Las peticiones de protección internacional descienden por segundo año consecutivo en Castilla y León

Las solicitudes de protección internacional registradas en Castilla y León descendieron el pasado año por segundo año consecutivo hasta las 4.669, un 36,6% menos que en 2023, año récord en la Comunidad cuando se alcanzaron las 7.373 peticiones, la cifra más alta de toda la serie histórica.

El comportamiento a nivel nacional ha sido similar y 2025 se cerró con 141.642 solicitudes, un 15,9% menos que el máximo histórico que en este caso se alcanzó en 2024, con 167.749 peticiones, según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) a los que ha tenido acceso Ical.

Al igual que en el conjunto de España, el crecimiento en los últimos años ha sido exponencial, ya que en 2015 solo se contabilizaron 105. En este último decenio más de 32.700 migrantes, la mayoría de Venezuela y Colombia, han reclamado este derecho en la Comunidad. Después aparecen países como Perú, Honduras, Mali o Senegal.

A estas órdenes de protección internacional, hay que sumar las solicitudes de protección temporal, que solo en el caso de ciudadanos ucranianos han supuesto la llegada a Castilla y León de más de 4.600 personas, de las que el 3.900 lo hicieron al inicio de la guerra, en 2022. Desde entonces, el Gobierno de España ha concedido protección temporal a 236.570 ucranianos.

Valladolid fue la provincia que más solicitudes de protección internacional tramitó el pasado año con 1.132, seguida por León (795) y Segovia (720). En el extremo opuesto aparecen Soria, con 166 solicitudes de protección internacional, seguida de Palencia (204) y Ávila (257). En Zamora se tramitaron 515, en la provincia de Salamanca 563 y en Burgos 417.

Por comunidades, Madrid se situó en cabeza, con 43.585 solicitudes, por delante de Andalucía (20.013), Cataluña (17.206), Canarias (7.825) y Galicia (7.095).

Accem, junto con Cruz Roja, es una de las oenegés más implicada en la Comunidad en la ayuda a las personas migrantes y en la actualidad gestiona alrededor de un millar de plazas de personas solicitantes de protección internacional. Daniel Duque, representante de Accen en Castilla y León, reconoce que la evolución de las solicitudes en Castilla y León es similar a la del conjunto de España, donde el pasado año, por primera vez, retrocedió el número de solicitudes de asilo. En este sentido, explicó que esta bajada está motivada por el ‘estancamiento’ de algunos conflictos bélicos como el de Ucrania.

El trabajo de esta organización, que lleva más de treinta años ayudando a inmigrantes en Castilla y León, comienza desde el momento en el que el extranjero, una vez en España, comunica a la Policía su deseo de solicitar la protección internacional. Por ley, la protección internacional la puede solicitar toda persona extranjera que teme por su vida, libertad o seguridad en su país de origen. Esta situación incluye conflictos bélicos, pero también motivos de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, opiniones políticas o pertenencia a grupo social.

Una vez presentada la solicitud, Accem pone en marcha sus distintos recursos, que van desde atención psicológica, dado que muchas personas vienen con una “mochila emocional bastante cargada”, así como asistencia jurídica, vital para elaborar el manifiesto que el inmigrante debe presentar ante el Ministerio del Interior solicitando la protección internacional. Además, si no disponen de los recursos para mantenerse por sí mismos, también se activan mecanismos para garantizar la manutención y el alojamiento.

Una vez presenta la solicitud, el migrante dispone de permiso de residencia hasta que el Gobierno decide si le concede la protección internacional, proceso que suele prolongarse entre un año y medio y dos años. No obstante, a los seis meses, de forma automática, se le concede el permiso de trabajo, un paso fundamental, según explica Duque, que les abre las puertas a lograr su autonomía personal.

Proceso de regularización

Por otra parte, Daniel Duque apunta que el proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno resultará muy beneficioso para las personas a las que se deniega la protección internacional, dado que de esta forma se evitará que una persona con permiso de residencia y trabajo, y con un contrato en vigor, pase de forma sobrevenida a estar en situación irregular.

Además, aseguró que los únicos que ganan cuando los emigrantes se ven obligados a trabajar en la economía sumergida, son las personas que quieren “aprovecharse de ellos”. “La única manera en la que ganamos todos es acabando con la economía sumergida”.

Por otra parte, Duque argumenta que Castilla y León “siempre ha sido una tierra de acogida”, aunque lamenta que desde que las personas inmigrantes están puesto político y se “utilizan como un arma arrojadiza, tienen mucho más complicado vivir aquí”. A su vez, el representante de Accen argumentó que los trabajadores inmigrantes son fundamentales para el funcionamiento de sectores como la hostelería, la construcción o el campo, pero reconoció que todo lo que rodea a este sector está muy polarizado y se viven “situaciones tensas, especialmente para ellos por los bulos que se lanzan desde redes sociales y que dificultan mucho la convivencia del día a día”.

Por último, también indicó que la llegada de inmigrantes es clave para frenar la despoblación que afecta a Castilla y León y apuntó que el “incremento de población de los últimos años mucho tiene que ver con las personas migrantes que han decidido quedarse aquí y convertirse en vecinos de Castilla y León. Los datos son irrefutables y Castilla y León necesita a la población inmigrante”.