El campo exige el fin de las restricciones al agua e incrementar el regadío un 53%

Frente común de las organizaciones agrarias para mejorar la gestión de las aguas de todos los pantanos, ríos, canales y pozos que se abren a lo largo y ancho de la cuenca del Duero. Los agricultores quieren más agua disponible para dar un impulso al regadío en Castilla y León, pues la superficie irrigada está muy por debajo de la media nacional. Quieren acabar con restricciones y obstáculos al acceso del agua, cortapisas que plantea la normativa actual, en vigor desde que la aprobó por las bravas durante el pasado ciclo hidrológico la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Alzan su voz ahora, cuando se tramita una nueva regulación para el próximo periodo y acaba de concluir la primera etapa de consulta pública,

Los cultivos de regadío dependen de lo que se legisle en el nuevo Plan Hidrológico, el que entrará en vigor en 2028 y estará en vigor hasta 2033. Se trata de un documento que requiere años de elaboración, cuyos primeros pasos comenzaron hace medio año, con la exposición pública, durante seis meses, del documento titulado Esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas, desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el pasado 28 de mayo de 2026, hace tres semanas.

Durante ese periodo, cualquier agente del sector pudo presentar observaciones, sugerencias y propuestas al documento en el Registro de la Confederación Hidrográfica del Duero, y así lo hicieron dos de las cuatro organizaciones profesionales agrarias (Opas): Asaja y Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). En el caso de UPA y Coag, no presentaron ninguna propuesta pero dejan sus argumentos, parecidos a los de las otras dos organizaciones, para un segundo plazo de alegaciones.

Las dos coinciden en la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento de la cuenca con más pantanos, embalses y balsas, e incrementar la inversión en otras infraestructuras agrarias, así como simplificar los trámites administrativos para las concesiones de aprovechamiento, desbloquear acuíferos y tomar medidas restrictivas solo cuando esté probado científicamente que son necesarias.

Asaja Castilla y León explicó sus alegaciones al documento de la CHD con un comunicado en el que advirtió de que el Plan Hidrológico «debe de surgir del consenso entre todas las partes, un consenso que no hubo con el plan vigente, que aprobó el Gobierno por decreto con el rechazo mayoritario del Consejo del Agua, donde están representadas las partes afectadas».

La organización aboga por que se incremente la superficie de regadío en la Comunidad, al menos hasta alcanzar la media nacional, ya que «el 23% de la superficie agraria útil (SAU) es regable en el conjunto de España, frente al 15% en Castilla y León», apunta, lo que se traduce en un incremento del 53% (donde existe una hectárea de regadío, debería haber 1,53). Para incrementar así la superficie regable «es necesaria una mayor capacidad de almacenamiento de agua, bien creando nuevos pantanos u optando por otras vías alternativas».

UCCL resume su propuesta en la puesta en marcha de planes de conservación y mantenimiento de cauces, infraestructuras de protección frente a inundaciones, mantenimiento de la ocupación del suelo y obligación, dentro de cada tema importante, de satisfacción de las demandas de agua y el incremento de las disponibilidades del recurso, «consiguiendo armonizar y no impedir el desarrollo de agricultura y la ganadería», así como que todas las alternativas propuestas «lleven aparejada una evaluación de la viabilidad ambiental, económica y social».

Punto a punto, la síntesis de las alegaciones presentadas por Asaja y UCCL es la siguientes:

Contaminación difusa

Asaja manifiesta una oposición frontal al endurecimiento del código de buenas prácticas y a la imposición de nuevas restricciones en las zonas vulnerables. Rechaza los recortes administrativos en las dosis de nitrógeno que reduzcan la productividad y se opone a la creación de franjas de protección obligatorias en los márgenes de los ríos, exigiendo que estas sean voluntarias y financiadas con fondos públicos ajenos a la PAC. También se muestra escéptica ante la eficacia de los biofertilizantes y rechaza cualquier intento de prohibir biocidas legales y esenciales, como el glifosato.

