ECONOMÍA
El fracaso del decreto ómnibus del Gobierno le cuesta a Castilla y León 1.500 millones anuales de entregas a cuenta
"Garantizamos la adecuada prestación de nuestros servicios públicos", afirma Carriedo, pero recuerda que los recursos son los mismos que en 2023

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece tras la celebración del Consejo de Gobierno.
El en su día tan nombrado decreto ómnibus del Gobierno de España ha terminado su tramitación en el Congreso de los Diputados de forma abrupta, y este fracaso ha dejado numerosas medidas incluidas en el documento sin ponerse en marcha. Una de ellas, y que afecta directamente tanto a Castilla y León como al resto de autonomías, es la actualización de las entregas a cuenta correspondientes al sistema de financiación autonómica, y que al no hacerse efectiva se deja por el camino unos 1.500 millones de euros anuales que la Comunidad habría recibido para sufragar la prestación de los servicios públicos.
Así lo señalo el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves. Preguntado acerca de los efectos que el fracaso del decreto ómnibus podría tener para la Comunidad, señaló que estos tendrán que ver en materias como el transporte, pero también con las cantidades que el Ejecutivo autonómico recibe del Gobierno y que habrían supuesto 160 millones de euros más al mes, cantidad calculada "a partir de las cifras comunicadas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado en diciembre".
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No obstante, la actualización no ha podido salir adelante por el bloqueo en el Congreso al decreto, con los votos en contra de Vox, Junts y el propio Partido Popular, aunque de esto último nada mencionó Carriedo. Recordó, eso sí, que las cantidades que se recibirán este año son las contempladas en los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno de España, del año 2023.
"Garantizamos la adecuada prestación de nuestros servicios públicos", aseveró el portavoz de la Junta al respecto apuntando que la no actualización de las cantidades no tendrá efecto directo en los ciudadanos, si bien ahondó en que se trata de afrontar los gastos de 2026 con los mismos recursos que hace tres años. "Tiene su complejidad", reconoció, pero también confió en que la situación pueda resolverse por otra vía. Además, agregó que la "situación" de Castilla y León "está permitiendo quizá mejor que a otros abordar esta circunstancia".
Finalmente, y al haberse producido ya la convocatoria de elecciones, el portavoz de la Junta aclaró que sus palabras respondían a una información solicitada por parte de los periodistas que habían acudido a su intervención, por lo que pidió que no se tomara como una “crítica política”, sino como un “comentario” solicitado, informa Ical.