Las Cortes de Castilla y León, única institución que no se ha dejado fiscalizar en 24 años

Las Cortes de Castilla y León son la institución autonómica que se encarga de fiscalizar a todas las demás de la Comunidad. A través del Consejo de Cuentas, el Parlamento autonómico tiene la última palabra para determinar qué organismos pasan cada año bajo la lupa del que encabeza Mario Amilivia, lo que al mismo tiempo le sitúa en una posición extremadamente privilegiada para no haberse sometido a dichos análisis económicos desde que existe la institución propia, es decir, desde hace 24 años puesto que se creó en 2002.

No deja de ser paradójico que las Cortes, con capacidad absoluta para fiscalizar cualquier institución, se hayan mantenido oportunamente lejos del foco del Consejo de Cuentas. Y no es porque no haya nada que analizar, ya que el Parlamento gestiona cada año un presupuesto de 30 millones de euros de fondos públicos, aunque parece preferir que ningún otro organismo se inmiscuya en cómo se gasta ese dinero.

Todas las actuaciones que lleva a cabo el Consejo de Cuentas parten del Plan Anual de Fiscalización, el cual el organismo que preside Mario Amilivia elabora y somete a su aprobación por parte de las Cortes. Es ahí cuando el Parlamento puede realizar los cambios que estime oportunos, de igual modo que a lo largo del ejercicio correspondiente se pueden llevar a cabo modificaciones mediante acuerdo de la Cámara. Eso sí, por muchas opciones que existan, aún no han considerado necesario someterse a fiscalización.

En este sentido, la normativa no ofrece dudas acerca de si las Cortes pueden someterse a un análisis por parte del Consejo de Cuentas y que, al fin y al cabo, sería algo parecido a fiscalizarse a sí mismas puesto que se trata de una institución propia. El artículo dos de la Ley reguladora del Consejo de Cuentas aborda el ámbito de actuación de esta Institución, y detalla que están sometidos a fiscalización, como parte de una amplia lista, «la administración de las Cortes de Castilla y León, y de los órganos e instituciones dependientes de ellas».

Por lo tanto, y existiendo capacidad para someterse a este análisis, si este no se ha producido en los 24 años de existencia del Consejo de Cuentas es por falta de voluntad. Quizá sea por indolencia o pasividad del Parlamento y de todos aquellos que lo han venido dirigiendo o, por el contrario, porque hay alguna cuestión que no sería bien vista por el departamento de Amilivia.

Y es esa la pregunta que surge. ¿Ocultan algo las Cortes de Castilla y León y por eso temen que las fiscalice incluso institución propia como es el Consejo de Cuentas? Porque al fin y al cabo, a la vista de los numerosos informes publicados por este organismo, nada pasa por alto del departamento de Amilivia, responsable por otra parte de hallar cualquier caso en el que los números no cuadren.

En realidad, todo lo que tiene que ver con la capacidad de fiscalización que atesoran las Cortes de Castilla y León tiene algo de paradójico, más allá de que a pesar de encargar estudios para todos los demás el Parlamento se mantiene ‘virgen’ sin que nadie haya podido analizar sus cuentas y certificar, como se presupone, que no muestran ninguna irregularidad.

Al fin y al cabo, el Consejo de Cuentas de Castilla y León es el único órgano de control externo del Estado, de los trece que existen, que no aprueba su propio Plan anual de fiscalizaciones. De hecho sí que lo aprueba, pero este debe pasar inevitablemente por las Cortes para recibir el visto bueno definitivo, por lo que no lo lleva a cabo de manera completamente autónoma sino con la autorización del Parlamento.

Y aunque esta sea una circunstancia que se viene dando históricamente, al propio Consejo de Cuentas no le pasa desapercibida y así se lo ha trasladado el numerosas ocasiones al Parlamento autonómico. El propio Amilivia ha sido especialmente beligerante a este respecto, quien incluso ha planteado una serie de reformas normativas para avanzar en un aspecto fundamental de las instituciones propias como es la independencia, a pesar de su adscripción a la propia Cámara.

Y no es para menos, ya que el hecho de que una entidad como el Consejo de Cuentas de Castilla y León no pueda aprobar autónomamente su propio Plan de fiscalizaciones es una circunstancia que no pasa desapercibida, tampoco en el ámbito de las instituciones fiscalizadoras autonómicas que ven esta circunstancia como una anomalía.

