Mañueco arremete contra la propuesta de financiación: "Es el mayor ataque del Gobierno a Castilla y León"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó este viernes que la propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica planteada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “solo tiene un nombre: el mayor ataque del Gobierno a Castilla y León”.

Durante la firma de un protocolo para la ampliación del Polígono Industrial Alto de San Juan, de Medina de Rioseco (Valladolid), el jefe del Ejecutivo señaló que para “seguir creciendo”, la Comunidad “necesita una financiación justa”, algo que, consideró, no se da con este modelo presentado por el Gobierno.

“Castilla y León no entra en los planes de futuro de Sánchez. Para que lo entiendan, tenemos el 20% de la superficie del país y el cinco por ciento de la población, pero vamos a recibir apenas el uno por ciento de los nuevos fondos”, reprochó Fernández Mañueco.

A su juicio, el “debate no puede ser nunca si unos reciben más que otros, sino que la financiación tiene que servir para que los servicios públicos permitan dar la misma calidad a todas las personas, vivan donde vivan”, momento en el que enumeró que en materia sanitaria, Castilla y León es la segunda comunidad mejor valorada; los primeros en educación, al igual que en dependencia y atención a los mayores.

“Esta propuesta ni es justa, ni atiende al territorio; ni lo que es más preocupante: no atiende a quienes viven en ese territorio, sino solo a intereses partidistas”, concluyó, en declaraciones recogidas por Ical.

El nuevo modelo de financiación autonómica aumentará en 20.975 millones de euros los recursos para las comunidades de régimen común en 2027, año en el que el Ministerio de Hacienda espera que esté en vigor este sistema. De esta cantidad, a Castilla y León le corresponderían 271 millones, por detrás de Andalucía (4.846 millones), Cataluña (4.686 millones), Comunidad Valenciana (3.669 millones), Madrid (2.555 millones), Castilla-La Mancha (1.248 millones), Aragón (629 millones), Canarias (611 millones), Galicia (587 millones) y Baleares (412 millones).

En medio de la polémica surgida en torno a la propuesta del Ministerio de Hacienda, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, la defendió porque, según explicó, conlleva para la autonomía “más recursos, reconocimiento de las singularidades del territorio y más igualdad”. Así, destacó que el nuevo reparto conllevaría 271 millones más al año para Castilla y León, lo que significaría 1.355 millones de 2027 a 2031, y esgrimió que la autonomía “no está en posición de desventaja estructural” respecto al resto “cuando se compara correctamente, ajustando por necesidades de gastos”.

En ese sentido, expuso que la Comunidad se sitúa “por encima de la media por habitante ajustado” y reclamó que el debate sobre el nuevo modelo “debe hacerse con cifras y metodología, no con titulares alarmistas”. Además, en declaraciones recogidas por Ical, señaló que “una reforma de este calado debe debatirse y acordarse en los cauces institucionales y parlamentarios adecuados”, y pidió no anticipar acontecimientos: “Si en el resultado final no se protegiera la igualdad de Castilla y León seríamos los primeros en señalarlo, pero no hay que rechazar antes de tiempo”, exhortó.

Además, rehusó valorar si le parece justo que la autonomía acapare el 1,3% del incremento presupuestario global previsto para todo el país, frente al 23,1% de Andalucía, el 22,3% de Cataluña o el 5,9% de Castilla-La Mancha.

“No se trata de considerar el reparto considerarlo justo o injusto, sino de considerar la realidad, que es que Castilla y León contaría con 271 millones más al año, 1.355 millones para los próximos 5 años desde 2027, que redundarían en la mejora de los servicios públicos”.

El delegado del Gobierno defendió que esa partida extraordinaria supondría “la capacidad real de garantizar la sanidad, la educación, las políticas de vivienda, la mejora del transporte público y las condiciones de igualdad”, además de la prestación de la “sanidad, escuelas en el medio rural, residencias para los mayores o atención a la dependencia”.

Por otro lado, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, calificó de “inaceptable” que Castilla y León vaya a recibir 271 millones de euros más con la nueva propuesta del de financiación autonómica.

Tras la rueda de prensa celebrada por María Jesús Montero,  Carriedo aseguró que de los 21.000 millones de euros que hay a mayores en el sistema, a Castilla y León “sólo le va a tocar el 1,3% del total, cuando se trata de una autonomía que representa el 20% de la superficie de España”, lamentó.

En relación a los términos de recursos para cada habitante, el consejero apuntó que el Gobierno ha decidido que cada persona de Cataluña va a recibir 606 euros, cifra que baja hasta los 104 euros por cada ciudadano de Castilla y León, lo que supone “seis veces menos” y refleja “claramente la diferencia”, dijo.

