Podemos acusa al PP de recortar los fondos de la lucha contra la violencia machista en Castilla y León

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, acusó este jueves al Partido Popular de Castilla y León y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de recortar los fondos de la lucha contra la violencia machista y “desamparar” a los colectivos LGTBIQ+, al ser la única comunidad de España que no cuenta con un ley para las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género (lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, personas queer y otras identidades). “Es absolutamente vergonzoso e indecente. Por eso, el 15 de marzo nos jugamos no retroceder en derechos y libertades y que la Comunidad no tenga un gobierno tolerante con la violencia machista, que es lo que puede pasar si vuelve a gobernar Mañueco con Vox”, sentenció.

Tras recordar las tres fallecidas ayer en Miranda de Ebro (Burgos), que suman ya trece en lo que va de año, Fernández dejó claro que en España hay un “feminicidio”, donde se asesina a las mujeres y recordó que Mañueco y el PP pactó en 2022 un gobierno con Vox, que niega la violencia de género. “Esto es miserable y execrable y Mañueco no va tener ninguna duda ni escrúpulos en volver a conformar un nuevo ejecutivo con la ultraderecha. Por lo que el PP será cómplice de quien niega que se mata por el mero hecho de ser mujer”, aseveró. Algo que, a su juicio, deberá ser motivo para “inhabilitar” una democracia “plena” a un partido político y a un gobernante para ser presidente autonómico.

Por su parte, la candidata de Podemos-Alianza Verde por Valladolid, Almudena Villareal, consideró que los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas evidencian que hay un sistema “estructural” y “sistemático” de violencia machista que pone en “grave riesgo” a las mujeres, sus hijos y familiares.

Añadió, según recogió la Agencia Ical, que demuestran que hay “gravísimas grietas” en las instituciones y que la ley no se aplica correctamente y es “injusta”. No en vano, recordó que varias de las asesinadas habían presentado denuncias previas y no se actuó. “El Estado tiene la obligación de proteger, prevenir, actuar y garantizar la seguridad y la vida digna de estas mujeres”, sentenció. De ahí que solicitara una reevaluación de los baremos de riesgo del sistema VioGen para que no vuelva a ocurrir asesinatos, además de la convocatoria de un comité de crisis, con la presencia de los profesionales que están con las víctimas, para analizar los riesgos.

En la línea de Fernández, pidió una mayor dotación de recursos en Castilla y León para que estas mujeres tengan alternativas habitacionales para que se sientan protegidas. También hizo un llamamiento a las “personas de bien” para el 15 de marzo para que voten en contra de los partidos que niegan la violencia de género y fomentan los discursos de odio.