El Gobierno desbloquea las entregas a cuenta y Castilla y León critica que lo hace medio año tarde

El consejero de Economía y Hacienda en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, criticó este martes al Ministerio de Hacienda, porque tendría que haber desbloqueado las entregas a cuenta desde el mes de enero, y denunció que ha dejado de pagar a Castilla y León 160 millones mensuales durante todo este periodo.

Carriedo recordó a Ical, que la ausencia de presupuestos solo permitía al Gobierno abonar a las autonomías la cuantía prorrogada de las entregas a cuenta del año 2023, y era necesario solucionarlo vía decreto, algo que “podía haber hecho desde principios de año y no dejar seis meses a las autonomías” sin esas cuantías para financiar servicios públicos.

“Son recursos que proceden de los impuestos que pagan las personas de Castilla y León y deben servir para financiar los servicios públicos de la Comunidad”, dijo, para explicar que 12 autonomías remitieron el pasado viernes un escrito a Hacienda para que solucionará el problema. “Le urgimos en ese sentido a solucionar el problema del retraso, para que se pagara cuanto antes esto” aseguró, para indicar que “ahora estamos a mitad de año, tenían que solucionarlo y lo han hecho y recibiremos las cantidades la segunda mitad del año, y las pendientes desde el mes de enero”.

Carlos Fernández Carriedo aseguró que Castilla y León ha podido soportar esta situación sin problemas por su menor endeudamiento que la media y su mayor solvencia, pero otras autonomías, dijo, “han vivido un verdadero problema para su funcionamiento ordinario”. “No tenemos la culpa de los problemas del Gobierno para un funcionamiento adecuado”, exhortó, para lamentar que “se había repercutido a las autonomías que llevan una legislatura sin presentar presupuestos”. “No tenemos la culpa y se ha demostrado que se podía resolver desde el principio y no se por qué se ha tardado medio año”, denunció, para sentenciar que en la Comunidad “hemos adelantado los recursos y no se ha notado”.

El consejero de Economía y Hacienda en funciones restó importancia al ajuste de 16 millones en las entregas a cuenta comunicadas inicialmente por el Gobierno, y reconoció la dificultad para calcular su cuantía. Aseveró que lo relevante es cuando se liquida a los dos años, cuando se conocerá el dato real, y aseguró que esta cifra “suele ser de cantidades positivas para la Comunidad” sobre la previsión inicialmente hecha. “Más allá de los 16 millones menos, el principal problema es que había 160 millones menos cada mes”, sentenció.

Por último, criticó también que las entregas a cuenta se definen con cargo a una modelo “caducado” desde 2014, que “poco tiene que ver con las necesidades en sanidad, educación y servicios sociales de hace 12 años”. Así, cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez por ser “incapaz de intentar un acuerdo en condiciones de igualdad y equidad” para reformar el modelo, y utilizarlo como un “pago político a los partidos separatistas”. “No es lo adecuado, los impuestos de los españoles sirven para financiar los servicios, no para pagar precios políticos”, agregó.

Carriedo concluyó que el Gobierno es “incapaz de sentarse con todos” y reprochó que ayer fue una buena oportunidad para haber “renunciado” al modelo pactado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, y sin embargo se convocaron reuniones bilaterales, para imponer ese acuerdo. “es difícil entender que ese señor vaya a hacer algo bueno para el conjunto de los españoles”, concluyó.

La Junta de Castilla y León recibirá 9.552 millones en entregas a cuenta del Gobierno, un 6,5% más que en 2025, medio puntos por debajo del aumento de las partidas para el conjunto de las autonomías, según la actualización aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

Cabe recordar que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 17 de noviembre de 2025, se comunicó a la Comunidad, unas entregas a cuenta de 9.568 millones de euros, con lo que el Gobierno ajusta a la baja la cuantía en 16 millones, cuando se reparten 10.319 millones adicionales entre las autonomías.

