VOX anuncia pruebas de edad a los menas en Castilla y León y repatriación de inmigrantes ilegales

La Junta de Castilla y León seguirá el ejemplo de Extremadura y Aragón y realizará pruebas de edad a los menores extranjeros no acompañados (menas). Así lo anunció este lunes el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómicos y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (VOX), en declaraciones ante los medios de comunicación tras una reunión con Cáritas.

El anuncio de Pollán corresponde, además, con el cumplimiento de una de las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno de PP y VOX y que incluye, precisamente, la realización de esas pruebas de edad a los menas para confirmar si, efectivamente, son menores de edad.

En todo caso, las actuaciones en materia de inmigración anunciadas este lunes por Pollán no se quedarán en las pruebas de edad, puesto que el vicepresidente primero anunció también que la Junta pondrá en marcha planes de retorno y procesos de repatriación para inmigrantes ilegales que se encuentren en la Comunidad, además de procesos para comprobar si los menores que están en centros tienen familiares viviendo en España.

Pollán, que realizó estas declaraciones tras mantener una entrevista con responsables autonómicos de Cáritas, adelantó que también se auditará todo el gasto público de la Comunidad para evitar que vaya a la inmigración ilegal y se dejará de habilitar espacios para menores, a la vez que se endurecerá el régimen interno de esos centros, “donde tenemos que respetar y valorar el trabajo que hacen nuestros funcionarios y el personal de esos centros, para que no sufran las situaciones que están padeciendo”.

Según explicó el vicepresidente, con la llegada de los directores generales de VOX a las distintas áreas de la Consejería, se seguirá la misma línea de trabajo que en Extremadura y en Aragón, y junto a la preparación de planes de retorno y repatriación, también se pondrán en marcha mecanismos para verificación de la edad de los “supuestos menores”. En este sentido apuntó que casi el 80% de los menores a los que se les ha realizado pruebas de edad en Aragón no son tales, y también se ha comprobado en Extremadura que un 18% de esos menores no acompañados tienen familiares directos en España. Además, en la Comunidad de Madrid también se han puesto en marcha estas pruebas. “Estamos atendiendo a menores no acompañados cuando tienen familia directa en territorio español. Creo que es una circunstancia que no se puede asumir”, remarcó en declaraciones recogidas por Ical.

Conviene recordar, no obstante, que Castilla y León, al igual que el resto de comunidades autónomas, no tiene competencias en materia de inmigración, sino que éstas recaen en el Estado y que, de hecho, permiten al Gobierno realizar el reparto de menas que tantas críticas cosecha por parte de la Comunidad.

En este sentido, Pollán confirmó que en los próximos días los servicios jurídicos de la Junta presentarán el recurso contra la decisión del Gobierno de España de aumentar la capacidad de acogida de ‘menas’ hasta las 833, y recalcó que esta decisión es “inasumible” para Castilla y León.

“Ahora mismo tenemos 153 plazas y estamos por encima de la capacidad", por lo que multiplicar por cinco esta capacidad de “forma unilateral, sin consenso ni participación de las comunidades autónomas que son las que tienen que gestionar esos recursos, es absolutamente imposible”.

A su vez, remarcó que no se trata de cuestión de financiación, de recursos, o de plazas, es una “oposición frontal a la política migratoria de Pedro Sánchez, que está suponiendo de colapso de los servicios sociales en toda España. Lo hacemos por principios y por responsabilidad política, para no participar en la estafa migratoria que está protagonizando Pedro Sánchez”. Además, matizó que con esta decisión se cumple el pacto de gobierno con el PP, en el que se habla claramente de “nuestra oposición frontal a cualquier política relacionada con la inmigración ilegal en la Comunidad”.

El vicepresidente también recordó que la propia Ley de Extranjería establece que se pueden alcanzar acuerdos con los países de origen para logar “que los menores estén donde tienen que estar, que es con sus padres”. Además, puntualizó que las pruebas de edad se deberán hacer en colaboración con la Fiscalía, como está ocurriendo en Extremadura y Aragón. “Aquí seguiremos los mismos plazos y los mismos trámites para poder realizarlos”, apuntó.

Por otra parte, Pollán confirmó que las ayudas a la inmigración comprometidas para este año se respetarán, pero concretó que, a partir de ahora, se estudiarán todas las ayudas y todas las subvenciones que se están repartiendo de cara al futuro.

Con relación a Cáritas, además de poner en valor la labor que realiza en favor de las familias vulnerables y en campos como la ayuda a la infancia y la lucha contra las adicciones, Pollán remarcó que la Junta seguirá defendiendo este tipo de acciones, pero advirtió “que todo lo relacionado con la inmigración ilegal lo vamos a intentar combatir”.

Por último, el vicepresidente también aprovechó su atención a los medios para lamentar el fallecimiento del director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, Iván Sanz Cid, su esposa, Irene Garijo, y dos de sus hijos, en el trágico accidente de tráfico ocurrido ayer en la provincia de Palencia.