El Procurador insta a Sacyl a financiar cascos pediátricos como otras regiones

El caso de una familia de León, cuya bebé tuvo que ser operada en el Hospital Clínico de Valladolid por una deformación craneal, ha llevado al Procurador del Común a pedir a la Junta que financie los cascos pediátricos que se utilizan para el tratamiento de este tipo de problemas, después de que los padres de la menor intervenida denunciasen que Sanidad les había negado el abono del dispositivo que el propio neurocirujano les había recomendado para su hija.

Los progenitores pagaron en total 900 euros por el casco ortopédico y, aunque al solicitar el reembolso adjuntaron los informes médicos donde quedaba claro que su uso respondía a motivos neurológicos y no estéticos, la Gerencia de Salud de León les desestimó ningún tipo de ayuda económica, amparándose en dos argumentos: que lo compraron antes de que el especialista se lo prescribiera y que el producto no está incluido en el catálogo de material ortoprotésico financiado por la autonomía.

El conocido como Defensor del Pueblo deja claro en su resolución que no observa ninguna «irregularidad» por parte de Sacyl al desestimar el pago del dispositivo corrector, ya que ha aplicado «la normativa en vigor», pero aprovecha para pedir al departamento de Alejandro Vázquez que revise el listado de material subvencionado, después de conocer el caso de esta familia que incluso pidió adoptar «criterios de flexibilidad» cuando se tratase de «supuestos clínicamente justificados».

La principal razón que esgrime la institución presidida por Tomás Quintana para solicitar a la Junta que apruebe ayudas públicas en este tipo de correctores es que hay otras autonomías que sí han incorporado a sus catálogos los cascos para el tratamiento de malformaciones craneales y, por tanto, los financian. En concreto, cita a Navarra, Islas Baleares y Galicia como ejemplos a copiar por Castilla y León.

En el caso de la comunidad foral, los cascos pediátricos se sufragan con un máximo de 1.200 euros, recuerda el Procurador del Común en su escrito. Mientras, en el archipiélago balear las ortesis para la corrección de la plagiocefalia en bebés se financia con un máximo de 1.100 euros, y en la comunidad gallega las familias de bebés que necesitan cascos reciben hasta 861 euros.

Estos ejemplos, a juicio del Procurador, demuestra que las regiones tienen potestad para poder ampliar el listado de material que están dispuestos a subvencionar. Es decir, acepta la justificación de la Junta de Castilla y León cuando alega que aquí se toma como referencia el catálogo nacional –y ahí los cascos para bebés no están incluidos–, pero le recuerda que sólo es «una «cartera común básica de servicios asistenciales», donde se pueden añadir conceptos.

«La situación planteada pone en evidencia la falta de un mapa uniforme, de tal manera que aunque existe un marco normativo y potencial para financiar las ortesis, su cobertura real depende de las comunidades autónomas, lo que puede generar desigualdades territoriales en la financiación. Es el caso de Castilla y León, ya que el Catálogo de Material Ortoprotésico del Sacyl no incluye las ortesis craneales y por lo tanto, la cobertura de su coste corresponde íntegramente a las familias que, al carecer de ayudas por parte de la Administración, deben sufragar la totalidad de su importe», subraya Quintana.

«Esta desigualdad», añade en su resolución, resulta «especialmente llamativa» en casos como el de la familia de León, porque el aparato para corregir el problema craneal de su bebé estaba «clínicamente justificado por especialistas de Neurocirugía pediátrica».

Tan grave era la malformación, continúa en el escrito, que la niña tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y después «precisó de una ortesis craneal para acabar de guiar el cráneo de forma correcta, sin que otro tipo de tratamientos pudieran ser efectivos para corregir la deformación craneal de la paciente». Era la única alternativa para la bebé.

Aunque el Procurador del Común considera que hay casos más leves en los que las deformaciones cefálicas se pueden corregir, por ejemplo, con medidas posturales, cuando se trata de deformidades severas hay que recurrir a cascos ortopédicos, «cuyo precio medio oscila entre los 800 y 2.000 euros». Un elevado coste que las familias de Castilla y León que lo necesitan tienen que sufragar de su bolsillo porque estos dispositivos no están financiados por el sistema sanitario público.

Más allá del aprieto económico que pueda suponer la compra para algunas familias, el Procurador incide en su alegato en que no se trata únicamente de un problema estético –arrastrado incluso hasta la edad adulta–, sino que también puede derivar en problemas bucales, oculares, retrasos en el desarrollo y retrasos psicomotor y cognitivo», con «consecuentes problemas psicológicos que acarrean» y «el gasto económico que supone el tratamiento de estas patologías».

«La plagiocefalia no se trata sólo de un problema estético, sino que en los últimos años se está demostrando la correlación entre ésta y problemas en el desarrollo de los pacientes, aumentando así la necesidad de darle una solución, siendo la mejor solución el tratamiento con ortesis craneales», añade Tomás Quintana en su resolución tomando como referencia el estudio La práctica ortoprotésica en España, una aliada del Sistema Nacional de Salud, publicado en noviembre de 2023 por la Federación Española de Ortesistas y Protesistas.

Es precisamente en ese año, en 2023, cuando está datado el caso de la familia de León que ha motivado al Defensor del Pueblo a pedir a Sacyl que valore la inclusión de ortesis craneales en su cartera de productos subvencionados. Quiere que se incluyan los cascos pediátricos, «especialmente en casos más graves y justificados clínicamente», con el objetivo de «proporcionar» a los menores «el mayor beneficio posible» y «limitar las consecuencias negativas derivadas de la falta de aplicación de estas ortesis» y amortiguar «el coste económico que su adquisición supone para las familias».

En el caso concreto de la queja presentada por una familia a la que se le denegó el reintegro de los gastos del casco ortopédico, habían abonado 900 euros. Sin embargo, cuando presentaron la documentación para que la Junta se lo financiase, Sanidad desestimó la solicitud escudándose no sólo en que no figura en el catálogo, sino también en que lo habían adquirido dos semanas antes de que el facultativo se lo ‘recetase’.

La Consejería de Alejandro Vázquez considera que «la prescripción de un producto ortoprotésico tiene que ser previo a la dispensación», según citan, amparándose en la legislación vigente, y esta circunstancia no se cumple, «ya que el producto ortoprotésico fue prescrito con fecha 30 de noviembre de 2023 y fue dispensado con fecha 16 de noviembre de 2023, tal y como consta en la factura aportada por el interesado», fundamentan para justificar el rechazo a subvencionar el casco.

Además, alegan que «ni las normas estatales, ni el Catálogo de Material Ortoprotésico de Sacyl recogen ningún producto financiado con la denominación de ‘ortesis craneal’, ‘casco craneal’ o ‘Cascomed - Tratamiento de corrección craneal’.

Respecto a la actualización del listado de material sufragado por la administración autonómica, es una posibilidad que Sacyl no contempla, a tenor de la respuesta que ofreció al Procurador. «Actualmente no existe ningún procedimiento a l nivel de la Consejería de Sanidad de Castilla y León para el reembolso de productos ortoprotésicos no incluidos y financiados a través de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud», subrayan.