Echevarrieta (Salf): «No vamos a negociar sillones ni consejerías porque esa es la política que venimos a sustituir»

Al poco de anunciarse su candidatura, Lucía Echevarrieta presentó su dimisión como presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE) para mantener la «independencia» del ente. Abogada y socia de una inmobiliaria, defiende a ultranza el discurso del líder del SALF, Alvise Pérez, contra los «chiringuitos» y la política profesional.

Pregunta. ¿Sabía donde se metía cuando le propusieron encabezar la candidatura de Se Acabó la Fiesta en Castilla y León?

Respuesta. No solo sabía dónde me metía: esa es, precisamente, la razón principal por la que estoy aquí. Llevo en Se Acabó La Fiesta desde que el proyecto comenzó. Conozco a Alvise, conozco al equipo que hay detrás, conozco la hoja de ruta. De otra manera no lo hubiera hecho.

P. ¿Qué valoración hace de los 40 años de gestión del PP en la Junta?

R. No es solo el inevitable desgaste. Tanto tiempo en el poder te permite construir unas redes clientelares y de caciquismo que terminan siendo el verdadero objetivo de la acción política. Cuando llevas cuatro décadas gobernando, la prioridad deja de ser servir a los ciudadanos y pasa a ser mantener esas redes que te sostienen en el poder. El resultado: una Comunidad en deterioro progresivo en sanidad, en educación, en vivienda y en natalidad; especialmente en la última década. Castilla y León necesita un cambio urgente y la primera condición para ese cambio es que alguien llegue sin deberle nada a nadie.

P. ¿Qué cambios urgentes debiera acometer el próximo Gobierno?

R. Hay tantos que resulta difícil elegir porque la situación se está volviendo insostenible en muchos frentes. Pero si tuviera que señalar los más urgentes diría, primero, las infraestructuras de carreteras, porque Castilla y León es la Comunidad que más inversión necesita en este capítulo de toda España y el estado de algunas vías es directamente un riesgo para la vida. Segundo, la sanidad. La queja más repetida es siempre la misma: las listas de espera, la falta de médicos y la saturación de los centros de salud. Y tercero, la natalidad. Con una tasa de 1,05 hijos por familia, Castilla y León se muere demográficamente y eso requiere una respuesta política valiente e inmediata. Todo lo demás –cerrar chiringuitos o sanear las cuentas- es el instrumento para financiar esas prioridades reales.

P. ¿Cuáles diría que son los principales chiringuitos abiertos a día de hoy en Castilla y León?

R. Los mayores chiringuitos de cualquier Comunidad Autónoma son los propios partidos políticos y los sindicatos. Son organizaciones que viven exclusivamente del dinero público, que no dependen de sus afiliados para subsistir y que, por tanto, le deben sus lealtades al Gobierno de turno. Eso los convierte en estructuras al servicio del poder y no del bien común.

P. Si hablamos de infraestructuras (estancadas, pendientes o futuras), ¿a cuáles daría mayor prioridad?

R. La prioridad inmediata son las carreteras en las que corres un riesgo para tu vida por el estado deficitario del firme. No es una metáfora: hay vías en Soria que completamente abandonadas, incluso por el propio Gobierno regional. Junto a las carreteras, el gran ‘debe’ de Castilla y León es la conectividad ferroviaria. Ciudades como Salamanca o Burgos, dos de los principales núcleos de población, están prácticamente incomunicadas con Madrid. Dos trenes al día, con tiempos de trayecto muy por encima del coche. En pleno siglo XXI, es inaceptable. Y luego están las grandes infraestructuras pendientes: la Ruta de la Plata, la Autovía del Duero, la deuda histórica del Estado tiene con esta región... Exigiremos que se salden los 6.000 millones que el Gobierno central debe a Castilla y León. Y si no, reclamaremos la transferencia de esas competencias con su financiación.

P. No ha citado el Tren Directo entre Madrid y Burgos con parada en Aranda de Duero, cuya reivindicación es transversal. Incluso el PSOE la respalda, a nivel autonómico, a pesar de Óscar Puente. ¿De qué manera se podría desatascar -nunca mejor dicho- la situación?

R. El Tren Directo es una cuestión de voluntad política. No es un problema de dinero ni de ingeniería. El problema es que Óscar Puente -y el PSOE en general- hace una lectura puramente electoral de cada inversión y abrir esa línea no le resulta rentable electoralmente. El hecho de que incluso el PSOE local lo reivindique mientras el ministro lo bloquea demuestra que el partido funciona con feudos independientes. Desde las Cortes hay que presionar con contundencia y bloquear cualquier órgano de coordinación con el Estado hasta que esta deuda se salde.