Si se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la Comunidad para este 2026 alcanzan los 10.208 millones, un 7,3 por ciento más que el pasado año, aunque cuatro decimas por debajo del avance medio para las autonomías, como recoge Ical.

“Un incremento notable de recursos que evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos extra para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía”, destacaron desde el Gobierno.

Los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León contarán, por su parte, con unas entregas a cuenta que alcanzarán los 1.855 millones, un 8,6 por ciento más que el pasado ejercicio y otra cifra histórica en financiación para las administraciones más cercanas a la población.

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Hacienda, un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta correspondientes a 2026 que reciben del sistema de financiación las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Las autonomías percibirán en total 157.731 millones para el presente ejercicio, un siete por ciento más que en 2025. Representan 10.319 millones adicionales.

Incluyendo la liquidación de 2024, que se abona este año, la financiación total de las comunidades autónomas se incrementará hasta alcanzar la cifra inédita de 170.300 millones, un 7,7% más que 2025.

“Nunca las comunidades habían recibido tantos recursos, lo que refleja el compromiso del Gobierno con las autonomías y con el Estado de bienestar”, remarcaron las mismas fuentes.

El RDL también incluye la actualización de las entregas a cuenta para las entidades locales (EELL), que aumentarán un 8,8%. Así, los ayuntamientos obtendrán 29.247 millones, es decir, 2.354 millones más que el ejercicio anterior. Sumando la liquidación, el volumen de fondos volverá a ser histórico: 30.073 millones de euros para financiar los servicios de proximidad que ofrecen a los ciudadanos.

El texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que las entidades locales podrán utilizar el superávit de 2025 para acometer Inversiones Financieramente Sostenibles. Se estima que esta medida permitirá que unas 2.544 entidades locales puedan destinar 3.168 millones a inversiones, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

Una “importante novedad” es que el RDL establece un régimen “excepcional” para que los ayuntamientos puedan utilizar, además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda.

“Esto ofrece certidumbre a las entidades locales, fomenta la responsabilidad presupuestaria e incentiva a los municipios a dedicar recursos a facilitar el acceso a la vivienda”, indicaron.

Además, se contempla que las IFS, tanto las de vivienda como el resto, puedan tener carácter plurianual de hasta cuatro años. Por lo tanto, si un ayuntamiento ha registrado superávit en 2025 podrá utilizar ese saldo fiscal positivo para invertir en un proyecto que se inicie este año y se alargue la ejecución hasta 2030. Esto permitirá “abordar inversiones más ambiciosas”.

A esta medida de IFS plurianual también podrán acogerse las entidades locales con superávit de 2024 por importe de 3.368,5 millones de euros que comprometan gasto en 2026 para la ejecución de inversiones plurianuales a realizar hasta 2030.

Las entidades locales que se encuentran saneadas financieramente no tendrán la obligación de presentar Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva de la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. Para ello, será necesario acreditar el cumplimiento del Período Medio de Pago (PMP).

El RDL también contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias judiciales del Tribunal Supremo.

Apoyo parlamentario

Durante la presentación del RDL, el ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó que el Congreso de los Diputados tumbó hasta en dos ocasiones la actualización de las entregas a cuenta, generando “tensiones de tesorería y perjudicando a los gobiernos autonómicos”. En este sentido, instó a los grupos parlamentarios a apoyar una medida que “es beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía al servir para incrementar los recursos en sanidad, educación o dependencia”.

Asimismo, España resaltó que las comunidades autónomas tendrán con estas entregas a cuenta “los mayores recursos de la historia” y pidió a los gobiernos autonómicos que ese aumento de la financiación y esos recursos “históricos” se vean reflejados “en la calidad de sus servicios públicos”, algo que considera que no siempre ocurre.

“La pregunta es, ¿a qué están destinando ese volumen extra histórico de recursos? ¿A luchar contra las listas de espera? ¿O están bajando los impuestos a las rentas más altas o privatizando?”, se cuestionó.