Castilla y León solicita a la Fiscalía que certifique la edad de 26 menas

La inmigración ha sido uno de los puntos centrales de la presentación del programa de la Consejería de Desregulacion, Familia y Ayudas Sociales de Carlos Pollán (VOX). Dentro de este ámbito enfocó gran parte de sus intervenciones en los menas (menores migrantes no acompañados) y desveló que la "media" de gasto por cada uno de ellos en Castilla y León asciende a los 150 euros al día. Una cifra que si se multiplica por los 30 días de un mes, sale que cada menor migrante no acompañado le cuesta a la Junta 4.500 euros mensuales. A mayores, la Fiscalía comprueba actualmente la edad de 26 menores.

El objetivo que persigue Pollán y su equipo es "evitar fraudes en la condición del menor y el colapso de los servicios". "Aun siendo menores, si damos por buena una edad inferior a la que tienen, se garantizan un fraude a futuro al poder permanecer en los centros tiempo después de cumplir la mayoría de edad", significó el vicepresidente para posteriormente apuntar a posibles situaciones de "conflictividad" al juntar a menores de diversas edades: "Lo correcto es que los menores estén en los centros de acogida agrupados y atendidos por grupos de edad, ya que eso afecta gravemente la convivencia, pues puede desencadenar situaciones de conflictividad de las que acaban siendo víctimas otros menores". Así, apuntó a "saber cuántos años les queda de tutela" y a la convivencia entre ellos: "No podemos tener a niños de, 10, 11 años conviviendo con persones que supuestamente tienen 17, 16 años, y eso en el caso de que se compruebe que son menores".

El vicepresidente primero mostró su rechazo al reparto de menores que pretende llevar a cabo el Gobierno de España: "Una política que no hace otra cosa que fomentar el efecto llamada y el tráfico de personas y perjudicar, todavía más, un sistema que hace ya tiempo se encuentra más allá del límite de su capacidad y protección de menores. Por si alguien se pregunta cuál es dicho límite, la respuesta es clara: un solo menor no acompañado en situación irregular, uno solo, ya desborda la capacidad de acogida de Castilla y León".

Así, Carlos Pollán afirmó que actualmente hay 190 menas en la Comunidad y denunció que el Ejecutivo central quería asignar otros 833 a la Comunidad. En cuanto al gasto que le supone a la Junta un menor migrante no acompañado, según datos de la Consejería de Familia, el coste mínimo es de 118 euros diarios, mientras que el máximo asciende a los 202. Dentro de este dinero se incluyen distintos servicios como la manutención, la estancia en el centro, los educadores, etc. De los 190 que actualmente están bajo la tutela de la Junta, 32 de ellos son ucranianos que llegaron tras el estallido del conflicto en su país. 

El vicepresidente aportó distintos datos sobre estos menores, entre ellos significó que de los 190 que hay en la Comunidad, 185 tienen entre 14 y 17 años: "Un dato que echar por tierra el relato de niños y niñas, entre 14 y 17 años son adolescentes. La práctica totalidad de los menores no acompañados son adolescentes, alguna ya con un pie en la mayoría de edad. Si no tiene los dos pies". Así, también confirmó que actualmente hay 26 procedimientos abiertos para verificar la edad de estos menas. Un trámite del que se encarga la Fiscalía a petición de la anterior Consejería de Familia, no de la actual en manos de VOX. 

Así, el número dos de la Junta aseguró que no habilitarán nuevos centros de acogida de menas ni se ampliarán las plazas actualmente existentes: "Que Castilla y León, igual que el resto de España, sea tierra de acogida no significa que quepa todo el mundo".

En lo que a subvenciones se refiere, aseguró que suprimirán "todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas": "Ni un euro de los castellanos y leoneses saldrá de su bolsillo para fomentar el efecto llamada". Por otro lado y también relacionado con el dinero que destine su Consejería a este aspecto, aseguró que se realizará "una auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente". 

Más allá del destino de dinero a subvenciones o ONG, Pollán aseguró que desde la Junta se trabajará "activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen". "Promoveremos acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos de los menores con sus padres", aseguró Pollán en base al artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.