P. En materia fiscal, abogan por suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. Teniendo en cuenta que ya se bonifica el 99%, ¿no es prácticamente lo mismo?

R. No es lo mismo. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto. Un piso de tres habitaciones en Valladolid o en Burgos puede valer hoy 400.000 euros en el mercado. El 1% que se paga son 4.000 euros. Puede parecer poco, pero pregúntele a una familia en situación de vulnerabilidad. Si no tienen esos 4.000 euros se quedan sin esa herencia.

P. Hablaba antes de las listas de espera en sanidad. ¿Qué proponen para reducirlas?

R. La solución tiene dos condiciones previas: dinero y prioridad política real. Se trata de invertir más en gasto sanitario para ampliar horarios, aumentar el número de profesionales y mejorar los recursos de los hospitales. Nuestro objetivo es claro: ningún castellanoleonés debería esperar más de 30 días para una consulta con un especialista.

P. Su «contrato electoral» también defiende el PIN Parental.

R. El PIN Parental no es una medida extrema, es sentido común. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y tienen todo el derecho a saber qué se va a trabajar con ellos en el aula. Lo que hemos visto en otras comunidades (talleres de género, materiales sobre ideología LGTBI sin avisar a los padres, dinámicas de rol impuestas…) no es educación, es adoctrinamiento.

P. ¿Ve factible sacar al menos un procurador en todas las provincias?

R. La Ley Electoral lo hace muy difícil. No vale igual el voto de un ciudadano de Soria que el de uno de Valladolid. Eso es una injusticia democrática que critican todos los partidos menos los que se benefician de ella, que son el PP y el PSOE.

P. El hecho de incluir en sus listas a díscolos de Vox, ¿puede rascar votos a los de Santiago Abascal?

R. No les hemos incluido para quitar votos a nadie. Los compañeros que vienen de Vox han tomado la decisión de salir porque conocen el partido desde dentro y saben que el modelo no es el que dicen defender.

P. Podría darse el caso de que SALF no solo obtuviera representación en las Cortes, sino que su voto fuera decisivo para la investidura. Ese sería, al menos, el escenario idóneo para una formación que se presenta por primera vez a las elecciones en Castilla y León. ¿Qué precio pondría a su apoyo?

R. No vamos a negociar sillones ni consejerías, porque esa es exactamente la lógica de la clase política que venimos a sustituir. Lo que exigiríamos son compromisos concretos, verificables y con plazos: el cierre efectivo de los chiringuitos, una auditoría real del gasto público autonómico, un plan creíble de inversión en sanidad, una política agraria que haga rentable el campo y que se exija al Gobierno central la devolución de los 6.000 millones de euros que debe. Sin eso sobre la mesa, en negro sobre blanco, no hay acuerdo.

P. Me estaba refiriendo a un hipotético acuerdo de Gobierno con el PP de Mañueco, con o sin Vox. ¿Se sentaría a hablar con el PSOE si la situación fuese justamente la contraria?

R. No nos vamos a sentar a hablar con un partido que pacta con personas condenadas por terrorismo. Es una línea que no cruzaremos bajo ninguna circunstancia.

P. En una entrevista reciente a este periódico, Daniel de la Rosa confesaba que se ve como vicepresidente con Consejería. ¿Se ve usted ve también con un cargo?

R. Esa es exactamente la mentalidad que ha enfermado la política española: llegar pensando en el cargo que vas a ocupar antes de haber hecho nada por los ciudadanos. No tengo ninguna obsesión compulsiva por aferrarme a un sillón institucional. Estoy aquí porque creo en el proyecto y porque creo que puedo ser útil para Castilla y León. Si eso implica tener un cargo, lo aceptaré. Si no, tampoco pierdo el sueño.

P. Llegado el caso, ¿al frente de que Consejería le gustaría situarse?

R. Como he dicho, eso es política-ficción. Prefiero hablar de los problemas reales que afectan a los ciudadanos de esta Comunidad. Entiendo que la pregunta es legítima, pero dedicar energía a colocarme imaginariamente en una Consejería antes de haber convencido a un solo votante me parece una forma de hacer política que no va conmigo.

P. ¿Debería tener la política fecha de caducidad para toda persona que ostente un cargo de poder?

R. Sí. Creo que es una de las reformas más necesarias del sistema. Lo hemos visto en Castilla y León: cuatro décadas de Gobierno del mismo partido han generado una red clientelar tan enraizada que el objetivo ya no es gobernar bien, sino perpetuarse. La limitación de mandatos es una herramienta importante, pero no es suficiente por sí sola. Lo que de verdad marca la diferencia es que los políticos tengan una vida real fuera de la política a la que regresar cuando acaben su etapa. Los que llevan 10, 20 o 30 años viviendo de la política no pueden hacer otra cosa: están atrapados.