El alto coste de enchufarte al oxígeno en Castilla y León

Para algunos pacientes, apagar un respirador durante varias horas no es una opción. El oxígeno, si es vital para cualquier ser humano, lo es más para quien sufra de Apnea del Sueño, EPOC u otras patologías que requieran un equipo médico enchufado en casa, lo que supone un coste añadido en las facturas que, además, no es cubierto por la Consejería de Sanidad en la mayoría de casos. Ante esa realidad interviene el Procurador del Común, que aconseja a la administración autonómica «arbitrar mecanismos de apoyo económicos adecuados» debido al «incremento sostenido del coste de la energía eléctrica».

El nuevo expediente abierto por la institución presidida por Tomás Quintana surge a raíz de una queja que reflejaba «disconformidad» por la «ausencia de ayudas económicas destinadas a sufragar los gastos de electricidad que soportan los pacientes que precisan terapias respiratorias domiciliarias mediante dispositivos conectados a la red eléctrica». De hecho, concretaba que el problema reside en los equipos distintos a los concentradores utilizados en oxigenoterapia, como pueden ser los dispositivos CPAP, o los ventiladores domiciliarios.

No es la primera vez que desde el Procurador del Común se dirigen a la Consejería de Sanidad por una cuestión de compensación económica del estilo, específicamente para el compresor de aire utilizado por pacientes que sufren de Apnea del Sueño. «Dicha recomendación fue aceptada parcialmente (...) Se valoraría la posible incorporación al régimen de ayudas de otras terapias respiratorias domiciliarias», se apunta en el expediente recogido por este periódico. No obstante, desde la fecha de la resolución, realizada hace ya cinco años –noviembre de 2021–, la institución «no tiene constancia de que se haya producido actuación efectiva en tal sentido», de forma que hasta la actualidad la única compensación económica existente por gastos de electricidad se incluye con el uso de concentradores de oxigenoterapia, con tarifas máximas aplicables a la prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria.

«En relación con la posible extensión de dicha compensación a otras terapias respiratorias domiciliarias, la Consejería de Sanidad señala que ha valorado su eventual incorporación, teniendo en cuenta, entre otros factores, la diversidad de modalidades terapéuticas, el incremento del número de pacientes, la heterogeneidad del consumo eléctrico asociado a los distintos dispositivos, así como las dificultades de gestión y tramitación que supondría la articulación de ayudas directas a los usuarios», se refleja en el expediente del Común, que extrae de esos argumentos que desde la administración autonómica se considera la creación de una nueva regulación ajena a la actual, que no está diseñada para dar ayudas a los pacientes sino para pagar a las empresas que prestan el servicio respiratorio domiciliario.

La propia Consejería de Sanidad reconoció a Tomás Quintana que hay otras terapias ajenas a la oxigenoterapia que conllevan consumo eléctrico, como la de la Apnea Obstructiva del Sueño (CPAP/AUTOCPAP); terapias ventilatorias (ventilador con doble nivel de presión, ventilador controlado por presión o volumen y servoventilador); Aerosolterapia; o la monitorización de la apnea y equipos de apoyo (aspirador de secreciones, pulsioxímetro y asistente de tos). Por ello, desde el Común se afirma que «concurre una situación materialmente similar en cuanto a la necesidad de utilización continuada de equipos conectados a la red eléctrica para la adecuada prestación de la asistencia sanitaria domiciliaria».

«Las dificultades de gestión o la heterogeneidad del consumo eléctrico no pueden erigirse, en obstáculo suficiente para excluir de forma generalizada cualquier medida compensatoria en aquellos supuestos en que los pacientes soportan costes energéticos derivados directamente de tratamientos prescritos por el sistema sanitario público», añaden desde el Procurador del Común.

En un contexto de «incremento sostenido de la energía eléctrica» que «repercute especialmente en personas con patologías crónicas y necesidades terapéuticas permanentes», la institución presidida por Tomás Quintana pide impulsar un «sistema de compensación económica» atendiendo a criterios objetivos de necesidad terapéutica, consumo energético y uso continuado de los equipos prescritos. Además, considera más «apropiado» articular estas ayudas mediante un marco normativo distinto del previsto para las prestaciones sanitarias concertados, por lo que reclama «la aprobación de un marco regulador específico que permita articular dichas ayudas de manera homogénea, garantizando los principios de equidad y adecuada protección de los pacientes afectados».