Gago asume el compromiso de aprobar en el primer año de legislatura la Ley de Concordia

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, asumió el compromiso de aprobar en este primer año de legislatura una ley de Concordia, tal y como recoge el pacto de PP y Vox. El objetivo, dijo, es superar y actualizar el marco normativo actual y garantizar el reconocimiento de “todas” las víctimas de la violencia social, política, o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole.

En su comparecencia ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes para exponer su programa para esta legislatura, González Gago reafirmó también el “firme” compromiso con las víctimas del terrorismo y con “la defensa de una memoria construida desde la verdad”, informa Ical.

“Un pueblo que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo”, apostilló el consejero, quien destacó que se mantendrá el programa Testimonio en las Aulas y la convocatoria anual de los Premios a trabajos sobre Deslegitimación del Terrorismo.

En los próximos meses, como trasladó ya el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se iniciarán los trámites necesarios para desarrollar reglamentariamente la Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, aprobada en 2017. Con ello, según explicó el consejero, se pretende consolidar un marco normativo “estable y eficaz” que garantice su plena aplicación en todos los ámbitos institucionales.

También, reiteró la aprobación de un Plan de medidas de apoyo y protección a las víctimas del terrorismo, cuatrienal y de carácter transversal a todas las políticas públicas de las diferentes consejerías, donde se contemplen las acciones "concretas" que se abordarán y desarrollarán en ese periodo.

Financiación local

Por otra parte, el consejero anunció que los nuevos presupuestos para 2027 garantizarán una cuantía mínima en el fondo de participación en los impuestos propios. Con ello se evitará que se disminuya la financiación de las entidades locales si se rebaja la recaudación fruto de medidas como la eliminación del impuesto autonómico sobre vertederos, por ser incompatible con la imposición estatal de esta actividad.

También aseguró que el Fondo de Cohesión Territorial se incrementará, como novedad, de forma idéntica al Fondo de Cooperación Económica Local General. Además, el próximo año se incrementarán en otros 3.000 euros las ayudas a centros de ocio y convivencia de pueblos si el bar incorpora una pequeña tienda.

Al respecto, González Gago avanzó la modificación del decreto por el que se regulan las bolsas para la cobertura interina de puestos de secretarios-interventores. También reclamó al Gobierno un mayor compromiso con la cobertura definitiva de estos puestos, así como la aprobación del Estatuto del Pequeño Municipio y una nueva financiación local, como autonómica que siga los principios de “justicia social, solidaridad y equidad”.

Juego

El titular de la Presidencia avanzó igualmente la aprobación en este segundo semestre del año de la Estrategia de Juego Responsable de Castilla y León, en la que se reforzarán las políticas de prevención, sensibilización y protección, especialmente dirigidas a los colectivos más vulnerables.

Finalmente, comprometió cinco decretos para aprobar los reglamentos reguladores de los subsectores del juego: casinos, bingos, salones de juego, apuestas y máquinas). Además, en la próxima primavera se renovará el convenio suscrito en 2023 entre la Secretaría de Estado de Seguridad -Dirección General de la Policía- y la Comunidad.

Ley de Función Pública

La Junta iniciará de forma “inmediata” la tramitación para aprobar un proyecto de Ley de Función Pública de Castilla y León en el primer año de la legislatura. A esto se unirán medidas para “racionalizar” el tiempo de trabajo y mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, así como incentivos para los puestos de trabajo de difícil cobertura, especialmente en las zonas rurales y en las localidades más alejadas.

Luis Miguel González Gago, prometió impulsar una transformación “profunda, ambiciosa y sostenida en el tiempo” de la Administración que situará a los ciudadanos y empleados públicos en el “centro” de la acción.

Por ello, explicó a la Comisión de la Presidencia que la nueva ley de Función Pública, que recoge el pacto de PP y Vox, se adaptará a las últimas modificaciones de la normativa básica estatal y tratará de “ordenar, modernizar y proyectar” hacia el futuro a los empleados públicos. Además, ofrecerá “seguridad jurídica” y de “mayor flexibilidad” a la gestión de los recursos humanos,.

Otra de las políticas que destacó el consejero es la negociación de un nuevo convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración autonómica o la actualización de las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral. También de forma “inmediata” se seguirá negociando con los sindicatos la “reclasificación profesional” del personal laboral aún pendiente.

Igualmente, se desarrollará una Estrategia de Ordenación de los Recursos Humanos, que según González Gago partirá de un análisis “riguroso” de la evolución de la función pública en los últimos años, y que permita anticipar, con una visión a medio y largo plazo, las necesidades “reales” de personal.

Por otra parte, se impulsará de forma “decidida” la evaluación del desempeño profesional y se recuperarán las ayudas de acción social, reforzando el compromiso institucional con nuestros empleados públicos y reconociendo su papel fundamental en la prestación de los servicios. Además, se favorecerá el intercambio de personal entre los distintos ámbitos de la administración autonómica -general, sanidad y educación-.

Acuerdos

La Junta de Castilla y León aspira a renovar los protocolos de colaboración con Galicia, Aragón y La Rioja, así como el existente con la Comunidad de Madrid, que vence este año. Además, prevé impulsar la suscripción de nuevos acuerdos con Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y el País Vasco para completar el mapa de cooperación con los territorios limítrofes.

En ese sentido, González Gago aseguró que su equipo, que recordó cuenta con tres altos cargos menos, tiene como objetivo “trabajar por esta tierra”. “Cuatro años en los que Castilla y León, los castellanos y leoneses, y el servicio público, serán siempre lo primero”, agregó el consejero, quien destacó el carácter “transversal y horizontal” de su departamento.

Como novedad, el titular de la Presidencia comunicó que se remitirá en breve a las Cortes el proyecto de Ley de creación del Consejo de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, una vez finalizada su tramitación administrativa, lo que podría convertirlo en el primer texto legislativo que promueve la Junta.

Asimismo, González Gago reafirmó el compromiso de alcanzar la “máxima fluidez” en las relaciones con el Gobierno central, aunque eso no impida recurrir normas ante el Tribunal Supremo, como la regularización de inmigrantes o sobre la acogida de menores migrantes, o ante el Constitucional, como en el caso del lobo.

Igualmente, el consejero insistió en el interés de suscribir convenios con el Estado y defendió la “regularidad” de las conferencias de Presidentes, así como la mayor participación de las comunidades en la elaboración de los órdenes del día de estos encuentros, ya que el último se celebró en Barcelona hace más de un año. También garantizó la presencia en las diferencias conferencias sectoriales, si bien señaló que no pueden convertirse por parte del Gobierno en un “simple trámite”.