La Junta llama a la "tranquilidad" con la prioridad nacional y garantiza que se aplicará con "informes jurídicos

La prioridad nacional, ese concepto impulsado por VOX como condición para entrar en los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León, no será una medida que se imponga de forma arbitraria entre los ciudadanos de la Comunidad. Cada una de las medidas vinculadas a este principio contará como «salvaguarda» los «informes jurídicos» que avalen su aplicación. No obstante, desde la Junta se lanzó un mensaje de «tranquilidad» debido a que el pacto cerrado el miércoles con la formación de Santiago Abascal se rige «conforme la ley».

Concretamente fue Carlos Fernández Carriedo, portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, quien trasladó esa garantía para los ciudadanos de Castilla y León un día después de cerrarse el acuerdo entre PP y VOX para conformar un nuevo gobierno de coalición. 81 días después del 15-M, Carriedo aseguró que «el resultado ha merecido la pena», con 19 ejes de medidas «muy concretas» en un programa dirigido a cumplirse en los próximos cuatro años, en lo que confió el también consejero de Economía y Hacienda en funciones.

«Es un pacto que baja impuestos, que reduce las cargas tributarias para el conjunto de los ciudadanos, que incide en el ámbito de la vivienda, de la sanidad y de la educación como principales prioridades, que promueve la actividad económica y la creación de empleo y que tiene como objetivos básicos los mayores, las familias, los jóvenes y las personas que tienen especiales dificultades», enunció Carriedo.

Otro de los aspectos en el que incidió el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno fue el cumplimiento «siempre» de la ley con el nuevo pacto, de que está sustentando en la «libertad, igualdad real, progreso y unidad de España». Incluso cuando entre las 324 definidas se encuentran las vinculadas al arraigo, que para Carriedo «tiene que ser real, tiene que ser verificable y tiene que ser duradero», en la misma línea en la que se pronunció el miércoles Alfonso Fernández Mañueco.

Un ejemplo de la «filosofía vinculada al cumplimiento de la ley y arraigo» que según Carriedo define el acuerdo entre PP y VOX, se nombró con la nueva línea de ayudas de entre 900 y 1.800 euros para la obtención del carnet de conducir por parte de jóvenes que demuestren al menos cinco años de empadronamiento. «Esto es algo que hacen otras administraciones públicas y también es lógico que lo podamos hacer desde la propia comunidad autónoma de Castilla y León», consideró al respecto.

Sobre el acceso a prestaciones y servicios sociales, la garantía de «legalidad» estará determinada por los «informes jurídicos correspondientes», que serán lo «suficientemente claros». En esta línea, Carriedo mencionó que el objetivo de Castilla y León pasa por tener más población y habitantes que contribuyan al crecimiento económico, pagando sus impuestos y sus contribuciones sociales, y que se beneficien del conjunto de las políticas públicas. «Por tanto, lo mejor que podemos hacer para que la sociedad funcione, para que aquellas personas, incluso inmigrantes, que están en condiciones de legalidad, que están trabajando y que están contribuyendo, es que nos centremos en este tipo de actividades y que luchemos contra cualquier procedimiento ilegal, contra cualquier mafia ilegal que pueda dedicarse al tráfico de personas», explicó, garantizando que no se vulnera la ayuda humanitaria dentro de los «supuestos de urgencia vital» a los que alude el acuerdo sellado con VOX.

Otro de los puntos del acuerdo por el que fue preguntado ayer Carriedo fue la posibilidad de recortes a ONG en caso de favorecer una inmigración irregular, si bien el portavoz de la Junta en funciones confirmó que no existe ninguna actualmente que lo hiciese en la Comunidad. «Las ONG conocen la ley y saben cumplirla. Las que lo hagan pueden tener la total seguridad y garantía de que vamos a contar con su opinión», expresó.

Carriedo también se pronunció sobre la acogida de menores migrantes no acompañados (menas) y la realización de pruebas que permitan verificar su edad. Sobre ello, asumió que la Junta no tiene competencias en materia de justificar la edad, si bien insistió en que eso no impide poder «colaborar», «informar» o «estar a disposición» de la propia Administración de Justicia para “impulsar» o «iniciar» alguna actividad. «Estamos hablando de cumplir la ley», dijo para añadir que a nadie le debe dar «miedo» el acceso a la información pública, porque es la mejor forma de combatir la «desinformación», recogió Ical.

Ante todo, Carriedo entendió que «todo pacto es objeto de opinión», y más por la «transparencia» que lo define, aspecto que también destacó al establecer diferentes plazos para el cumplimiento de las 324 medidas, «muchas de ellas con un nivel de concreción muy alto» y cuya idea es cumplir con los límites fijados. «Si hemos ofrecido esta información, con gran transparencia para todos los ciudadanos, es para que podamos hacer un seguimiento interno dentro de la Junta de Castilla y León de los compromisos que asumimos, de la concreción de los plazos, para que los ciudadanos, los medios de comunicación, el conjunto de la sociedad, tenga toda esta información, para que también pueda hacer ese seguimiento y para que también tengamos que ofrecer resultados y evaluación de todo lo que estamos haciendo y naturalmente, si hay alguna medida que no se pueda cumplir en el plazo establecido o con la intensidad que estaba prevista, también podamos dar información transparente de cuáles son las causas que determinan esta cuestión y, por tanto, son elementos que para nosotros suponen un reto, un desafío», trasladó.

Entre esas 324 medidas no hay ninguna referida a la Ley de Violencia de Género, que para Carriedo «va más allá del pacto entre partidos». Por ello, el objetivo pasa por «conseguir la unanimidad de todos los partidos con representación parlamentaria», cuya vía «más adecuada» para avanzar es «el diálogo, el consenso y el acuerdo».