Cuentas activa el plan para fiscalizar los gastos de los partidos de Castilla y León por el 15-M

El Consejo de Cuentas ha dado el pistoletazo de salida a su plan de fiscalización sobre los gastos de los partidos políticos de cara a los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo. Se estima que, en conjunto, registrarán un gasto muy similar al de las elecciones de 2022, cuando desembolsaron 3,7 millones de euros y recibieron subvenciones con fondos públicos por valor de 2,3 millones de euros.Y es que la Consejería de Economía y Hacienda, en su Orden del 20 de enero, ha atribuido las mismas cantidades que hace cuatro años a cada uno de los conceptos a subvencionar.

Todas las formaciones políticas están obligadas a dar cuenta de sus gastos electorales al Consejo de Cuentas, dependiente de las Cortes. En el último Pleno de la Institución se puso en marcha el mecanismo, con la elaboración de la instrucción de fiscalización de esa contabilidad, un mecanismo que se publicará en el Bocyl este mes de febrero.

Tras la reciente disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria de elecciones autonómicas para el domingo 15 de marzo,

El Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF) de Cuentas para el año 2026 prevé, dentro de las inspecciones de mandato legal, los informes sobre el examen de la contabilidad electoral de las elecciones autonómicas. Así, las formaciones políticas deberán presentar su contabilidad electoral entre los 100 y 125 días a partir de los comicios, tras lo cual el Consejo de Cuentas deberá pronunciarse sobre su regularidad en los 200 días posteriores a la cita con las urnas. En caso de que las cuentas no observen los requisitos legales, la Institución podrá proponer la reducción o bien que no sea adjudicada la subvención a percibir.

Según recoge la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León, están obligadas a rendir al Consejo de Cuentas tanto las formaciones que obtengan representación como consecuencia de los resultados electorales, como las que hayan solicitado un adelanto de subvenciones por haberla tenido en las anteriores elecciones autonómicas. «En consecuencia, se elaborará un informe individual para cada una de dichas formaciones políticas», destacó el Consejo de Cuentas en un comunicado posterior al Pleno.

Las normas de financiación y gastos electorales se contemplan en los artículos 45 a 48 de la Ley Electoral mencionada, y el control de la contabilidad electoral en los dos artículos siguientes. Las cantidades a aplicar, eso sí, son actualizadas en cada elección por la Consejería de Hacienda. Así, según su Orden de 20 de enero, publicada en el Boletín Oficial de Castilla yLeón (Bocyl) dos días después, se subvencionará a los partidos con 10.205,62 euros por cada escaño obtenido en el Parlamento autonómico.

Además, se abonará 0,40 euros por cada voto conseguido a cada candidatura que hubiera obtenido, al menos, un escaño, y 0,19 euros por elector, por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido representación parlamentaria.

Por otro lado, la ley establece un límite que puede gastar cada partido en la campaña, y ese límite está en función del censo. Hacienda ha establecido, como tope a esas cuentas para gastos ordinarios (sin contar los gastos por envíos directos) la cantidad de 0,38 euros por cada habitante de la población de derecho de las circunscripciones donde cada partido presente su candidatura.

Actualización

Aunque sería más correcto decir que la Consejería de Hacienda ha «actualizado» las cantidades establecidas en la ley, que ascendían el día de su promulgación, en 1987, a «un millón de pesetas» por cada escaño obtenido, «cuarenta pesetas» por cada voto que hubiera obtenido, al menos, un escaño; y «25 pesetas» por envíos por cada elector.

Además, para establecer el tope presupuestario de cada formación política, la cantidad de partida de la ley estaba establecida en «treinta pesetas» por cada habitante, según la población de derecho. El texto concreta que esas cantidades están referidas a «pesetas constantes», e indica que por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda «se fijarán las cantidades actualizadas en los cinco días siguientes al de la convocatoria de elecciones».

Traducido a dinero contante y sonante, la norma establece que los partidos políticos que presentan su candidatura en las nueve provincias tendrán un tope presupuestario de 918.000 euros, mientras un partido que se presentara solo por la circunscripción de Valladolid debería ceñirse a 199.000; por la de León a 169.000; por la de Burgos a 137.000; por la de Salamanca a 124.000; por la de Zamora a unos 62.500; por la de Ávila a unos 60.500; por la de Palencia a 59.000; por la de Segovia a 59.000 y por la de Soria a 34.000.

La norma contempla que la Administración autonómica concederá anticipos de las subvenciones «a los partidos, federaciones y coaliciones que hubieran obtenido representantes en las últimas elecciones autonómicas celebradas, por una cuantía máxima del 30% de la subvención percibida en aquellas».

Las formaciones políticas ya han solicitado esos anticipos, tras haber terminado el plazo de solicitud que se abrió el pasado 10 de febrero, y permaneció abierto hasta el viernes, 13 de febrero. La concesión de las cantidades solicitadas por las formaciones políticas comenzó el martes siguiente, 17 de febrero.

Cambios

Se prevé que las cantidades, en los totales, sean parecidas a las del año anterior sobre todo en las subvenciones a distribuir, ya que el número de electores es similar (solo ha subido en 3.145 hasta 2.097.768) y el número de procuradores también aunque se añadirá uno más hasta los 82 por el escaño que gana Segovia, que sube de 6 a 7 representantes por el aumento del censo.

En lo que sí podrán darse cambios sustanciales es en la distribución por resultados, en función de los procuradores y votos que obtenga cada formación política. Así, en las pasadas elecciones autonómicas de 2022 en Castilla yLeón, tras la fiscalización efectuada por el Consejo de Cuentas, los gastos regulares justificados por las ocho formaciones políticas que obtuvieron representación parlamentaria ascendieron conjuntamente a 3.696.292,84 euros, de los cuales 2.610.919,64 fueron en concepto de gastos ordinarios y 1.085.373,20 en concepto de gastos por envíos directos de propaganda y publicidad electoral.

En función del gasto justificado, la subvención total a percibir por las formaciones políticas conjuntamente ascendió a 2.309.264,04 euros, de los que 1.223.890,84 euros correspondieron a los resultados electorales y 1.085.373,20 a los envíos.

Los gastos regulares justificados fueron de 1.139.990 euros por parte del PP; 1.219.575 euros por parte del PSOE; 704.596 euros por parte de VOX; 86.568 por parte de UPL; 32.644 por parte de Soria Ya; 176.290 por parte de Unidas Podemos; 290.778 por parte de Ciudadanos y 45.852 por parte de Por Ávila.

En cuanto a las subvenciones, ascendieron a 731.126,11 euros para el PP; 776.625,10 euros para el PSOE; 429.475,07 euros para VOX; 86.568,31 para UPL; 32.644,19 para Soria Ya; 64.440,03 para Unidas Podemos; 148.725,35 para Ciudadanos y 39.659,88 para Por Ávila.

El primer cambio evidente en el reparto está en la más que probable desaparición del arco parlamentario de las formaciones Ciudadanos y Unidas Podemos (esta última no ha logrado alcanzar un acuerdo de coalición entre Podemos e IU, lo que aleja la posibilidad de repetir con un procurador). Por otro lado, el incremento que vaticinan las encuestas a PP y Vox hará repuntar las subvenciones que puedan recibir ambas formaciones políticas, pero aún está por ver en qué medida.