Por su parte, UCCL argumenta que, al tratarse de una contaminación procedente de fuentes difusas, es injusto atribuir la responsabilidad a un único sector sin determinar antes con precisión el origen de los nitratos. La organización rechaza la imposición de restricciones rígidas basadas en un diagnóstico incompleto, sugiere sustituir el término «residuos ganaderos» por «recursos ganaderos» debido a su potencial de valorización y defiende que las prácticas de reducción de fertilizantes deben ser voluntarias y acompañadas de compensaciones por la pérdida de producción.

Aguas subterráneas

Asaja se muestra contraria a la supresión automática de los derechos de riego y a las limitaciones en la renovación de las concesiones que caducan antes de 2035, alertando de que tal medida generaría un impacto económico «desproporcionado» y devastador para el sector y la agroindustria regional. Exige también seguridad jurídica para que las explotaciones planifiquen sus inversiones y garantizar el relevo generacional. Rechazan los planes de extracción anual que restrinjan el recurso al 80% del disponible y exigen que las modificaciones que no aumenten el volumen anual dejen de ser tratadas burocráticamente como «nuevas presiones».

UCCL, por su parte, destaca que los niveles piezométricos de las masas de agua han manifestado estabilidad e incluso recuperación en los últimos 15 años, lo que demuestra que las demandas agrícolas pueden ser satisfechas sin necesidad de imponer recortes automáticos en el uso de las aguas subterráneas. Para optimizar la gestión, la organización pide que se tengan en cuenta los retornos de riego en los cálculos de extracciones , defiende la recarga invernal de los acuíferos con aguas superficiales y exige la prórroga automática y sin «peajes» ni reducciones de los derechos inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas.

Contaminación urbana

Asaja es mucho más combativa en este tema. Afirma que los vertidos urbanos e industriales en los ríos constituyen la principal fuente de polución de las aguas, y acusa a la CHD de minimizar deliberadamente este hecho para culpar a la agricultura. Apoya la mejora de los sistemas de depuración, pero exige que eso no desvíe fondos destinados a la política hidráulica agrícola. Alerta de que la falta de redes eficientes de depuración pública en el medio rural es un elemento disuasorio para la fijación de industrias agroalimentarias, perjudicando gravemente el empleo y al sector primario local.

UCCL enfoca su análisis principalmente en las fuentes agrícolas, pero señala de forma general que la contaminación por nitratos y otras sustancias tóxicas procede mayoritariamente de los vertidos urbanos y las actividades industriales. La Opa asegura que las medidas públicas deberían concentrarse en una mejor monitorización de todas las fuentes de contaminación, antes de sobrecargar normativamente a las explotaciones agrarias.

Restauración fluvial

Asaja propone la no intervención en los ríos y rechaza las políticas de eliminación de barreras e infraestructuras que se heredaron de generaciones anteriores, clasificándolas como «decisiones basadas en criterios político-ideológicos» que generan problemas mayores. La organización exige el mantenimiento de las motas defensivas y limpiezas profundas de los ríos, arroyos y cauces para evitar inundaciones en las tierras de labor y asegurar el buen drenaje de los campos.

UCCL, por su parte, se opone a la eliminación de infraestructuras hidráulicas en desuso siempre que exista la más mínima posibilidad de darles un nuevo aprovechamiento. Considera aceptable el grado de cumplimiento de los caudales ecológicos y advierte de que más restricciones pondrían en riesgo el suministro para las épocas más críticas. Por ello propone rebajar el caudal ecológico en los periodos en los que no se riega para almacenar ese agua.

Inundaciones

Asaja exige que los daños por las inundaciones se incorporen explícitamente al plan de gestión de riesgos. La entidad defiende que los impactos se mitigarían drásticamente si existiera una política hidráulica continua de desescombro de ríos y arroyos, y propone para ello un programa específico dotado de presupuesto y trámites sencillos. También plantea la construcción de nuevos embalses y balsas como herramientas de retención de agua y seguridad contra las grandes avenidas.

