Mañueco prepara su pacto con Vox en Castilla y León con los ecos que llegan de Extremadura y Aragón

Extremadura, Aragón y, ahora, Castilla y León. Es la secuencia que desde hace semanas se viene repitiendo en el panorama político nacional, primero con las elecciones autonómicas en estos territorios y, más recientemente, con la sucesión de acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox que se vienen firmando en ellos. El pacto extremeño fue la gran novedad y el que abrió esta nueva etapa en las relaciones entre ambas formaciones, pero al compararse con documento aragonés ambos dejan claras cuáles son las líneas maestras que establecen los socios y que, por tanto, se repiten casi con absoluta literalidad. Por eso, Extremadura y Aragón son la ventana a la que mira el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para anticipar la ola de medidas se acordarán cuando próximamente las conversaciones concluyan.

Con ambos acuerdos delante no resulta complicado hallar en qué puntos o medidas coinciden. Es más, en muchos epígrafes incluso la redacción en Extremadura y Aragón es casi idéntica, lo que deja claro que en Vox, que al fin y al cabo es la formación tiene la llave del gobierno en las tres comunidades autónomas, no están dispuestos a dejar ningún cabo suelto. Idéntica redacción supone la aplicación de políticas idénticas, siempre en línea con la premisa de la formación de Santiago Abascal de que defienden los mismos principios en todas partes.

Por lo tanto, si están recogidas en los dos pactos ya firmados palabra por palabra, eso supone que son cuestiones de suma relevancia para Vox. Y si han sido ineludibles en Extremadura y Aragón, la lógica conduce a que también lo serán en Castilla y León y, si no todas, la mayoría deberá asumirlas el PP si espera conseguir el apoyo de los que ya fueron sus socios de gobierno. Es más, el propio portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, lo adelantaba el pasado 21 de abril cuando, a pesar de descartar que se fuera a «calcar» el pacto extremeño -el aragonés aún no había sido firmado-, sí reconocía que existen «cuestiones troncales» que todos los documentos compartirán.

Es evidente que dadas las características propias de cada comunidad autónoma habrá importantes diferencias entre los textos, de ahí que no se puedan «calcar», como advirtió Pollán. Aún así, no hay duda que las medidas más importantes, y entre las que figuran también las más polémicas, llegarán al texto definitivo puesto que, de lo contrario, Vox no parece dispuesto a firmar.

En materia de inmigración, aunque también extensible a otros campos, la polémica gira desde hace días al concepto de «prioridad nacional» defendido por Vox, que en los textos se desarrolla como que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

Está por ver, no obstante, qué encaje le da el PP a este concepto de «prioridad nacional» y que recientemente contraponía con el «humanismo solidario» de Mañueco. En todo caso, el líder autonómico de los ‘populares’ parece tener asumido que así figurará en el pacto que lleve su firma. «Hablaremos cuando se concrete y cuando se firme lo explicaremos», señalaba el pasado 23 de abril.

La «prioridad nacional», de hecho, va más allá, puesto que se extiende a los epígrafes de vivienda que recogen los pactos PP-Vox que ya han sido firmados. «Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional», rezan los documentos, «adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

Pero las coincidencias en los pactos no se quedan solo aquí, sino que también llegan hasta el padrón municipal, el cual ambos exigen reformar. En concreto, los acuerdos del PP y Vox abogan por exigir al Gobierno de España la modificación de la Ley 7/1985 para impedir el uso fraudulento de este registro.

Ambos documentos coinciden no solo en contenido, sino también en forma, en cuestiones como el rechazo a la política de inmigración del Gobierno central y al reparto de inmigrantes ilegales, la supresión de subvenciones a ONGs o la no habilitación de nuevos centros de acogida ni la ampliación de plazas en los ya existentes.

Existe otro apartado en los documentos de Extremadura y Aragón denominado como «seguridad» -en el caso extremeño va acompañado de otras cuestiones- en el que se aborda el problema de la ocupación. De hecho, ambos documentos coinciden en la necesidad de alcanzar convenios con los Colegios de Abogados para garantizar «el asesoramiento jurídico inmediato a propietarios y comunidades de vecinos afectados por la ocupación ilegal de viviendas, tanto en supuestos de usurpación como de allanamiento de morada».

Relacionado con el sector primario, pero en un apartado escífico, los acuerdos de PP y Vox en Extremadura y Aragón, y por lo tanto proabblemente también el de Castilla y León, incluyen como medidas de idéntica redacción el blindaje frente a la Agenda 2030 y el rechazo al acuerdo de Mercosur, así como mantener la supresión toda carga y tasa autonómica perjudicial derivada del Pacto Verde, y la simplificación de la normativa en la Red Natura 2000 y la Red de Espacios protegidos.

En materia energética, los pactos extremeño y aragonés coinciden palabra por palabra en la protección del suelo productivo y del patrimonio natural frente a la instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos, mientras que en el ámbito educativo el punto de convexión es la prioridad de los productos de proximidad y origen español en los comedores escolares.

En sanidad, la medida en la que los dos textos coinciden es la creación de más plazas en residencias y centros de día y el aumento del presupuesto en la atención a los mayores, mientras que en lo que se refiere al gasto público en Extremadura y Aragón PP y Vox plantean euditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos para eliminar el gasto improductivo y que el acceso a subvenciones quede condicionado a justificar el destino de las ayudas recibidas previamente.

Además, en el aspecto económico, PP y Vox se han comprometido en Extremadura y Aragón a desarrollar un plan de atracción y dinamización de la actividad industrial.

Más allá de las medidas que los dos acuerdos ya firmados calcan en su redacción, existen muchas otras que, si bien se recogen con algunas diferencias, son también muy parecidas en contenido o, al menos, van dirigidas en la misma dirección. Destacan, en este caso, las propuestas dirigidas a reducir los impuestos que pagan los ciudadanos, que se adaptan a la situación fiscal de cada comunidad autónoma; así como las subvenciones para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda o la educación gratuita de 0 a 2 años, esta última ya en vigor en Castilla y León, que se convirtió en pionera.

Por otro lado, otra parte de las medidas acordadas en Aragón y Extremadura difieren no tanto en el contenido como en el plazo de aplicación o el presupuesto dispuesto para llevarlas a cabo, que puede ser distinto o, incluso, no haber sido definido en el documento. Así, y al igual que las políticas recogidas de forma idéntica en los dos textos pueden llevar de la misma manera a Castilla y León, en estos casos cabe esperar algo más de flexibilidad en su contenido.

Finalmente, los acuerdos recogen las posiciones de Vox en los respectivos gobiernos autonómicos. En Extremadura ocuparán una vicepresidencia y dos consejerías, mientras que en Aragón también tendrán una vicepresidencia pero, en este caso, acompañada de tres carteras. En Castilla y León aún no está definido este reparto, aunque todo apunta a que será similar y que serán dos o tres las áreas de gobierno que ocupen los de Abascal. Una de ellas, posiblemente Cultura, será para Carlos Pollán, que será también uno de los vicepresidentes del Ejecutivo.