Y en el lado opuesto de este escenario están las Cortes autonómicas, impasibles ante las reclamaciones de Cuentas y sin prestar demasiada atención a sus reclamaciones a la vista de que en los últimos años nada ha cambiado en este sentido. En su mano queda, no obstante, el paso intermedio que sería someterse voluntariamente a fiscalización, un gesto con el que el Parlamento transmitiría confianza y un auténtico compromiso con la transparencia.

Pero nada más lejos de la realidad, puesto que el Legislativo autonómico, resguardado en una sede a la que se denomina ‘la casa de todos’, presta mucha atención a quién cruza esas puertas. Podría solicitar a Cuentas una fiscalización, que estaría perfectamente justificada con los 30 millones de dieron público que la institución gestiona cada año, pero a lo largo de más de dos décadas han optado por ponerse de perfil para, eso sí, obligar a otros organismos a someterse al análisis económico.

Parece razonable pensar que una institución que elabora las leyes para la comunidad autónoma es lo suficientemente importante como para merecer una fiscalización del Consejo de Cuentas. Es, además, un organismo que paga elevadas sumas anuales en salarios a los políticos, ya que aquellos que tienen dedicación exclusiva se embolsan 100.000 euros. Una cantidad, sin embargo, que resulta discreta si se compara con las millonadas que cada ejercicio se entregan a los grupos parlamentarios para su funcionamiento. Millones y millones de euros que se mueven cada año sin que exista un control de, precisamente, la institución constituida para tales fines.

Y ante todo este escenario surgen varias preguntas, si bien la más evidente es la que engloba todas las demás. ¿Por qué las Cortes de Castilla y León, que encargan al Consejo de Cuentas fiscalizaciones de muchas otras instituciones, no se dejan evaluar por el que además es un organismo que depende de ellas? ¿Acaso oculta algo en Parlamento autonómico en lo que se refiere a la gestión económica y que podría hacer saltar las alarmas? ¿O bien el blindaje ante Cuentas radica en el miedo a que se detecte que hay alguna práctica irregular a la que haya que poner fin de manera inmediata?

Muchas son las preguntas y, como es habitual, pocas las respuestas que llegan desde las Cortes. La transparencia sigue siendo una cuestión a mejorar por parte del Parlamento autonómico, aunque parece que bajo la Presidencia del ‘popular’ Francisco Vázquez existe una voluntad real de hacerlo. Sin ir más lejos, ahora se publican los acuerdos alcanzados en las reuniones de la Mesa de las Cortes, deliberaciones que anteriormente se guardaban como el más peligroso de los secretos.

Otro paso sería que tras 24 años de existencia, las Cortes de Castilla y León se sometieran a una fiscalización del Consejo de Cuentas, proceso por el que cada año pasan tantos y tantos organismos que van desde la Junta hasta las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Independientemente de lo que este análisis pudiera concluir, es importante que los ciudadanos conozcan a dónde van a parar cada año 30 millones de euros, a pesar de que su gestión corra a cargo de una de las instituciones con la que los castellanos y leoneses siente más desapego.

Además, abriendo por fin sus puertas al Consejo de Cuentas, las Cortes transmitirían una imagen de confianza como la de aquel que nada tiene que ocultar. La contraria, en definitiva, a la que trasladan actualmente autoexcluyéndose de ese control económico y que puede derivar en cuestiones relativas a si el Parlamento oculta algo de manera deliberada hasta el punto de bloquear cualquier fiscalización.

Al fin y al cabo, la situación no deja lugar a dudas. Incluso el propio Consejo de Cuentas, ahora bajo la batuta de Mario Amilivia, quiere impulsar una reforma normativa que le permita adquirir una verdadera independencia y trazar un Plan de fiscalizaciones que las Cortes no podrían bloquear si aparecen en la lista. Un Amilivia que, al igual que el resto de presidentes de las instituciones propias, se mantiene en funciones desde hace varios años ya que el PP y el PSOE no han logrado aún ponerse de acuerdo para la renovación de las mismas.

Queda saber, a la vista de todo lo anterior, si esta recién estrenada legislatura será por fin en la que la transparencia se extienda por todos los rincones del Parlamento autonómico. Porque más allá de la publicación de los contratos menores (por cierto, incompletos) o de cualquier otro tipo de información económica, no habrá mejor ejercicio de transparencia que someterse a la investigación pormenorizada del organismo autonómico dedicado específicamente a ello.