Radiografía de la era Mañueco

El 15 de marzo de 2026 está marcado de rojo en el calendario de Castilla y León. El undécimo domingo del año, la Comunidad acogerá de nuevo unas elecciones autonómicas, y lo hará marcada por las cifras que ha ido registrando en la etapa del ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. El salamantino ganó sus primeros comicios en mayo de 2019, y desde entonces son varios los indicadores que han venido dibujando el escenario sobre el que ahora se encuentra la comunidad castellana y leonesa y el marco por el que se asoma a esa cita con las urnas. Datos económicos, demográficos, de empleo y de servicios públicos que componen la radiografía de una Castilla y León que afronta nuevos comicios.

Para llevar a cabo este análisis, a lo largo de las próximas páginas se desarrollan las cifras relativas a diferentes indicadores recopiladas por organismos oficiales. Dado que la última etapa en la presidencia de la Junta arrancó bien entrado 2019, los datos iniciales son los correspondientes a 2020 ya que estos son los que se pueden imputar por completo a la ‘era Mañueco’ después de ya varios meses de trabajo de su equipo.

Bajo estas premisas, y en materia de empleo, Castilla y León muestra una evolución notablemente positiva y que la sitúan actualmente con mejores cifras que la media nacional.

De hecho, la Comunidad anotaba al cierre del cuarto trimestre de 2025, últimas cifras recogidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Población Activa, una tasa de paro del 8,36%. El dato, a todas luces positivo, lo es más si se compara con el mismo periodo de 2030, cuando el desempleo alcanzaba el 11,61%. Dicho de otra forma, Castilla y León ha reducido su tasa de desempleo más de tres puntos en cinco años, lo que a su vez se traduce en que la cifra autonómica de ocupados ha superado el millón de personas.

En este caso, la Comunidad se sitúa en el grupo de cabeza nacional, a pesar de que con esa tasa del 8,36% no logra destacar por encima de aquellas que la mejoran y que reducen el dato incluso por debajo de los siete puntos porcentuales, como es el caso de Cantabria.

Conviene recordar que desde 2020 hasta ahora se ha producido un descenso generalizado del paro en toda España motivado, en gran medida, por la puesta en marcha de diferentes mecanismos para mejorar el empleo, principalmente la reforma laboral de 2022 que prioriza el contrato indefinido y limita la temporalidad.

La parte negativa en términos de empleo de Castilla y León y que contrasta con la disminución del paro tiene que ver con los trabajadores autónomos, quienes han cerrado las puertas de sus negocios de manera masiva en la Comunidad en los últimos años. En este caso los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) correspondientes a junio de 2025 lo dejan claro. Con respecto al mismo mes de 2019, la comunidad castellana y leonesa cuenta con 11.740 trabajadores por cuenta propia menos.

Pero Castilla y León no solo destaca por esa caída masiva de los autónomos, sino que además la registra en un contexto en el que estos trabajadores han aumentado en el conjunto de España un 3,7% más y sumándose a las estadísticas 122.114 personas. En todo caso, la Comunidad contaba en junio del pasado año con algo más de 183.000 trabajadores por cuenta propia, casi el 5,4% del total nacional.

Otro indicador importante de la evolución mayormente positiva que Castilla y León ha registrado en los últimos años y con la que se asoma a las elecciones tiene que ver con la economía, y más concretamente con el sector industrial de la Comunidad. En este sentido, la mejor muestra de que ha existido una evolución a lo largo de los últimos años es el Índice de Producción Industrial, recogido por el INE, y que ha pasado de 116 puntos en mayo de 2019 a 118 en noviembre de 2025, el último disponible.

En relación con la producción industrial, uno de los datos por el que Castilla y León siempre ha sacado pecho es el de las exportaciones, lo que a su vez se traduce en un balance comercial muy positivo con terceros países. Según el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (en 2019 denominado como de Industria, Comercio y Turismo), la Comunidad cerraba noviembre con 1.812.500.000 de euros en exportaciones, el 5,6% del total nacional en un mes que se presentaba algo más contenido en cifras que octubre. A ello se sumaba, además, un volumen en importaciones de 1.505 millones de euros, el cuatro por ciento del total nacional, que deja un balance comercial de 343 millones frente a unas cifras nacionales que arrojaron en noviembre un déficit cercano a los 5.700 millones.

