Las Cortes de Castilla y León, única institución sin control laboral y horario tras 43 años

La sede de las Cortes de Castilla y León, ubicada en la avenida de Salamanca de Valladolid, bien podría ser la representación arquitectónica de una pequeña isla en medio del océano donde las normas que rigen al resto allí no se aplican. Al menos, no aquellas que obligan a todas las empresas e instituciones de España a llevar un control horario y laboral, siendo así el Parlamento autonómico la única institución donde no existe ningún tipo de registro para llevar a cabo ese control desde que existe la institución, hace ya 43 años.

Y es que, lejos de disponer de un sistema para fichar cuando llegan a su puesto de trabajo o cuando se marchan del mismo, las Cortes no disponen del control que existe en cualquier otra administración y que es muy habitual ver en empresas del sector privado, toda vez que la norma establece como obligatorio un control de las jornadas que realiza el personal, tal y como reconocen desde el departamento de prensa de la Presidencia del Parlamento castellano y leonés.

Dicho de otra forma, lo que aplica en el resto del país y de la Comunidad, en todos los organismos públicos y en empresas privadas, no sirve para la Cámara autonómica, curiosamente aquella en la que se legislan normas y leyes que los castellanos y leoneses sí deben cumplir.

Y es así desde que las Cortes son Cortes, hace ya 43 años, sin que se le haya puesto solución. Ni siquiera aquellos presidentes de partidos que aseguraban y aseguran que vienen a regenerar la política y la gestión pública. Ni Luis Fuentes en su etapa de presidente con Ciudadanos, ni tampoco Carlos Pollán de VOX en la pasada legislatura hicieron nada para ponerle remedio.

La realidad, tal y como detallan desde la Presidencia de las Cortes, es que nadie de quien trabaja en las Cortes debe registrar la hora a la que entra a trabajar o la hora a la que sale, de manera que no se contabilizan las horas que trabaja. Pero no lo hacen ni el personal laboral ni los funcionarios, pero tampoco los propios políticos, incluidos los que disfrutan de una dedicación exclusiva de más de 100.000 euros al año sin tener que justificar si acuden o no a trabajar a la sede del Parlamento; o los propios asesores de los grupos parlamentarios, ahora no obligados a acudir presencialmente por esa falta de control.

Una realidad que contrasta, además, con el resto de instituciones o administraciones, donde ese control horario y laboral se lleva a cabo de manera estricta. Un ejemplo es la Junta de Castilla y León, que cuenta con una plantilla mucho más amplia en muchas más sedes de todas sus consejerías y que, tal y como dejan claro las fuentes consultadas por este periódico, controla la entrada y salida de sus trabajadores en todos y cada uno de sus departamentos.

Como ocurre también en los ayuntamientos y diputaciones, donde a través de mecanismos que vienen a emular los que establece el Estatuto de los Trabajadores para la empresa privada, ejercen sus controles de la jornadas de sus empleados públicos.

Una empresa privada que, de hecho, es la que más vigilada está en este sentido después de que en 2019 se modificara mediante Real Decreto-ley el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para fijar la obligatoriedad universal del control horario en todas las empresas de España y, además, las correspondientes sanciones por incumplimiento de la norma.

En este sentido, es cierto que las administraciones públicas no se rigen por el Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere a su personal, sino que deben desarrollar una normativa propia para establecer, entre otras cosas, sus mecanismos de control. Y lo han hecho, al menos en su mayoría, ya que las Cortes se quedan fuera de la lista al menos hasta el momento.

Fue en 2019 cuando el control horario se universalizó para todas las empresas y administraciones de España, aunque fueron los cambios impulsados por Yolanda Díaz en 2025 los que endurecieron la aplicación con reformas como la que obligaba a que el control se realizase en una plataforma digital. Nada se hizo bajo la presidencia de Luis Fuentes (Ciudadanos), ni tampoco con el hoy vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (VOX), al frente del Parlamento autonómico. Todavía es una cuestión pendiente y necesaria para equiparar a las Cortes con el resto de organismo públicos y con las empresas que sí ejercen ese control horario y laboral, cumpliendo así así con lo que marca la ley. Algo que no sucede en la Cámara autonómica.

La realidad es que el Parlamento de Castilla y León carece de cualquier tipo de mecanismo para ese control laboral, tal y como obliga la ley y se hace ya en todos los organismos y empresas.

