El Común exige a Educación que garantice intérpretes para asistir a alumnos sordos

Mensaje claro y contundente del Procurador del Común a la Consejería de Educación: faltan Intérpretes de Lengua de Signos (ILS) e instrumentos técnicos adecuados para atender las necesidades de los 398 alumnos con discapacidad auditiva que cursan sus estudios en Castilla y León. El Alto Comisionado de las Cortes advierte de que no hay excusa para que se tomen «cuantas medidas sean precisas», entre ellas la regulación en los conciertos educativos con colegios privados, la contratación de personal especializado al servicio de la Consejería y la instalación urgente de dispositivos como emisoras FM y otros instrumentos que permitan adaptar las nuevas tecnologías al aprendizaje de los alumnos sordos o con hipoacusia severa.

En una actuación de oficio, el Procurador del Común pone de manifiesto que el apoyo de los ILS se presta «en un número de horas insuficiente y sin cubrir toda la jornada escolar», y que a menudo este personal sufre una contratación «a tiempo parcial y en condiciones precarias que no garantizan una mínima situación de estabilidad». También denuncia que todos estos problemas se deben «al insuficiente presupuesto dispuesto para la atención al alumnado con discapacidad auditiva».

La resolución pone sobre el tapete las demandas y denuncias de las familias afectadas, que se sienten «ignoradas e impotentes» puesto que se las responde en muchos casos con «silencio administrativo». Un silencio, subraya, que es lo único que se responde cuando intentan «lograr unas pretensiones justas en el marco de una educación inclusiva que permita a cada alumno y alumna alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades».

Por otro lado, el documento recuerda que las administraciones educativas «están obligadas a asegurar los recursos necesarios al alumnado afectado» para afianzar «la adopción de medidas que garanticen la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación», para que la educación «cumpla su papel como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de la discapacidad».

Para garantizar estas medidas es necesario, señala el Común, «la detección precoz de la discapacidad, una intervención personalizada y adaptada a las concretas necesidades del alumno, y un seguimiento de las medidas y apoyos vigentes en cada momento». El Alto Comisionado recomienda, para ello, «incluir a los ILS entre el personal al servicio de la Consejería de Educación» con una herramienta como la modalidad de contrato administrativo.

Con todos esos mimbres, el Procurador del Común dicta una resolución de ocho puntos. Uno de ellos advierte de que los apoyos que precisa el alumnado con deficiencias auditivas durante las etapas de la educación obligatoria «no pueden relajarse o dejar de prestarse en las etapas post obligatorias».

Por otro lado, incide en la educación privada y apunta que se deben adoptar «cuantas medidas sean precisas para que los centros concertados puedan garantizar la debida atención del alumnado con deficiencias auditivas a través de los conciertos educativos», y también detalla que todos los centros educativos, tanto públicos como concertados, «deben contar con los profesionales especializados que sean precisos para dar una respuesta eficiente a las necesidades con cretas del alumnado con deficiencias auditivas, según las indicaciones de los equipos docentes y/o contenidas en los informes psicopedagógicos».

Dotación

Entre dichos profesionales, «debe contarse con una dotación de ILS adecuada y dimensionada en función de los apoyos requeridos por el alumnado con discapacidad auditiva en cada curso escolar, debiendo valorarse la oportunidad de incluirlos entre el personal al servicio de la Consejería de Educación, como opción a la prestación indirecta del servicio a través de la modalidad de contrato administrativo, a los efectos de garantizar una mayor integración de los profesionales en los centros educativos y una mayor eficacia del servicio».

También hace hincapié el Común en la necesidad de instalar, donde no los haya, «las emisoras FM y otros instrumentos indicados para el alumnado con discapacidad auditiva». Unas herramientas que «deben ponerse a disposición de este alumnado y de su profesorado, sin ningún tipo de demora u otras incidencias que perjudiquen la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno o alumna al que han de estar dirigidos dichos instrumentos».

Además, las actividades extraescolares y complementarias ofertadas por los centros educativos «tienen que estar diseñadas de tal modo que sean accesibles a los alumnos y las alumnas con deficiencias auditivas o contar con las correspondientes adaptaciones, para posibilitar su participación en igualdad de condiciones que el resto de escolares y bajo el principio de inclusión».

Por último, el Procurador del Común previene de que la Administración «está obligada a resolver expresamente todas las solicitudes, quejas, sugerencias, etcétera, que se formulen por las familias del alumnado con discapacidad auditiva, así como a notificar dicha contestación expresa en tiempo y forma, lo cual, además de suponer el cumplimiento de un deber legal, ha de contribuir también a garantizar la prestación de un servicio educativo de calidad».

Según datos recabados por el Alto Comisionado para la realización de su informe, existen 398 alumnos con discapacidad auditiva en Castilla y León, de los que 42 cursan la etapa Infantil (30 de ellos en colegios públicos y 12 en concertados); 155 alumnos en Primaria (114 en colegios públicos y 41 en concertados); 138 en la ESO (88 y 50, respectivamente); 28 en Bachillerato (23 y 5); 19 en Ciclo Formativo de Grado Medio (15 y 4); 6 en Ciclo Formativo de Grado Superior (6 y 0) y 10 en Ciclo Formativo Profesional Básica (7 en colegios públicos y 3 en concertados).