Igualmente, en el acumulado en lo que va de año, Castilla y León se situaba hasta noviembre de 2025 con un volumen de exportaciones que se acercaba a los 18.500 millones de euros frente a unas importaciones que superaban por poco la barrera de los quince mil. De esta forma, el saldo comercial anotaba para la Comunidad un superávit acumulado de 3.417 millones de euros, la segunda cifra más alta del país solo por detrás de Galicia.

El sistema sanitario, con la mitad de lista de espera y entre los mejor valorados

El escenario económico con el que Castilla y León se asoma a las elecciones del 15 de marzo no es el único que a grandes rasgos ha mejorado a lo largo de la ‘era Mañueco’. También lo han hecho, aunque con algunos matices, los indicadores que reflejan el funcionamiento de los servicios públicos esenciales de la Comunidad, especialmente la sanidad y los servicios sociales, gracias en buena parte a la reducción de la lista de espera para someterse a una intervención quirúrgica y a los informes de expertos que sitúan la atención a la dependencia castellana y leonesa como la mejor de España.

Los resultados en sanidad, educación y servicios sociales sustentan buena parte del argumentario de la Junta de Castilla y León para defender su buena gestión, a través de los resultados obtenidos en los informes más recientes. En todo caso, conviene realizar un análisis más profundo en lo que respecta a la evolución de las cifras en los últimos años para obtener un contexto más preciso.

En lo que respecta a la sanidad, uno de los indicadores a los que más atención se presta es a la lista de espera quirúrgica, es decir, el tiempo que cada paciente debe espera para ser operado. Este aspecto siempre recibe mucha atención en el debate político autonómico, a pesar de que el resultado depende en gran medida de la época del año. Es por ello que comparando los últimos datos disponibles, relativos al cuarto trimestre de 2025, con los del mismo periodo de 2020 se puede comprobar como la espera ha disminuido casi a la mitad al pasar de 152 a 87 días.

A lo largo de esa ‘era Mañueco’ la Consejería de Sanidad, responsable de estas listas de espera, ha atravesado varias etapas. La primera, cuando durante el gobierno en coalición con Ciudadanos estuvo en manos de Verónica Casado, de la formación naranja, tiempo en el que también se desató la pandemia de coronavirus. Fue entonces cuando la demora alcanzó su pico máximo, hasta que después de la ruptura con Ciudadanos y aliarse con VOX para la que ha sido la última legislatura, Mañueco puso al frente de la Consejería a otro médico, en este caso el burgalés Alejandro Vázquez, y a quien encomendó la nada fácil labor de reducir drásticamente las listas de espera.

No sin repuntes y a través de planes de choque, Vázquez ha logrado en los últimos años avanzar en esa tarea que le impuso Mañueco hasta llegar a esos 87 días de los que informa Sacyl en el último informe. Aun con todo, se trata de un tiempo de espera medio, con lo que todavía hay algunas especialidades en las que aumenta notablemente. Lo mismo ocurre con algunos hospitales de la Comunidad, donde la lista de espera llega a triplicar e incluso a cuadruplicar la de los mejor posicionados, haciendo evidente que aún siguen existiendo desequilibrios en algunos territorios.

Por otro lado, y sin dejar el ámbito de la sanidad, también se puede analizar el nivel de satisfacción de los pacientes con el sistema sanitario autonómico. Este análisis, que coordina el Ministerio de Sanidad y que publica anualmente como barómetro sanitario, refleja que el sistema de Castilla y León está a la cabeza de los mejor valorados por los pacientes y usuarios. En este caso se trata de datos extraídos por la Junta de Castilla y León del informe del Ministerio relativo a 2024, y donde se refleja que los castellanos y leoneses califican su sistema sanitario con un 6,68. Puede no ser una nota demasiado alta, pero es la segunda calificación más alta del país solo por detrás de Asturias y está cuatro décimas por encima de la media nacional.

Los resultados que Castilla y León alcanza en materia de sanidad son incluso mejores cuando se trata de analizar la prestación de servicios sociales. El Ejecutivo de Mañueco, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, le ha dado siempre un especial impulso a la atención de las personas dependientes y, en especial, a los más mayores, algo necesario en una Comunidad con un marcado envejecimiento demográfico.

A través del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (Índice DEC) la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de un sistema, los servicios sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España.

