Estrasburgo descarta "violación" del derecho de negociación colectiva de la Junta al inicio del anterior mandato: "Teníamos razón, pero mano tendida"

Varapalo de Estrasburgo a los sindicatos CCOO y UGT. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa descartó la “violación” del derecho de negociación colectiva por parte de la Junta en la primera etapa de la anterior legislatura, cuando se produjo el primer acuerdo entre PP y VOX, y que CCOO y UGT trasladaron a Estrasburgo al considerar que existían “incumplimientos” sociolaborales por los que se vulneraban al menos cinco artículos de la Carta Social Europea. 

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, mostró su "respeto" a las decisiones judiciales: "Y en este caso nos alegramos porque es una decisión que ampara las que había tomado la Junta". "Teníamos razón", manifestó el también consejero de Economía y Hacienda para a renglón seguido mostrar su "mano tendida en torno al Diálogo Social" para la "búsqueda de nuevos acuerdos y entender que los representantes de la sociedad son necesarios para establecer políticas al servicio del conjunto de los ciudadanos". Por otro lado, Carriedo aseguró que el nuevo consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tendrá la "vocación" de favorecer acuerdos.

Ahora, tres años después de que ambos sindicatos presentaran esta reclamación colectiva ante el CEDS, este órgano responde que “no encuentra una violación” del artículo 6.1 de la Carta, el que corresponden con el “derecho de negociación colectiva y favorecer la consulta paritaria entre trabajadores y empleadores”.

El CEDS, según recoge Ical, ha publicado su decisión en aplicación del artículo 8.2 del Protocolo Adicional de 1995 a la Carta Social Europea, que establece un sistema de reclamaciones colectivas y que prevé la publicación de sus decisiones una vez que el Comité de Ministros del Consejo de Europa apruebe una resolución o una recomendación. Precisamente, esto es lo que ha ocurrido ayer, cuando el Comité de Ministros aprobó una resolución en la que toma nota del informe que le remitió el CEDS sobre su decisión, sobre el fondo de la reclamación colectiva de CCOO y UGT Castilla y León.

Las dos centrales sindicales presentaron en junio de 2023 una reclamación ante el CEDS por entender que la Junta, con sus actuaciones, vulneraba “clara y flagrantemente” varios preceptos de la Carta Social. “El incumplimiento sistemático y continuado cuando menos de estos cinco artículos, todos ellos obligatorios para las administraciones españolas, nos exige promover esta reclamación, en defensa de nuestros intereses y los de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León”, explicaba entonces CCOO en un comunicado recogido por Ical.

En concreto, la reclamación refería que se vulneraban los artículos de derecho a la seguridad y salud en el trabajo, el de sindicación, el de la negociación colectiva, el de la orientación profesional y el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia.

Así, especificaba la supresión de la financiación del programa de prevención de riesgos laborales que prestaban las organizaciones empresarial y sindicales más representativas en la Comunidad; las acciones de la Junta para “eliminar” el diálogo entre “los actores legitimados” o la desaparición de programas como el de orientación profesional para el empleo y la asistencia para el autoempleo (PROA).