El Común urge a Sanidad la implantación de la televisión gratuita en los hospitales de Castilla y León

Estar pendiente de los análisis, de la visita del médico o del alta siempre genera ansiedad o estrés cuando una permanece ingresado en un hospital. Echar mano de un sudokus o de una sopa de letras supone, entonces, el recurso fácil cuando falta compañía en la habitación. Eso sí, cuando las hojas se acaban y también se desiste de rastrear cada aplicación del teléfono móvil, la televisión aparece al rescate para anteponerse al aburrimiento. Pero no es lo mismo hacerlo que en Soria o Salamanca, donde el paciente está obligado a pagar el servicio, que, por ejemplo, en León o Segovia, donde las carteras no tienen que sufrir ningún perjuicio económico al ser gratuito su visionado. Esa diferencia origina el nuevo expediente del Procurador del Común dirigido a la Consejería de Sanidad, organismo al que reclama la «adopción progresiva» de medidas para implantar un modelo de prestación gratuita de servicio de televisión en los centros hospitalarios públicos de Castilla y León.

El procedimiento abierto por la institución presidida por Tomás Quintana nace de la «disconformidad» presentada por diversos usuarios del Hospital Santa Bárbara de Soria ante los precios cobrados por contratar la televisión. Una tarifa que hace dos años resultaba ser la más alta de toda Castilla y León al fijarse en 6,2 euros diarios para un paciente, según la información recabada por este mismo periódico en noviembre de 2024.

Si ese precio se mantiene, crece o disminuye, no queda detallado en el escrito del Procurador del Común. No obstante, según la información remitida al organismo desde la Consejería de Sanidad, el contrato vigente corresponde a la empresa MedipHealth S.L., que incluye asimismo la prestación del servicio de televisión –incluye también telefonía, radio e internet– en los hospitales de Santos Reyes, en Aranda de Duero; de Santiago Apóstol, en Miranda de Ebro; del Clínico Universitario de Valladolid; y del Complejo Asistencial de Salamanca.

En lo que respecta al Hospital Santa Bárbara de Soria, la autora de la queja tilda de «excesivas y desproporcionadas» las tarifas aplicadas para ver la televisión en el centro hospitalario. Asimismo, considera «inadecuado e incluso potencialmente abusivo» el sistema de contabilización del tiempo contratado al entender que «no responde al consumo efectivo realizado por los usuarios». Y es que en Castilla y León, sin existir una normativa reguladora específica de estos servicios, es cada hospital público el que decide los costes de uso por los aparatos de televisión junto con la indicación de la empresa que lo gestiona, con opciones de disponibilidad que pueden extenderse desde una hora hasta 24, 48 o 72.

A los precios exigidos, la reclamante añade una problemática con el propio funcionamiento del servicio de televisión, de forma que los minutos disponibles se van restando independientemente del uso que se otorgue al aparato. «La tarifa abonada por los usuarios no se corresponde con veinticuatro horas efectivas de utilización del servicio, puesto que el tiempo contratado se consume de manera continuada con independencia de que el aparato de televisión permanezca encendido o apagado», recoge el Común a partir de la queja, que apunta a su vez que el servicio es gratuito o tiene un coste inferior en otros hospitales de la Comunidad.

En concreto, según la información trasladada por Sanidad a el Común, actualmente son 12 complejos los que ya no tienen precio para contratar la televisión en habitaciones, como son el Hospital de León; el Monte San Isidro, también en la provincia leonesa; el Hospital Universitario de Burgos; el Hospital Provincial de Ávila; el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, también en la región abulense; el Río Carrión de Palencia, donde también se incluye el San Telmo; el Hospital General Universitario de Segovia; el Virgen de la Concha de Zamora; mientras que este año se incorporó la gratuidad en los complejos hospitalarios de Medina del Campo, en Valladolid, en el del Bierzo y en el Río Hortega, en la capital vallisoletana.

Debido a que en los cinco hospitales restantes de Castilla y León la televisión es de pago, la institución presidida por Tomás Quintana considera que existe un «agravio comparativo», pese a que el servicio no forma parte de la cartera básica de prestaciones sanitarias del sistema público de salud. «No obstante, ello no excluye la obligación de las administraciones públicas de velar por que las condiciones de acceso a dichos servicios complementarios resulten razonables, proporcionadas, transparentes y compatibles con los principios de equidad, humanización de la asistencia sanitaria y adecuada atención a las personas hospitalizadas», considera el Común al respecto.

Es por ello que desde el Defensor del Pueblo califican de «comprensible» el malestar manifestado por los usuarios del Hospital Santa Bárbara de Soria por el coste económico, y más cuando resulta ser «frecuentemente» el principal medio de información, distracción y acompañamiento de los pacientes. En este punto, el Común confirma que la Consejería de Sanidad tiene previsto aplicar la gratuidad del servicio televisivo una vez concluyan los contratos vigentes. Una propuesta que ya fue trasladada con anterioridad por Alejandro Vázquez, consejero del ramo, cuando un total de 14 hospitales tenían privatizado su uso por aquel año 2024. Una cifra que ahora baja a cinco.

Ante esa dispar situación, el Común reclama la «adopción progresiva» de las medidas para lograr la prestación gratuita del servicio de televisión en el Hospital Santa Bárbara de Soria, «en particular», pero también en Santos Reyes, Santiago Apóstol, el Clínico de Valladolid y el Complejo Asistencial de Salamanca tras la finalización de sus respectivos contratos.

Además, desde el Procurador del Común se reflexiona sobre el sistema de cómputo del tiempo contratado de televisión, que también motivaba la queja. Según las condiciones de prestación recogidas por los usuarios del Santa Bárbara, el servicio se presta «de manera ininterrumpida», se haya utilizado o no y la pantalla permanezca apagada o no.

A pesar de esta comunicación previa, la institución presidida por Tomás Quintana considera que el modelo de consumo continuado puede generar «razonablemente en los pacientes la percepción de una falta de proporcionalidad entre el precio abonado y el servicio efectivamente disfrutado». Por ello, urge a Sanidad «con carácter inmediato o, en su caso, durante la vigencia de los actuales contratos, se estudie la implantación de sistemas de prestación del servicio más flexibles y ajustados, en cuanto al coste, al uso efectivo o real del mismo; reforzando asimismo la claridad, accesibilidad y comprensibilidad de la información facilitada a los usuarios sobre las condiciones de contratación, tarificación y duración del servicio, de forma que se garantice una adecuada transparencia y una correcta comprensión por parte de las personas ingresadas».