En este sentido, el Índice DEC del año 2020 ya recogía que País Vasco, Navarra y Castilla y León seguían teniendo «la mejor calificación en materia de servicios sociales, lo que también desvela que en los informes anteriores la Comunidad ya venía estando en los puesto de cabeza. En este, además, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destacaba que el 15,1% de la población castellana y leonesa «potencialmente dependiente» recibía atención del sistema.

En el último informe disponible, el de 2024, Castilla y León ha reforzado ese liderazgo en servicios sociales y se mantiene todavía a la cabeza del país junto a, de nuevo, País Vasco y Navarra. No solo eso, sino que en el último balance la Comunidad se sitúa en el primer puesto nacional con el mayor índice de todo el país.

Por lo tanto se puede concluir que si bien Fernández Mañueco recibió una Comunidad puntera en la prestación se servicios sociales, a lo largo de los últimos cinco años el sistema castellano y leonés ha conseguido incluso mejorar esos registros para no solo mantenerse en el grupo de cabeza, sino para además situarse en la primera posición y, dicho sea de paso, con una notable diferencia sobre una gran mayoría del resto de comunidades autónomas.

Finalmente, y para completar los servicios públicos esenciales, Castilla y León también anota en materia de educación unos resultados envidiables para el resto de comunidades autónomas y con los que bate, incluso, a otros países. En este caso son los resultados del informe PISA, al que, de hecho, Mañueco se ha referido en varias ocasiones para poner en valor la calidad del sistema educativo autonómico.

Freno a la sangría demográfica con la llegada de 84.000 inmigrantes

Castilla y León se viene enfrentando en los últimos años, prácticamente décadas, a una pesada losa que las políticas públicas, independientemente de la administración que las haya puesto en marcha, han sido incapaces de revertir. Esta problemática no es otra que la sangría demográfica que sufre la Comunidad, una pérdida de población que solo en los últimos años y principalmente gracias a las tendencias migratorias, ha logrado contenerse.

Porque el verdadero cambio en esta tendencia ha llegado de la mano de los inmigrantes que han elegido Castilla y León para asentarse. 84.000 desde el año 2020, que a día de hoy sujetan a la Comunidad por encima del listón de los 2,4 millones de habitantes. A ello han contribuido factores como una buena calidad de vida, facilidad para encontrar empleo y una vivienda más asequible que en otros lugares de España, si bien tampoco parecen estas cuestiones determinantes cuando el impulso de la población extranjera a las cifras de población ha sido generalizado en todo el país.

Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la estadística continua de población, Castilla y León contaba a 1 de enero de 2026 con 2.418.425 habitantes. Frente a los 2.398.976 contabilizados a 1 de enero de 2020, supone un aumento de 19.449. Esto supone, a su vez, que si hay 84.560 extranjeros más, la población española ha descendido.

No en vano, y de nuevo según datos del INE, en este caso de la estimación mensual de nacimientos, en noviembre de 2025 nacieron en Castilla y León 1.055 bebés, una cifra que se ha mantenido prácticamente inalterada durante los últimos años y que, incluso, es inferior a los 1.174 alumbramientos de enero de 2020.

Una vez más, esa escasez de nacimientos en la comunidad castellana y leonesa no es algo aislado, sino que también se trata de una tendencia nacional en la que las parejas jóvenes tienen hijos más tarde y en pocos casos buscan más de un bebé, lo que descompensa el balance demográfico.

Para muchos expertos, uno de los motivos por el que los jóvenes no forma una familia antes o de mayor tamaño es por las dificultades a la hora de acceder a una vivienda, con un mercado cuyos precios se han disparado a lo largo de los últimos años. Así, para muchos es casi imposible comprar una vivienda ya sea nueva o de segunda mano, pero la alternativa, que tradicionalmente ha sido vivir de alquiler, tampoco resulta viable puesto que estos precios también resultan difícilmente asumibles.

Frente a esta situación el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco también quiso reacciones con diferentes medidas. Por un lado, la convocatoria de ayudas al alquiler que, cuando se cumplen las condiciones, cubren hasta el 50% de la renta mensual. Por otra parte, la construcción de viviendas públicas en régimen de venta o alquiler en diferentes puntos de la Comunidad para ofrecerlas a precio más asequibles.

Además, buena parte de esta vivienda pública se ha construido en el medio rural con el objetivo de revitalizar algunas de las zonas de Castilla y León más duramente golpeadas por la sangría demográfica.