y León más de 15.000 personas padecen esta dolencia. Sin embargo, el acceso a los medicamentos necesarios «queda reservada, en la práctica, a quienes disponen de recursos económicos suficientes para costearlos». Consideración aparte supone, en el expediente, el hecho de que la demandante, como muchos otros ciudadanos aquejados de obesidad mórbida «padece, además, diversas patologías asociadas a la obesidad, entre ellas apnea del sueño, condromalacia rotuliana y graves limitaciones de movilidad, circunstancias que reducen significativamente su calidad de vida y aumentan el riesgo de futuras complicaciones. A ello se suma el estigma y la discriminación social que con frecuencia sufren las personas con obesidad, agravando aún más las consecuencias de esta enfermedad».

Resolución

Así, el Procurador del Común resuelve, en primer lugar, instando a la Administración autonómica a que valore «la oportunidad de promover ante el Ministerio de Sanidad el traslado de la problemática existente respecto del acceso a los tratamientos farmacológicos indicados para la obesidad mórbida en pacientes especialmente vulnerables, interesando que se valore la revisión de la financiación pública de estos medicamentos a la luz de la evidencia científica más reciente».

Por otro lado, Quintana insta a que se analice «la posibilidad de impulsar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en cuantos foros técnicos resulte procedente, iniciativas dirigidas a analizar el impacto sanitario, social y económico derivado de la falta de financiación de estos tratamientos para pacientes con obesidad mórbida y escasos recursos económicos».

Por último, insiste en que «se refuerce la información y el acompañamiento de los pacientes afectados por esta patología mediante la elaboración y difusión de protocolos claros sobre las alternativas terapéuticas actualmente disponibles, los criterios de indicación farmacológica y las vías oficiales existentes para la eventual incorporación de nuevos medicamentos a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud».

Y es que no le vale a Tomás Quintana la excusa de funcionarios y políticos de que la Administración autonómica «no tiene la competencia» de decidir o no el pago de ciertos medicamentos. Lo deja bien claro en su resolución. «No se puede obviar que la decisión final sobre la financiación pública corresponde al Estado; sin embargo, la mera invocación de la falta de competencia no agota las responsabilidades institucionales de una administración sanitaria comprometida con la protección del derecho a la salud de los ciudadanos».

Por ello, «la colaboración interadministrativa, el impulso de propuestas de mejora y la defensa activa de las necesidades de los pacientes forman parte del principio de buena administración y constituyen instrumentos legítimos para avanzar hacia un sistema sanitario más equitativo, particularmente respecto de quienes padecen enfermedades crónicas graves y, a la vez, carecen de recursos suficientes para acceder a tratamientos que pueden resultar determinantes para su salud y calidad de vida».

«La ausencia de competencia decisoria no excluye el deber institucional de colaboración entre administraciones ni impide que las comunidades autónomas, y en particular a esa Administración autonómica, como responsable de la asistencia sanitaria a las personas de Castilla y León , pueda promover e impulsar propuestas fundamentadas ante los órganos estatales competentes cuando detecten necesidades asistenciales relevantes», apunta la Procuraduría, tras dejar claro que la obesidad mórbida es «una enfermedad crónica reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), asociada a un elevado riesgo de morbimortalidad y a numerosas comorbilidades que comprometen gravemente la salud y la calidad de vida de quienes la padecen.