Carlos Martínez carga contra la financiación de Sánchez y Junqueras: "Es tremendamente injusta con Castilla y León"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, b, reiteró este miércoles que la propuesta del Gobierno respecto a la financiación autonómica es “tremendamente injusta e insuficiente” para una Comunidad con 95.000 kilómetros cuadrados, 2,5 millones de habitantes y 2.248 municipios, por lo que apostó por “dar una vuelta en profundidad" al modelo que presenta este miércoles la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades.

Carlos Martínez, tras participar en Soria en la inauguración de las jornadas ‘Impulsando la puesta en valor de los ecosistema forestales’ de la Fundación Biodiversidad, se refirió al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra esta mañana en el que se debatirá la propuesta de reforma del sistema presentada el pasado viernes por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda.

Al respecto, el candidato socialista a la Junta exigió una financiación basada en el coste efectivo de los servicios, que tenga en cuenta la dispersión de la población, y señaló que no es de recibo la diferencia que existe entre los 271 millones de euros que se pone encima de la mesa para Castilla y León y el resto de comunidades, informa Ical.

“Además hay cuestiones que chirrían porque hay una diferencia también con Castilla-La Mancha. Prácticamente se multiplica por cinco y por seis, cuando Castilla-La Mancha tiene unas características muy similares a la nuestra, es un poquito más pequeña en cuanto a superficie y con un poco menos de población. Es verdad que ellos están ganando población y nosotros perdiéndola. Hay que ver qué se está haciendo bien en Castilla-La Mancha y qué estamos haciendo mal en Castilla y León”, puntualizó.

Asimismo, Carlos Martínez apostó por dejar de “patalear” respecto a la propuesta de financiación “injusta e insuficiente”, e insistió entablar un diálogo que beneficie a los intereses de Castilla y León.

En este aspecto, indicó que tampoco no es tiempo de impugnar ante el Tribunal Constitucional ninguna propuesta, ya que no está aprobada y sí de sentarse para abordar las necesidades de la Comunidad e incluso confrontar con otras autonomías que en la defensa legítima de sus intereses quieren que se tenga en cuenta criterios relacionados con el número de habitantes.

Finalmente, afirmó que no entiende el posicionamiento del presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ya que a su juicio se opone absolutamente a todo lo que hace el Gobierno de España, pero, agregó, que desde el PSOE de Castilla y León se defenderá los intereses de la Comunidad y se exigirá que “pondere mucho más y con mayor fortaleza” el coste de los servicios en función del envejecimiento, la dispersión de la población y la superficie.

Carriedo: "Es un pago a los socios separatistas"

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, lamentó hoy que el Gobierno de España utilice la financiación autonómica para pagar "un precio político" a sus "socios separatistas" y recordó que el "dinero de todos los españoles tiene que servir para financiar los servicios públicos de todos los españoles". El también portavoz del Gobierno autonómico se pronunció así antes de entrar al Ministerio de Hacienda donde a las 10.30 estaban citadas las comunidades autónomas para asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se debatirá a lo largo de la mañana la propuesta de reforma del sistema presentada el pasado viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que se basa en un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña.

En este sentido, Carriedo celebró la citación del Ministerio a un Consejo que las autonomías han pedido "en muchas ocasiones para hablar de financiación autonómica", aunque lamentó tener que acudir después de haber conocido el contenido de esa reforma a través de las palabras del líder de los independentistas, Oriol Junqueras. "Fue Junqueras quien nos contó el contenido de este acuerdo y luego la ministra añadió algún detalle adicional", resaltó.

Más allá de las formas, el dirigente castellano y leonés insistió en las dos cuestiones que la Junta considera "esenciales". Por un lado, señaló la convicción de que "el dinero de todos los españoles tiene que servir para financiar los servicios públicos de todos los españoles". "Nos jugamos mucho en la financiación autonómica porque estamos hablando de cómo se financia la sanidad, la educación, los servicios sociales y otra serie de servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas", defendió Carriedo que hizo hincapié en que el presidente no puede utilizar la financiación "como instrumento de pago de un precio político para compensar a sus socios separatistas".

Por otro lado, señaló que desde el Gobierno de Castilla y León siempre se ha defendido "que aquello que afecta a todos tiene que ser negociado entre todos". "Si afecta a todas las comunidades autónomas, tiene que ser negociado contando con todas las comunidades autónomas y hemos visto que se ha negociado sin contar con ninguna comunidad autónoma porque se ha negociado con una persona que no forma parte del Gobierno de una comunidad autónoma", explicó el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Sobre este punto recordó que Junqueras solo es "el secretario general de un partido separatista" y el acuerdo con Hacienda es "el pago de un precio político a cambio de unos apoyos parlamentarios".

Carriedo aún fue más allá al asegurar que mientras el Gobierno les negaba a la regiones la existencia de algún documento sobre la reforma de la financiación en un Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada en noviembre, ahora se ha conocido que ya había "reuniones previas entre el presidente del Gobierno y Oriol Junqueras". Por eso, para el dirigente castellano y leonés este modelo de financiación "no está pensado para el interés general de los españoles, sino que solo está al servicio de la compensación de sus socios separatistas y por eso es un modelo que es malo para el conjunto de España y también es malo para Castilla y León".