Una situación que el recién estrenado presidente del Parlamento autonómico, el ‘popular’ Francisco Vázquez, quiere corregir desde ya. De hecho, según se indica desde la propia Presidencia, Vázquez, quien hereda esta situación irregular, trabaja ya en la implantación de ese control horario de los empleados de las Cortes, tal y como exige la normativas. Para ello, Francisco Vázquez aprovechará la próxima reunión de la Conferencia de presidentes de parlamentos autonómicos (Coprepa), que tendrá lugar el 9 de julio en el Senado, para ver cómo ejercen ese control de horarios en el resto de parlamentos para trasladar aquí la opción más factible y adecuada.

A Francisco Vázquez no le es nuevo el tener que ejercer el control horario de empleados públicos. El hoy presidente de las Cortes autonómicas ya hacía lo mismo en su etapa como máximo responsable de la Diputación de Segovia. En la institución provincial segoviana, a cuya Presidencia llegaba en julio de 2011 y se mantenía hasta 2019, Vázquez era quien imponía la obligación de fichar a los funcionarios y empleados públicos, que hasta su llegada no tenían control alguno sobre sus horarios.

Las Cortes deberán ser ágiles en esto para evitar que no pase lo mismo que con el anterior portavoz del PSOE, Luis Tudanca, quien s0lo acudía a sede parlamentaria una vez cada 15 días para participar en los plenos. De hecho, no iba ni a las juntas de portavoces en una costumbre que se empieza a implantar entre los actuales dirigentes del partido y que contras con lo que ocurre en el Congreso el Senado, a cuyos miembros es difícil verles en otro lugar, al menos en las jornadas de mañana.

En este sentido, este periódico se ha puesto en contacto con un abogado laboralista que valora la falta de control horario de las Cortes como «escandaloso que en el siglo XXI haya gente a la que se le dé dinero por hacer algo y no esté registrado». En este sentido, recuerda que fichar, y especialmente en el caso del Parlamento autonómico, es una cuestión de «transparencia», ya que sirve para «saber lo que está haciendo allí cada uno».

Sin embargo, este abogado también remarca que el control horario tiene que ver con los derechos del trabajador, puesto que permite conocer si se realizan horas extra, por ejemplo. En definitiva, mecanismos que están implementados en todas las empresas e instituciones, con excepción de las Cortes, con unos objetivos que en el caso del Parlamento autonómico no se pueden cumplir.

Pero el del control de los horarios de los trabajadores no será el único de los asuntos a los que deba hacer frente Vázquez, dentro del rosario de escándalos de las Cortes. La Mesa de la Cámara autonómica tiene también otros muchos y espinosos asuntos a los que debe enfrentarse heredados, de nuevo, de la legislatura anterior. Debe, por tanto, interesarse por la situación de la funcionaria que denunció por acoso laboral al exletrado mayor, Marcos Herrero, consiguiendo el respaldo de los tribunales de justicia.

De hecho, la Mesa de las Cortes con Vázquez a la cabeza debe descubrir si a Herrero, que dimitió como secretario general tras los escándalos, se le ha abierto expediente o se le ha aplicado alguna medida disciplinaria.

Conviene recordar que en el pasado mandato del Parlamento autonómico se ocultaron hasta cuatro sentencias que ganó la funcionaria apartada de su puesto de trabajo y más tarde restituida, tal y como denunció el propio Partido Popular y cuyos representantes en la Mesa no tuvieron noticias de las mismas hasta su publicación en los medios de comunicación.

Pero también está la reciente dimisión por sorpresa del presidente de la Junta de Personal de la Cámara autonómica, José Carlos Celada, con quien este periódico ha intentado ponerse en contacto sin éxito y sin recibir respuesta a las llamadas. Una dimisión de un cargo que aún no se ha publicado y que está adscrito a la Secretaría General de las Cortes y, por tanto, a la nueva letrada mayor, Laura Seseña, quien acaba de llegar al puesto hace solo unos meses encontrándose con todo este rosario de escándalos.

Rosario de escándalos que, de hecho, se han venido produciendo porque nunca nadie ha hecho nada para ponerles coto, ni siquiera después de las sentencias condenatorias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, entre otras cosas, tumbaron la modificación de la relación de puestos de trabajo que afectada a la funcionaria que denunció al ex letrado mayor. Al fin y al cabo, el Parlamento no cuenta siquiera, a día de hoy, con un protocolo anti acoso.