La Junta rechaza acoger más menas más allá de los 190 actuales que hay en Castilla y León

La Junta de Castilla y León se cierra a acoger menores extranjeros no acompañados por encima de las 190 plazas con las que cuenta en el sistema. Así lo señaló este jueves el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien señaló que el objetivo del Ejecutivo es que los menas que llegan a la Comunidad "reciban el mejor tratamiento posible". "Aumentar el número de personas supondría poner en riesgo la calidad del servicio que prestamos a estos menores que merecen toda nuestra atención y es la filosofía que mantenemos", aseveró.

Insistió Carriedo que lo que quiere la Junta de Castilla y León es "dar el mejor tratamiento posible a las personas que están acogidas en el sistema de protección". "Para eso tenemos una serie de recursos", apostilló.

En relación con esto, Carriedo también fue preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre la ausencia del vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en la reunión sectorial de infancia. Así, cargó contra el gobierno por haber tomado una "decisión unilateral", aumentando el cupo para el cual "no tienen plazas las comunidades autónomas".

"Tampoco lo tenemos en Castilla y León y es lo que hemos informado al gobierno", trasladó Carriedo, quien señaló que "no es cuestión de dinero". "No es cuestión de señalar con qué dinero nos conformaríamos para que estas personas vinieran a Castilla y León, es cuestión de disponer de recursos adecuados para esta finalidad", aseveró el portavoz.

"Hemos informado cuáles son las plazas de las que disponemos y creo que hace mal el gobierno en tomar una decisión unilateral sin contar con la posición de las comunidades autónomas y sería bueno que llegáramos a un acuerdo sobre cuántas personas podemos atender con el máximo nivel de calidad y dándoles aquello que merecen", finalizó.

Leyes de amnistía y nietos

En otro orden de cosas, Fernández Carriedo expresó este jueves el “absoluto respeto” del Ejecutivo a las dos sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avalan la aplicación de la amnistía en los casos que de malversación y de terrorismo, algo que estudiarán y analizarán. No obstante, apuntó que esto no significa que se trata de una ley “buena” o “favorable” a los intereses de la Comunidad, informa Ical.

Fernández Carriedo precisó que el TJUE ha revisado el encaje jurídico de la ley de amnistía en el derecho comunitario, tras las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal de Cuentas. “Máximo respeto”, reiteró, pero precisó que el tribunal de Luxemburgo no entra en el fondo del asunto y ni en la valoración política de la norma promovida por España.

Al respecto, el consejero portavoz recordó que la ley de amnistía, que la Junta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, se aprobó para dar inicio a una legislatura y a cambio de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En este caso, señaló que se beneficiaron las dos partes, tanto los amnistiados por sus actuaciones durante el desafío secesionista de Cataluña como el Gobierno.

Sin embargo, Fernández Carriedo sostuvo que esto produjo un “claro perjuicio” al conjunto de los españoles porque insistió en que la ley de amnistía para los líderes del ‘procès’ catalán supone implantar un “trato diferenciado” y “favorable” a una serie de dirigentes a cambio del apoyo de unos partidos a la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

Por último, el consejero portavoz sostuvo que en este asunto existen dos elementos “diferenciados”, por un lado el “respeto absoluto” a la decisión judicial, y por otro la cuestión política derivada de la actuación del Gobierno por su “propio” interés.

Asimismo, el portavoz también confirmó que la Junta de Castilla y León recurrirá la conocida como ‘ley de nietos’, una disposición prevista en la norma de Memoria Democrática aprobada en 2022, si el estudio jurídico solicitado este miércoles por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, determina que se ha producido una invasión de las competencias autonómicas “de forma directa”.

Fernández Carriedo explicó a preguntas de los periodistas la petición de Pollán, impulsada también por los vicepresidentes de Vox en Aragón y Extremadura, frente a la denominada ‘ley de nietos’ en lo referido a la concesión de la nacionalidad a descendientes de españoles y su inclusión en el censo electoral.

De esta forma, Fernández Carriedo apuntó que si el informe encargado a los servicios jurídicos de la Junta determina que esta normativa afecta a las competencias autonómicas se presentará una demanda judicial en los “términos más oportunos” y ante la “institución” que pueda corresponder.

No obstante, el portavoz del Ejecutivo que comparten PP y Vox no se refirió a las acusaciones lanzadas por los de Santiago Abascal que sostiene que la ‘ley de nietos’ compromete la “limpieza” de las elecciones, en concreto de las próximas generales, porque se trata de una “maniobra de ingeniería electoral”.

Finalmente, el consejero portavoz reiteró el respeto de la Junta a las decisiones judiciales y enmarcó el recurso en la invasión de competencias de la Comunidad, aunque señaló que la existencia de “contradicciones normativas” no impide que haya “márgenes de actuación” de carácter político.