“Hay una diferencia enorme entre los 4.700 millones de euros con los que se compra el apoyo de los partidos separatistas y los 271 millones de euros que se dan a Castilla y León. Son 17 veces más lo que se da a los separatistas, cuando Cataluña solo tiene tres veces la población de la Comunidad, pero nosotros tenemos tres veces más de superficie que ellos", aclaró Fernández Carriedo.

Es por ello que el portavoz del Ejecutivo autonómico dejó claro que se camina hacia un modelo “al gusto de los partidos separatistas”, quien recalcó que “nada bueno que defiendan los separatistas puede ser bueno para el conjunto de España ni para Castilla León”, subrayó.

Mientras tanto, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, defendió que la financiación autonómica para las comunidades autónomas deben incluir el coste efectivo de los servicios públicos para garantizar la igualdad de oportunidades en derechos como la educación, la sanidad o los servicios sociales, y agregó que se debe tener en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población.

Martínez no entró a valorar la propuesta del Ejecutivo central con respecto a la financiación de Cataluña a la espera de ver “cuál es la letra pequeña”, y precisó que es necesario consensuar las propuestas en las comunidades autónomas.

El también alcalde de Soria, que realizó estas declaraciones tras una rueda de prensa en el Ayuntamiento, recordó que el criterio de la desigualdad de estos territorios debe ser compensado para que los mismos ganen en competitividad y garantizar el equilibrio en la igualdad de oportunidades y la implantación de empresas.

Asimismo, criticó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “salga de la cueva solo para nombrar a Sánchez y luego se vuelve a meter”, y le encomendó a sentarse en la mesa y negociar la financiación autonómica.

En cuanto al secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, afirmó hoyen Burgos que el nuevo modelo de financiación autonómica garantiza que “todas las comunidades ganan” respecto al anterior sistema de financiación y exclamó que “Cataluña también, y Castilla y León”. Así, defendió que en esta Comunidad se atiendan aspectos como la despoblación, la dispersión territorial o el envejecimiento de la población.

“Castilla y León tiene que tener también su propio modelo de financiación autonómica adaptado a sus circunstancias”, afirmó a preguntas de los periodistas durante su comparecencia para informar sobre la precampaña electoral en la Comunidad. “No puede haber un solo modelo para toda España”, aseveró, al tiempo que precisó que “la diversidad, la realidad de una Comunidad autónoma como Castilla y León no tiene nada que ver con La Rioja, con Valencia, con Baleares o con Cataluña”.

De la Rosa manifestó que “aquí, dar solo en función de la población sería un error” ya que “somos pocos y dispersos”. Por ello, se mostró partidario de “dar en función del coste real que tiene ubicar los servicios y derechos básicos de la ciudadanía en cada territorio”. Por tanto, apuntó a “la cuestión poblacional, la dispersión territorial, la despoblación, el envejecimiento de la población tienen que ser otro criterio”. “Estoy dando alguna pista de por dónde creo que debe ir la negociación también con el resto de comunidades autónomas según sus características”, apostilló el socialista.

Asimismo, el secretario de Organización del PSCyL trasladó su malestar por el hecho de que “cuando desde la ciudadanía o desde los medios de comunicación se señalan a los líderes políticos sobre su incapacidad de llegar a acuerdos o su soledad parlamentaria y luego cuando éstos intentan llegar a acuerdos con otros grupos parlamentarios, para en este caso, un modelo de financiación autonómica o unos presupuestos, también se les critica”.

En este punto, criticó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por “haber tenido todas las oportunidades del mundo para tener un presupuesto aprobado este año con un acuerdo de partidos socialistas y lo ha despreciado”. “No se ha molestado un ápice en sentarse con nadie, no lo ha intentado ni lo mínimo, ni con la UPL, ni con Por Ávila, ni con Soria Ya, ni siquiera con Vox”, dijo, al tiempo que lo contrapuso con que “Sánchez no para de intentar llegar a acuerdos”.

Además, De la Rosa lamentó que se lleven 17 años con un modelo del sistema de financiación autónoma “caducado” y valoró que “a pesar de eso, con Sánchez, el conjunto de las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros más que con Rajoy”.

“Con ese modelo caducado, con los socialistas, no con los populares, las comunidades autónomas en estos siete años de gobierno de Sánchez han recibido 300.000 millones más que con Rajoy”, reiteró. Y ofreció el dato de que Castilla y León recibió en este mismo periodo un total de 15.518 millones más.

En contra de los argumentos del PSOE, Soria Ya rechazó el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), al considerar que se trata de un pacto “profundamente injusto que perjudica de manera directa a la provincia de Soria y consolida las desigualdades territoriales existentes”.

El eje central del acuerdo es el llamado principio de ordinalidad, según el cual las comunidades que más aportan deben ser también las que más reciben y para Soria Ya aplicar este criterio al reparto del fondo común es “inaceptable”, ya que supone destinar más recursos a los territorios más ricos e ignorar “deliberadamente” la situación de las provincias con menor población, menor capacidad recaudatoria y mayores costes estructurales.