UCCL considera prioritario optimizar la coordinación entre todas las administraciones implicadas y mejorar las capacidades de predicción ante situaciones de avenida. Denuncia que las medidas de conservación están estancadas por la falta de agilidad administrativa. Propone que si la CHD no asume la limpieza de los cauces, que es de su competencia , debe al menos agilizar las autorizaciones para que los municipios y los propietarios afectados realicen los trabajos asumiendo los costes.

Infraestructuras

Asaja subraya que Castilla y León posee una tasa de regadío (15%) muy inferior a la media nacional (23%), lo que hace que la región pierda oportunidades económicas, competitividad industrial y sufra de un acentuado despoblamiento rural. Para mitigar este déficit y la extrema dependencia de la climatología, exige una actitud proactiva en la construcción de nuevos embalses, en el recrecimiento de los actuales y en la interconexión de sistemas de explotación hídrica. Denuncia también que muchas infraestructuras listadas como «en desuso» se encuentran en esa situación debido al bloqueo burocrático y político de la Administración.

Por su parte, UCCL afirma que el regadío es una herramienta esencial e insustituible para combatir la despoblación, fijar empleo y garantizar la productividad económica en el medio rural. Atribuye las fallas actuales en el suministro a la falta de incremento y finalización de las infraestructuras de regulación programadas, defienden el recrecimiento de las presas existentes y manifiesta un desacuerdo total con la norma que prohíbe aplicar el ahorro de agua mediante la modernización tecnológica para expandir la superficie de riego de la propia explotación.

Gestión

Asaja enfoca sus críticas en la «rigidez, lentitud y falta de cooperación» del funcionariado de la CHD, afirmando que el problema no se resuelve solo con más recursos humanos, sino mediante una revisión profunda de los protocolos para facilitar la comunicación y evitar el bloqueo de expedientes por formalidades burocráticas irrelevantes. En el ámbito de las CUAS (Comunidades de Regantes de Aguas Subterráneas), exige que los planes anuales de cultivo se aprueben antes del plazo límite de entrega de la PAC, y reivindica que los usuarios puedan alterar anualmente el inventario para adaptar el riego a las necesidades reales de cada campaña agrícola.

Por su lado, UCCL defiende el reconocimiento oficial de las opas como interlocutores permanentes en las comisiones de participación pública. Critica duramente la rigidez del sistema de concesiones de la CHD, que provoca un «grave atasco administrativo» e impide las rotaciones de cultivos exigidas por las normas de condicionalidad de la PAC. En relación con las CUAS, señala que generan desconfianza por la falta de claridad en las reglas , proponiendo acortar los plazos legales para la constitución de estas entidades y de las comunidades de regantes.

Nuevos usos

La organización agraria Asaja Castilla y León exige que el futuro Plan Hidrológico reconozca explícitamente la prioridad absoluta del abastecimiento ganadero y de las actividades agroalimentarias locales frente a proyectos industriales externos que «consumen recursos sin fijar población en el territorio». Reclama también que los centros de datos y usos energéticos recurran preferentemente a circuitos cerrados, sistemas de refrigeración eficiente o aguas residuales regeneradas, de modo que se impida que las nuevas demandas industriales sobrevenidas acaben trasladando más restricciones o cortes de caudal al sector de regadío tradicional.

UCCL, por su parte, advierte que el Esquema de Temas Importantes omitió los impactos nocivos que los parques eólicos y plantas fotovoltaicas ejercen sobre el territorio agrícola, explicando que las obras conllevan la compactación del suelo, alteran los drenajes naturales, aumentan la escorrentía y aceleran la erosión. Exigen que el sector agrícola sea considerado formalmente como parte afectada para salvaguardar el suelo futuro y que las concesiones hídricas para estas industrias de alto consumo no se otorguen en detrimento de los usos agrícolas o ganaderos actuales, limitándose solo a zonas con excedentes reales.