Cerrojazo a 1.357 pisos turísticos ilegales de Castilla y León en las plataformas

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha notificado a las plataformas online que deben retirar los anuncios de 1.357 viviendas turísticas y temporales ilegales ubicadas en el territorio de las nueve provincias de Castilla y León. Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos. La Comunidad se encuentra en el décimo lugar de la tabla autonómica por número de solicitudes revocadas, a mucha distancia de las tres primeras autonomías de la lista, Andalucía (21.872 solicitudes revocadas), Comunidad Valenciana (14.387) y Canarias (13.726).

Así se desprende de los datos aportados este lunes por el Ministerio en un comunicado, en el que se detallan los datos de las 19 ciudades con más solicitudes revocadas en España, entre las cuales no se encuentra ninguna de Castilla y León. Del total nacional, que asciende a 86.275 revocaciones, Castilla y León agrupa solo el 1,54%. De hecho, las tres primeras comunidades de la tabla, ya mencionadas, acaparan más de la mitad de las solicitudes revocadas, con casi el 58%. Si se suma la cuarta autonomía de la tabla, Cataluña, con 13.350 revocaciones, la porción de la 'tarta' Supera el 73%. Se trata de las cuatro comunidades autónomas más turísticas. Madrid, quinta de la tabla, ya aparece a distancia con 5.893 (el 6,83%).

Por contra, las regiones con un menor número de solicitudes de vivienda turística y de temporada rechazadas son Extremadura con 270 (0,31%), La Rioja con 302 (0,35%), Navarra con 356 (0,41%), País Vasco con 711 (0,82%) y Aragón con 918 (1,06%).

En el conjunto nacional, las notificaciones del Mivau a las plataformas digitales incluyen 86.275 viviendas turísticas y temporales que no cumplen los requisitos. Según informa el Ministerio, España ha sido el primer país de la UE en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración. Desde el pasado mes de julio, es obligatorio ese código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Una vez este Ministerio notifica, las distintas plataformas que operan en este sector deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

Las solicitudes rechazadas rozan el 21% de las solicitudes tramitadas, que ascienden a 412.253. De todas estas solicitudes de registro, 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico; es decir, de temporada. La Comunidad de Madrid, sin embargo, invierte esos porcentajes, pues allí el 83% de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada. Concretamente, 21.978 de las 26.355 solicitudes recibidas son de alojamientos de temporada y 4.377 de alojamientos turísticos.

En cuanto a las ciudades con más revocaciones, Madrid lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344. Le siguen Barcelona (con 5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), València (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942). Es especialmente llamativo el caso de la provincia malagueña, según destaca el Mivau, pues incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas.

El registro obligatorio de alojamientos de corta duración, impulsado por el Mivau, tiene el objetivo de «perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial», explican desde el departamento del Ejecutivo central.

De este modo, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez «busca preservar la función social de la vivienda y combatir la ilegalidad con la que opera actualmente un gran número de alojamientos con estas características, provocando una subida exagerada de los precios y la expulsión de muchas familias de sus barrios, así como una mayor gentrificación y pérdida de identidad en los mismos», apunta la misma fuente.