El Común insta a la Junta a legislar sobre la eliminación de residuos de placas solares en Castilla y León

Ante el auge de las energías renovables surge un nuevo problema: la eliminación de los residuos que generan las instalaciones donde se generan ya sea por su funcionamiento normal o cuando se desmantelan. Situaciones para las que Castilla y León no cuenta con una legislación específica y por lo que el Procurador del Común, en una actuación de oficio, insta a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a actuar al respecto y elaborar una normativa propia en el marco de sus competencias enfocada específicamente a las instalaciones fotovoltaicas.

Así lo expone la institución que encabeza Tomás Quintana en su resolución, dividida en dos partes. Por un lado, recomienda que «en el ejercicio de las potestades atribuidas a la Administración autonómica [...] se continúen las labores de vigilancia por parte de los órganos competentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con el fin de garantizar que la entrega y tratamiento de los residuos que puedan generarse en las plantas de producción fotovoltaica instaladas en Castilla y León se realiza conforme a las exigencias fijadas en la normativa vigente».

En este punto, la Procuraduría recuerda que en abril de 2025 apareció en un municipio de Palencia «un vertedero de placas solares». «Se constató el enterramiento de restos de aproximadamente veinte placas solares en los cimientos de la nave ganadera [...] y el apilamiento en la misma parcela de 180 placas solares rotas», enumera el Común, quien también relata las actuaciones puestas entonces en marcha por la Consejería de Medio Ambiente.

«Se acordó mediante resolución de la Delegación Territorial de Palencia la incoación de un expediente sancionador contra el titular de dicha finca por la comisión de una infracción grave», recuerda la resolución, y añade que posteriormente «se requirió a la entidad mercantil responsable en la gestión y tratamiento de dichos residuos documentación acreditativa de operaciones de recogida, con el fin de comprobar si se cumplen las exigencias previstas en la normativa básica de residuos».

Ante todo lo anterior, el Procurador del Común incluye también un segundo punto en su resolución en el que «a la vista del desarrollo de los sistemas de producción de energía fotovoltaica y de su previsible obsolescencia, también masiva a lo largo del tiempo», insta a Medio Ambiente a que «se valore la oportunidad de anticiparse a esa situación mediante la adopción de las normas que, dentro de las competencias de la comunidad autónoma, puedan garantizar, mediante su cumplimiento, una adecuada eliminación de los residuos que en el futuro se vayan generando».

En este caso concreto, la resolución del Procurador llega tras una actuación de oficio iniciada por la Procuraduría con el objetivo de «conocer el sistema de control de los residuos que se pudieran generar cuando las placas utilizadas en la producción de electricidad mediante energía solar fotovoltaica, en plantas, en viviendas o en cualquier otro lugar, dejan de ser útiles a ese fin».

Aún con estas recomendaciones, y tras exponer la argumentación jurídica en la que se basa la resolución, el Común concluye que «se han fijado los mecanismos por parte de la Administración autonómica para conseguir que se lleva a cabo un tratamiento adecuado de los residuos que puedan generarse tanto en la instalación, como en el desmantelamiento de las placas solares cuando hayan dejado de funcionar».

Apunta también el Procurador, en alusión al vertedero ilegal de placas solares hallado en un pueblo de Palencia, que «se ha constatado un incumplimiento de estas obligaciones por parte de la entidad mercantil responsable del tratamiento de estos residuos –en este caso, un apilamiento y un enterramiento parcial de placas solares rotas-, y que ha motivado la intervención del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia».

«De esta forma, en el caso concreto que motivó nuestra actuación de oficio», continúa la institución que dirige Quintana, «se ha comprobado que el problema detectado se encuentra en vías de solución, puesto que se están exigiendo las responsabilidades administrativas pertinentes para la reposición de la situación alterada a su estado originario».

En este punto, y más allá de su resolución final, el Común «considera oportuno recordar a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la necesidad de que continúe con las labores de vigilancia pertinentes para garantizar que la entrega y el tratamiento de este tipo de residuos se llevan a cabo conforme a las exigencias fijadas en la Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, procediendo, en caso contrario, a la adopción de las medidas correctoras y sancionadoras pertinentes frente a los responsables de la contravención».

«Se trata de una labor», insiste la institución adscrita a las Cortes de Castilla y León, «que debe llevar a cabo la Administración autonómica para prevenir una problemática que, muy probablemente, en un futuro vaya a tener una mayor incidencia, dada la rápida y numerosa implantación de la energía de producción fotovoltaica en nuestro territorio».

En cuanto al marco legal que regula la eliminación de residuos procedentes de parque fotovoltaicos, el Común señala que queda recogido en la norma estatal que «todos los residuos deben ser entregados por el productor o poseedor a un gestor autorizado, que tiene la obligación de presentar ante la administración una memoria de gestión anual».

Es más, la resolución del Común ahonda en este punto en que, según el artículo 33,7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, para la concesión de las autorizaciones que se otorguen para el tratamiento para el tratamiento y gestión de los residuos, «las autoridades competentes realizarán, por sí mismas o con el apoyo de entidades colaboradoras debidamente reconocidas conforme a las normas que les sean de aplicación, las inspecciones previas y las comprobaciones necesarias en cada caso».

Por lo tanto, la institución dirigida por Tomás Quintana es partidaria de que la Junta de Castilla y León desarrolle su propia legislación para vigilar la eliminación de los residuos de las placas e instalaciones fotovoltaicas, siempre con el objetivo de evitar vertederos ilegales de estos materiales como el encontrado en Palencia.