Castilla y León redujo un 81% el presupuesto de la renta garantizada de ciudadanía desde la creación del IMV

La Renta Garantizada de Ciudadanía, la prestación económica para  atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social en Castilla y León, se desplomó cerca de un 81% en solo tres años, desde la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España en 2020 y hasta 2024.

Así lo pone de manifiesto el informe 'Situación y evolución de las Rentas Mínimas de Inserción en España y en cada una de las Comunidades Autónomas (2011-2024)' elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que además desvela que Castilla y León es la cuarta autonomía que mayor reducción registra en este periodo.

El descenso registrado por la Renta Garantizada de Ciudadanía castellana y leonesa, que es el nombre que recibe en la Comunidad la renta mínima de inserción, se sitúa solo por detrás de los que anotan Madrid (-95%), Aragón (-92,6%) y Castilla-La Mancha (88,2%); mientras que en el lado opuesto de la tabla figuran Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana y País Vasco, todas ellas con un incremento de la inversión.

En este sentido, el descenso del gasto en esta materia que anota Castilla y León se traduce también en una reducción de los beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía, los cuáles se desplomaron entre 2020 y 2025 en un 81,7%, siempre según el informe de las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elaborado en base a los datos del Ministerio de Derechos Sociales.

En términos absolutos, la inversión de la Junta en la renta garantizada de ciudadanía se redujo desde 2020 en algo más de 42,5 millones de euros, ya que en el ejercicio 2024 solo se destinaron a esta partida poco más de diez millones. Asimismo, la variación en los beneficiarios supuso que los 26.529 de 2020 cayeran hasta los 4.854 del año pasado.

Según señala la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las Comunidades supone que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de casi 400 millones de euros.

Sólo el 6,1% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas. Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, tras alcanzar ese año su nivel más alto con un 8,7%, salvo en el año de la pandemia (2020).

"Pobreza y exclusión social son conceptos diferentes, aunque exista una clara relación entre ellos especialmente cuando la pobreza se agudiza, cuando se concentra en un mismo entorno familiar o comunitario o cuando coexisten factores personales que dificultan la integración", señala el organismo. "Por eso la aprobación del IMV, que viene a aliviar situaciones de pobreza, hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las RMI de las Comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas", apostilla.

La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,3% de la renta media por hogar en nuestro país. También en este aspecto las diferencias entre comunidades son extremas. Las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (33,6%), Cataluña (18,8%) y Canarias (18,1%). Las que menos, Madrid (9,4%), Murcia (9,2%) y, el caso más extremo, Aragón, donde la cuantía de sus RMI sólo representa el 1,4% de la renta media de los hogares de su territorio.

Con respecto a Castilla y León, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que dirige Isabel Blanco aclaran a este periódico el por qué de estas cifras. Señalan, en primer lugar, que "la Renta Garantizada de Ciudadanía es la última prestación, por lo que primero hay que solicitar el IMV", a lo que añaden que "no existe en ningún caso desatención por parte de la Junta de Castilla y León, que mantiene su prestación, la RGC, para aquellas personas vulnerables que no pueden acceder al IMV o que cobran menos de lo que venían percibiendo por la RGC".

"Con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno de España en julio de 2020, muchos castellanos y leoneses que pasaron a percibir el IMV y que recibían la RGC vieron disminuidos sus ingresos respecto al importe que venían percibiendo por la Renta Garantizada de Ciudadanía, gestionada por la Junta de Castilla y León. Por ello, Castilla y León aprobó una ley resolviendo el problema que garantizaba que ninguna persona beneficiaria de IMV cobrara menos con la prestación estatal que con la autonómica", añaden también desde Familia.

Otro punto que destaca el departamento de Blanco es que esa Renta Garantizada de Ciudadanía "va vinculada a cumplir una serie de requisitos, como son la búsqueda activa de empleo para lograr la inserción laboral y eliminar el absentismo escolar, cuestiones que no se requieren para la percepción del IMV". De hecho, en este punto, agregan que "la Junta de Castilla y León ha insistido en su demanda al Gobierno de España para que le ceda la gestión del Ingreso Mínimo Vital en las mismas condiciones que se lo ha cedido a otras comunidades autónomas".

Finalmente, la Consejería confirma que "el presupuesto que la Junta destinaba a la RGC y que se ha visto reducido antes esta situación, se destina a políticas sociales (ayudas de emergencia, el programa de atención a menores, los programas de ayuda a pagar las hipotecas…)". "Es decir", remarcan, "ese dinero se ha reinvertido en ayudar a las familias que más lo necesitan o que un momento puntual pueden estar atravesando una situación de crisis".