Castilla y León recurrirá la regularización de inmigrantes por «falta de garantías»

La Junta de Castilla y León recurrirá el Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes que entró en vigor este jueves en toda España. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica estudiarán «cuál será la mejor vía y si es conveniente solicitar una suspensión cautelar» de la norma, según informó el consejero portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

«Hemos examinado el nuevo Decreto-ley y procederemos a recurrirlo en defensa de los intereses de la Comunidad y del conjunto de los ciudadanos», explicó el consejero, que argumentó además falta de información del Ejecutivo central, que «ni siquiera ha comunicado una cifra» sobre a cuántas personas migrantes puede afectar la norma. «No se ha dialogado con las Comunidades Autónomas ni con las corporaciones locales, administraciones que tenemos muchas competencias en este área. No se nos ha informado cuántas personas afectadas, ni en qué condiciones se les va a regularizar», apuntó.

Por otro lado, la medida «también afecta a la normativa europea». A propósito del volumen de personas a las que puede afectar, «puede suponer un impacto muy importante en políticas de coordinación de fronteras y así lo ha señalado la propia Comisión», añadió Carriedo. Además, «la forma de acreditar los requisitos no garantiza el cumplimiento de los mismos. No se ha informado a las comunidades autónomas, y por tanto no ha habido ningún tipo de coordinación para determinar los cauces de actuación», matizó.

Carriedo apostó por otro tipo de integración de los migrantes, «que es la que se hace en Castilla y León, de manera ordenada», subrayó. Una manera «productiva», y más conveniente «en el ámbito social y laboral». Para ello, mencionó los últimos datos sobre personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en la Comunidad, datos que ayer desveló el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: «Hemos conocido que son más de 101.000 en Castilla y León. Eso significa que hay un cauce para la integración ordenada».

«Todo el mundo es bienvenido en Castilla y León, quien viene a trabajar, a cotizar a la Seguridad Social, pero otro tipo de regularización que pueda comportar un impacto negativo tiene que ser objeto de recurso, y lo vamos a presentar en cuanto los servicios jurídicos lo hayan redactado», concluyó.

Preguntado sobre si el asunto ha estado sobre la mesa en las negociaciones con Vox para formar gobierno tras las elecciones del 15-M, Carriedo lo descartó: «Esta decisión la toma la Junta de Castilla y León sin ninguna consideración externa. No es la primera vez. En la anterior Legislatura ya hubo otros recursos», recordó.

En cuanto al mensaje de la Administración autonómica a los migrantes no regularizados, el consejero quiso insistir en que la Junta cree en la integración social y laboral «a través de un puesto de trabajo, y lo estamos demostrando por la vía de los hechos, con más de 101.000 personas de alta en la Seguridad Social», reiteró. 

«Es la manera de integrarse, con un puesto de trabajo. Y no a través de un trabajo en la economía sumergida, que no tiene derechos, que no cotiza a la Seguridad Social». «Creemos en un sistema en el que se contrate a las personas cuando son necesarias, en condiciones que garanticen la integración ordenada. No creemos en esta regularización», destacó, tras señalar las «colas que se están formando» en algunas oficinas de extranjería por falta de previsión, ya que «se desbordan incluso los recursos del Gobierno central», y destacar que el procedimiento «podría haberse organizado de una forma más humana para los propios migrantes».