El acuerdo de PP y VOX incluye miles de millones en infraestructuras competencia de Puente

El acuerdo de gobierno firmado en Castilla y León por el Partido Popular y VOX incluye, aunque de manera indirecta, un tercer actor que no es otro que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puesto que debe ser él y no la administración autonómica el que haga frente a miles de millones en infraestructuras que reclama el documento y que se ha venido anunciando como una hoja de ruta para el Ejecutivo regional.

Será esa hoja de ruta, sí, pero también con evidentes matices para hacer oposición al Gobierno de España a través de una amplia batería de reivindicaciones que, además, casi en su totalidad apuntan directamente al Ministerio del vallisoletano Puente. Foco recurrente de las críticas de representantes de los ‘populares’ y del partido de Santiago Abascal, ahora ve como una parte del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones pasa directamente por sus manos y por el bolsillo de su departamento.

Un bolsillo, el de Transportes, que debería ser muy profundo para dar cumplimiento a todas esas reclamaciones de PP y VOX. Entre construcción de autovías, bonificación de peajes y otras actuaciones en el ámbito de los ferrocarriles, a buen seguro la factura total llegaría a miles de millones de euros. Siempre en condicional, puesto que Puente no se ha mostrado nunca dispuesto a hacer concesiones a los socios de gobierno.

En todo caso, llama la atención que pese a la larga lista de reivindicaciones que se trasladan al Gobierno central en materia de infraestructuras, y especialmente en carreteras, no se hace mención alguna a vías de titularidad autonómica y cuyo mantenimiento sí es competencia de la Junta y, por lo tanto, objeto de un acuerdo de gobierno para la Comunidad. De hecho, los últimos presupuestos autonómicos destinaron 90 millones de euros de la partida de la Consejería de Movilidad a arreglos, mucho menos que lo que haría falta para acometer lo que ahora exigen los socios. Es más, el último presupuesto total para esta cartera ascendió a 353 millones.

Pero a pesar de esto último, el eje quinto del pacto de PP y VOX en Castilla y León es algo parecido a la carta de un niño los días antes de Navidad. Nada de medidas ni de políticas a llevar a cabo, solo reclamaciones al gobierno de Pedro Sánchez y, en su mayoría, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Entre las peticiones de los socios de gobierno está la finalización de hasta siete autovías que conectan diferentes puntos de Castilla y León, pero también de otras que comunican la Comunidad con otras colindantes, tal y como figura en el punto 5.1.1.1 del acuerdo firmado este miércoles. Así, se exige a Transportes que concluya la A-11 (Autovía del Duero), el tramo Logroño-Burgos de la A-12 (Autovía Camino de Santiago), la A-15 (Autovía de Navarra), la A-40 (Autovía Adanero-Ávila-Maqueda), la A-60 (Autovía Valladolid-León), la A-73 (Autovía Burgos-Aguilar de Campoo) y la A-76 (Autovía Ponferrada-Orense).

En el siguiente epígrafe del documento, el 5.1.1.2, está dedicado a las peticiones de PP y VOX a Transportes para que convierta en autovías las carreteras N-234 (Eje Burgos-Soria-Calatayud) y N-610 (Eje Palencia-Benavente), y en el que se añade también una solicitud para que el Ministerio de Óscar Puente realice estudios técnicos de desdoblamiento para aquellas carreteras nacionales que presenten un mayor Índice de Intensidad Media Diaria.

Aparece también en el acuerdo de gobierno de Castilla y León una reivindicación para que el Gobierno de España ejecute obras de circunvalación, ampliación de carriles y accesos en la Ronda Sur de Ponferrada, la circunvalación de León, el tercer carril de la A-62 entre Venta de Baños y Tordesillas, el tercer carril en la AP-1, la remodelación del enlace de la A-62 y la A-66 en la glorieta de Buenos Aires de Salamanca, el acceso norte de la capital charra, un nuevo acceso a Palencia desde la A-67 y accesos técnicos a varios polígonos industriales.

Por otro lado, el documento firmado este miércoles por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Pollán (VOX) reclama una subvención estatal para el tramo de la carretera SO-615, afectada por la presa de Enciso. «Del mismo modo que La Rioja recibió una subvención por parte del MITECO en la anterior legislatura para el tramo riojano, se reclama para la Comunidad de Castilla y León», recoge este punto del acuerdo.

Reclaman también la modernización de la N-631 en Zamora y de la variante de San Rafael en Segovia, así como la bonificación de peajes estatales, equiparándolos con la AP-9, en la AP-71 (León-Astorga), la AP-6 (Adanero-Madrid), la AP-51 (Ávila-AP-6) y la AP-61 (Segovia-AP-6)

Más allá de las carreteras, las reclamaciones de PP y VOX en su pacto de gobierno llegan también a algunas carreteras nacionales y al ámbito ferroviario, de nuevo competencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Aquí, los socios de gobierno reivindican el desarrollo del Corredor Atlántico cumpliendo los requisitos de la UE mediante la reapertura de la Ruta de la Plata y la línea Madrid-Aranda-Burgos.

En el mismo sentido, reivindican la Alta Velocidad y las conexiones con el norte de España, así como la integración urbana y los soterramientos de las vías en Valladolid, Palencia y León. Además, reclaman distintas plataformas logísticas intermodales.

Los ‘populares’ y los de Abascal tampoco pierden la oportunidad de incluir en su acuerdo la polémica supresión de paradas de AVE en Castilla y León y de reclamar su restauración. Así, reclaman al Gobierno central un «compromiso de no supresión de servicios, recuperación de las frecuencias previas a la crisis del Covid-19 y restitución de paradas en Otero de Sanabria, Medina del Campo y Segovia».

Igualmente piden que se declare la obligación de servicio público en las líneas León-Madrid, Burgos-Segovia y Puebla de Sanabria; así como se implanten lanzaderas para acceder a las estaciones periféricas e inversiones y renovación en las líneas de Media Distancia, Cercanías y Vía Estrecha.

Como último punto de las reivindicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, el PP y VOX incluyen la planificación de la Red de Transporte Eléctrico, además de inversiones y autoconsumo industrial. Igualmente reclaman la regulación de la Cuenca del Duero, el desbloqueo de modernizaciones y fondos y la conservación de cauces.

«AÑOS DE ABANDONO»

En relación con esta batería de peticiones, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, señala en declaraciones a este periódico que «el gobierno autonómico ha trabajado intensamente en los últimos años en el crecimiento de Castilla y León», a lo que añade que «el pacto de gobierno que se ha firmado va a contribuir, sin duda, a que Castilla y León siga creciendo, siga creando empleo y garantizando unos servicios públicos que están a la cabeza de España».

«Pero, aunque no lo parezca, aunque no lo parezca», continúa García, «el Gobierno de España también tiene competencias que son fundamentales para seguir por esa senda de crecimiento, y es lo que se suscribe en el punto cinco de este pacto». «Se firma un compromiso para exigir, además desde el arranque del gobierno, la puesta en marcha de las distintas infraestructuras y servicios pendientes por parte del Gobierno de España con Castilla y León, que son muchas, porque son muchos años de castigo y de abandono de Sánchez y de Óscar Puente con las infraestructuras necesarias de Castilla y León».

«Vamos a ser exigentes con esta pata del desarrollo y del crecimiento económico de nuestra comunidad autónoma», continúa la portavoz ‘popular’, «que es responsabilidad y competencia del gobierno de Sánchez y que puede llegar a frenar el crecimiento de la comunidad autónoma si no se acometen. Seremos muy beligerantes y estaremos muy atentos a que se cumplan todas las infraestructuras», concluye.