Financiación autonómica

Por otro lado, Carriedo pidió al secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, que apoye al Ejecutivo en su “oposición radical” al denominado “modelo Junqueras”, pactado por el Gobierno y el líder de ERC para reformar la financiación autonómica, tras interpretar que la propuesta del dirigente socialista es un reconocimiento expreso" de que es “malo” para Castilla y León. No obstante, lamentó que no tenga una “actitud fiable en el tiempo” en sus posiciones sobre este asunto.

“No sabemos qué día tendrá el PSOE", afirmó sobre el documento presentado este martes por Carlos Martínez ante la reforma del modelo de financiación emprendida por el Gobierno y que se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) del próximo 29 de julio.

Al respecto, el consejero portavoz destacó que si el PSOE admite que el nuevo modelo es “perjudicial” para la Comunidad debería apoyar a la Junta en su rechazó. No obstante, apuntó que Carlos Martínez señala unos días que la “música le suena bien” y otros reconoce de forma expresa que es “muy negativo". Por ello, confió en que se oponga al sistema diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y defienda los intereses de Castilla y León.

“Es una evidencia que es malo para España y sus comunidades”, expuso Fernández Carriedo quien denunció que el nuevo modelo surge de un pacto de Oriol Junqueras con Pedro Sánchez, que después se traslada al resto de comunidades, por lo que agradeció el gesto de “sinceridad” que tuvo el líder de ERC al informar de los detalles de este sistema, que apuntó reduce el peso de la superficie, pasando del 1,8 al 1,6%, así como el de la dispersión del 0,6 al 0,5%.

También, agregó, que deja fuera a Castilla y León del reparto de fondos por costes fijos al limitarse a las autonomías con hasta dos millones de habitantes, así como del referido a los desafíos del cambio climático, pese a tener casi el 20% de la masa forestal. Con ello, resumió, la Comunidad, con el cinco por ciento de la población total, sólo recibe el 1,29% de los nuevos recursos previstos.

De esta forma, preguntó al líder de PSOE de Castilla y León qué le trasladó el presidente catalán, Salvador Illa, en su reunión del pasado viernes en Barcelona sobre sus propuestas referidas al territorio y qué postura tiene al respecto también el ministro de Hacienda, Arcadi España. Además, recordó que la Junta mantiene la propuesta enviada al Gobierno en marzo de 2025, como trasladaron en el encuentro técnico del pasado martes, 14 de julio.

Finalmente, Fernández Carriedo confió en que impere la “coherencia” y el PSOE apoye a la Junta en su rechazo al nuevo modelo y, si llega al parlamento, los diputados socialistas voten en contra.

Ayudas al alquiler

Finalmente, la Junta de Castilla y León resolverá este mes de julio las ayudas al alquiler de vivienda correspondientes al año 2025 con la publicación del listado de beneficiarios en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Además, introducirá alguna modificación, vinculada al “arraigo”, en la próxima convocatoria, prevista para finales de este año.

Carriedo garantizó que estas ayudas, que se pudieron solicitar hasta el pasado 30 de enero, se resolverán de acuerdo a las bases publicadas anteriormente, aunque se haya producido un nuevo ejecutivo al frente de la Junta.

Estas ayudas, convocadas en diciembre de 2025 por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y que ahora dependen de la Vicepresidencia Segunda, cuenta con un presupuesto inicial de 27,5 millones de euros, ocho millones más que en 2024. No obstante, se puede ampliar la dotación hasta los 59,5 millones para poder llegar a todas las personas que cumplan y justifican los requisitos.

Están dirigida a personas y unidades de convivencia con ingresos económicos limitados que residan en viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso en Castilla y León, con una atención específica a jóvenes de hasta 35 años y a personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Las ayudas pueden alcanzar, con carácter general, el 50 por ciento de la renta mensual del alquiler, porcentaje que se incrementa hasta el 60 por ciento en el caso de jóvenes de hasta 35 años y llegan al 75 por ciento tanto en el ámbito rural para los jóvenes, como para situaciones de especial vulnerabilidad. Los límites de ingresos se sitúan entre 0,5 y tres veces el IPREM, con ampliaciones de hasta cinco veces el IPREM para familias numerosas o personas con discapacidad.

En los últimos años, la Junta de Castilla y León ha reforzado de forma significativa esta línea de ayudas. Entre 2022 y 2024 se beneficiaron más de 53.700 personas, más de 20.000 familias en la convocatoria resuelta en 2025, y para esta se prevé alcanzar en torno a 23.500 beneficiarios, con una subvención media aproximada de 2.500 euros. Desde 2015, estas ayudas han llegado a más de 131.000 familias en la Comunidad.